Malditos hasta en su país

Pocos en Rumania dudan de que muchos de los centenares de compatriotas gitanos expulsados por Francia regresarán pronto a este país. "En cuanto se les acabe el dinero de Sarkozy para estas vacaciones pagadas", añade con un punto de malicia una profesora de historia. Aventuran que irán a Francia, o a Italia, o a España. Adrián Paraipan, que viajó en el primer grupo de deportados, lo dejó bien claro nada más pisar el aeropuerto en Rumania: "Le pregunté: ¿ahora qué?", recuerda Andrei Udisteanu, del diario Evenimentul Zilei, y me respondió: "No podemos vivir aquí porque la vida es dura. En un par de semanas como mucho volveré a Francia". Allí vivían mendigando y les dieron 300 euros por volver a casa. Los que tenían hijos recibieron 100 euros más por cada niño.

Quizá Adrián y su novia, también expulsada, estén ya en ruta. Una opción que no sorprendería para nada a activistas que trabajan para integrarles en Rumania ni al director de la Agencia Nacional para los Gitanos (aquí llamados oficialmente roma), Ilie Dinca. Recuerdan que como ciudadanos de la UE que son desde 2007 son libres de viajar, tienen libertad de movimiento. "De ninguna manera vamos a violar sus derechos ciudadanos, ellos decidirán si regresan a Francia o se quedan a aprovechar las oportunidades", proclama Dinca. Precisa que sus compatriotas "estuvieron de acuerdo en volver" a su país. Lo que le inquieta es que "firmaron un contrato" con las autoridades francesas del que no les dieron copia. Funcionarios de la agencia rumana les pidieron el documento a pie de avión a la llegada a Bucarest, pero no lo tenían. El director de este organismo querría verlo para asegurarse de que el papel no implica la prohibición de volver a Francia en un plazo determinado.

El segundo país más pobre de la UE no ofrece grandes oportunidades a sus ciudadanos en general. Y menos a los de etnia gitana. "Algunas rumanas sacarían 800 euros trabajando de niñeras en España. Aquí no sacarían más de 300 euros. Por eso se van los gitanos... y el resto. Es el mismo proceso, pero más severo. El gitano no llegaría a ser babysitter en España, ni aquí lograría 300 euros", explica Marian Mandache, de la Fundación Romani Criss. Daniela, larga melena azabache, 20 años, dependienta de una tienda de ropa en Bucarest, es gitana, y cobra 200 euros mensuales en su trabajo. Un 60% de los hogares gitanos viven con menos del salario mínimo, 657 lei (150 euros), según una encuesta de Kurs de julio pasado, citada por el director de la ONG Alianza Cívica Roma, David Marc. ¿Y cuánto cobra un payo? También 200 euros, cuenta la ascensorista (sí, esa señora que pulsa el botón del piso que uno pide) del edificio gubernamental donde trabajaba la esposa del dictador Nicolae Ceausescu. Una bioquímica empleada en un hospital recibe unos 350 euros. Y los precios no difieren tanto de los españoles.

El último censo (de 2002) cifra a los rumanos de etnia gitana en 535.250 personas, pero las autoridades y las ONG aseguran que superan los 2 millones de los 22 millones de habitantes. El desfase obedece, según Mandache (gitano hijo de un taxista y de la dueña de un ultramarinos), a que "muchos no quieren admitir que son gitanos por el estigma social". "Un sector muy importante de gitanos rumanos vive en una situación de exclusión más severa que sus compatriotas en España o que los gitanos españoles. Claro, el rumano medio tampoco vive como un español. Y la discriminación es también más severa. En España ya no es políticamente correcto hablar contra los gitanos", precisa Humberto García, representante de la española Fundación Secretariado Gitano en la agencia rumana para esta minoría.

La gitana Daniela marca distancias con los expulsados. "Los que van a mendigar al extranjero son de zonas rurales". Ella vive en Bucarest. La deportación voluntaria le parece "por un lado bien, porque allí deberían controlar su actitud y encontrar un trabajo. Aunque no es fácil". Lo sabe bien. Su marido, Florin, asegura que le despidieron -era guarda de un hotel- al saber que era gitano "porque perjudicaba la imagen del hotel".

