Los británicos apoyan el duro ajuste económico

La primera coalición que conduce las riendas de Reino Unido desde la II Guerra Mundial acaba de cumplir los 100 días con buena nota por parte de una sociedad que parece resignada a la necesidad de drásticas medidas de austeridad económica. Un 46% de los británicos considera que el Ejecutivo salido de las urnas en mayo está haciendo un buen trabajo, contra un 36% que opina lo contrario, constataba ayer un sondeo para el diario The Guardian, que, sin embargo, revela un veredicto desigual a la hora de enjuiciar a los dos socios integrantes. Mientras los conservadores y el primer ministro, David Cameron, a la cabeza disfrutan de una verdadera luna de miel con la opinión pública, los liberales-demócratas ven resentirse el apoyo de sus bases. El partido de Nick Clegg paga el precio de ese pacto de gobierno.

"Nuestros críticos solo buscan caracterizarnos como los responsables de los recortes en el gasto público, pero este Gobierno persigue algo mucho más importante: una economía próspera y una sociedad más justa", declaró ayer Clegg en calidad de primer ministro en funciones, mientras Cameron disfruta de unas cortas vacaciones. El líder liberal-demócrata aprovechaba esa tribuna para matizar las críticas que le llueven desde el centro-izquierda, donde su partido se arriesga a perder un buen número de electores. Aunque su gestión como número dos del Gabinete sigue cotizando alta (50%, al igual que Cameron), los encuestados solo conceden a los liberales-demócratas un 18%, frente al 35% de los tories.

Los diputados liberales-demócratas denotan un creciente malestar ante el paquete de recortes sociales que el canciller del Exchequer, George Osborne, tiene previsto anunciar el 20 de octubre. Medidas filtradas, como el coto a los subsidios de los jubilados, incluidas las ayudas para pagar la calefacción en invierno, o el incremento de la edad que da derecho al transporte público gratuito (de 65 a 70 años), no van a ser fáciles de digerir. Y frustran los intentos del socio minoritario del Gobierno por convencer al público de que mantiene una personalidad distintiva de sus aliados conservadores. La sentencia pronunciada por Clegg a principios de semana -"la inversión de ingentes sumas de dinero para renovar el programa nuclear Trident [24.250 millones de euros en los próximos años] hará muy difícil justificar el recorte del Estado de bienestar"- apuntaba hacia esa vocación de diferenciarse. Su partido hizo campaña contra esa decisión, pero a la postre ha sido adoptada por el Gobierno en el que participa.

En contraste con los lógicos cálculos partidistas, la impresión mayoritaria del británico de a pie es que la maquinaria del Gobierno funciona con normalidad y fluidez. La primera prueba de fuego para ese matrimonio de conveniencia llegará con el arranque del nuevo periodo parlamentario de sesiones y la intención declarada de Osborne de equilibrar las cuentas del Estado en una legislatura. Si bien la propia oposición laborista reconoce lo imperativo de reducir el gasto público, su discurso se centra en que un ajuste presupuestario radical puede ahogar la recuperación económica. Un sector de los liberales-demócratas coincide con esa opinión y se rasga las vestiduras al comprobar cómo el propio responsable de Economía, la encarnación del tijeretazo, cuenta con el aval del 42% de los británicos, mientras ellos languidecen en los sondeos.

La reforma de la sanidad pública, un plan que no figuraba en el acuerdo de coalición, es otro de los asuntos espinosos que aguarda a los socios de Gobierno. Pero ninguno como la modificación del actual sistema electoral mayoritario, que será objeto de un referéndum en primavera y en el que los dos partidos deberán enfrentarse: Cameron hará campaña en contra y Clegg, quien definitivamente se la juega en esa votación, se mostrará favorable al cambio.