Doble decepción

En Durban y La Moncloa, España ha levantado dudas cuando las expectativas de éxito eran elevadas. Hay tiempo para mejorar, tanto en el Mundial como en el trámite del proyecto de ley de la reforma laboral. El decreto ley (DL) aprobado ayer en Consejo de Ministros no difiere del distribuido el viernes. Buenas intenciones y soluciones de dudosa eficacia, pese al debate surgido desde entonces. Sin tiempo todavía para digerir la letra pequeña, puede afirmarse que la música del DL suena bien pero que los instrumentos son parecidos a los que ya sonaron en las reformas de 1994, 1997 y 2006 sin solucionar nuestro hecho diferencial: una regulación segmentada de la protección al empleo y un sistema ineficiente de negociación colectiva -ambos generadores de una débil estructura productiva y un mercado laboral bulímico- y, como resultado, una sociedad de castas (insiders vs. outsiders).

El objetivo del Gobierno es básicamente que se cumpla la ley, no cambiarla: (1) arbitraje para resolver los conflictos en convenios colectivos, similar a 1994; (2) vuelta a los límites y a la indemnización (12 días), que ya existían en 1984 y desaparecieron en 1994, para uno de los contratos temporales más utilizados; (3) redefinición de las causas del despido objetivo, como en 1994; (4) incentivos para el contrato de 33 días, como en 1997 y 2006; y (5) la única novedad apreciable: el anuncio de un fondo "austriaco" de capitalización individual. Conviene detenerse en este punto porque la respuesta inmediata de los mercados puede venir por ahí. Se trata de la fase inicial de un sistema de seguro obligatorio, como el del automóvil, que el trabajador se lleva aunque cambie de empresa, para mejorar la escasa movilidad actual.

El problema es que en el momento de la constitución del seguro se desconoce el historial de riesgo del potencial asegurado. Por ello, el DL propone que se utilicen parte de los excedentes acumulados en Fogasa para financiar las cuotas iniciales: ocho días por año de servicio para los despidos económicos. El resultado es que el posible uso alternativo (por ejemplo, reducción de las cuotas empresariales de la Seguridad Social) se esfuma para instaurar ese seguro sin que quede claro cómo se financiará en el futuro y si será bonus-malus.

Se trata de un momento único porque, aunque ya vivimos situaciones críticas en las dos décadas anteriores, entonces existía la posibilidad de pedir sacrificios transitorios a la sociedad española ante dos grandes proyectos nacionales de carácter permanente: la entrada en la Comunidad Europea y, posteriormente, en la Zona Euro. Ahora, excepto la esperanza de acabar con la crisis, no existe una aspiración común. El conflicto intergeneracional que se ha generado (protección a los padres frente a desprotección de los hijos) ha dado lugar a una demanda creciente de acabar de una vez por todas con esta injusta e ineficiente situación. Es posible que, dentro de cuatro meses, cuando acabe el trámite parlamentario, el resultado sea una reforma de más calado. Ello implica que se juega con fuego: ante la perspectiva de una reforma más justa y radical, podría ocurrir que las empresas trasladasen sus decisiones de contratación a entonces en vez de actuar ahora.

Juan J. Dolado es catedrático de Economía (UC3M).