El estigma está a la orden del día. Basta preguntar por este colectivo en las calles de Bucarest. Los rumanos no gitanos echan pestes. Mucho más científica es, obviamente, una encuesta realizada por Insomar en agosto de 2009. Preguntaban ¿qué palabra le viene a la cabeza si le digo gitano? Delito, robo, limosna, encabezan una lista que incluye inmundo, miedo, desprecio..., a un 16% le vinieron dos palabras a la mente, "persona normal"; a un 2,7%, discriminación o pobreza. Y sorpresa la que se debió llevar la cantante Madonna el verano pasado cuando durante su concierto en Bucarest habló en defensa de los gitanos. Una parte del público la abucheó. En Rumania se habla contra ellos sin demasiado pudor, incluidos políticos. El presidente, Traian Basescu, llamó "gitana asquerosa" a una periodista. Pidió disculpas; creía que era una conversación privada con su esposa. Otro caso más reciente. El ministro de Exteriores, Teodor Baconschi, declaró en febrero tras reunirse con un alto cargo del Gobierno francés: "Algunas comunidades rumanas tienen problemas psicológicos, relacionados con la delincuencia, especialmente las comunidades gitanas". Ninguno de los 700 de la deportación voluntaria de este verano tenía antecedentes, según el Gobierno rumano.

El presidente, Traian Basescu, apuesta porque la UE adopte un programa común para integrar a los gitanos y también para permitir la colaboración de la policía rumana en los distintos países donde haya compatriotas de etnia gitana. "Hemos tenido problemas similares con Italia también. Y hemos logrado solucionarlos eficazmente enviando un número importante de policías nuestros a ese país. Lo mismo deberíamos hacer con Francia, ya que hemos recibido la solicitud del Gobierno francés", ha declarado a la prensa local.

Sobre el papel ha habido mejoras encaminadas a superar la marginación histórica que padecen los gitanos en Rumania, como la legislación antidiscriminación, la prohibición de segregar a parturientas o alumnos (que, no obstante, aún existe, según denuncian las ONG), las cuotas educativas (7.600 plazas de secundaria, 500 de universidad reservadas para este curso 2010-2011), pero el impacto en la práctica ha sido nulo, o escaso, según Mandache, de Romani Criss.

El director de la agencia que coordina las políticas gubernamentales hacia los rumanos de etnia gitana no lo desmiente. Confiesa con pasmosa naturalidad que desde 2008 ha habido planes, pero sin que nadie asumiera las responsabilidades, los plazos ni la financiación. Dinca, llegado al cargo en noviembre pasado, asegura que la agencia gestiona ahora seis programas por unos 22 millones de euros (19 millones que aporta la UE, otros 2,8 del Gobierno y un millón de la agencia). Rumania insiste en que es un problema europeo (entre 10 y 12 millones de los ciudadanos de los 27 son gitanos, incluidos una cifra de entre 600.000 y 800.000 españoles) que requiere una respuesta común junto a las nacionales. Dinca ve imprescindible mejorar la sanidad, la educación, las perspectivas laborales y la vivienda porque "de poco sirve que le demos casa si no tiene trabajo". "El Gobierno rumano parece que intenta lavarse las manos", según el representante de la Alianza Cívica Roma. "Están jugando al ping-pong con el pueblo gitano".

Roma es la denominación políticamente correcta, la oficial en Rumania, la que usa la UE. Antes, en rumano, decían tiganii. En esa lengua, y en inglés y en otras, rumano y roma son palabras que suenan muy parecidas, algo que a los payos locales les indigna. No quieren que les confundan con los gitanos, a los que acusan de crear mala fama al país. La mitad cree que son una vergüenza nacional, según el sondeo de Insomar antes citado.

"A ver cómo lo explico", empieza Cristina, de 19 años, cuando se le pregunta por la polémica que ha enrarecido las relaciones franco-rumanas. "Creo que intentamos librarnos de ellos, que les animamos a irse, que no les damos la educación que necesitan para encontrar trabajo... porque somos racistas. Pero creo que a ellos tampoco les gustamos. Son violentos. Tuve un compañero de clase gitano. Ya tenía problemas con la policía ¡a los 14!". Cristina y sus amigos apuran sus cigarrillos y los últimos días antes de volver a la universidad, en una de las muchas terrazas del centro histórico de Bucarest. Una zona coqueta con cafés antiquísimos, bares a la última, anticuarios, sushi y tiendas de bicis retro, inmersa en una rehabilitación a gran escala que llama la atención en un país donde el Gobierno acaba de bajar el sueldo a los funcionarios un 25% y ha subido el IVA al 24% para poder recibir ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional.