Israel ordena la expulsión inmediata de todos los activistas detenidos

Israel decidió anoche resolver por la vía directa el problema de los detenidos de la flotilla, casi 600 personas. Y ordenó su puesta en libertad inmediata, sin papeleos ni intervenciones judiciales. Un portavoz gubernamental anunció que todos ellos serían deportados hacia sus países de origen en un plazo máximo de 48 horas, dependiendo de la disponibilidad de plazas en los vuelos. La presión internacional, por un lado, y el embrollo legal que suponía considerar como inmigrantes ilegales a gente que llegó a Israel a punta de pistola, por otro, empujaron a Benjamin Netanyahu a tomar esa decisión de urgencia.

Ya durante toda la jornada de ayer se habían ofrecido facilidades a quienes quisieran embarcar en un vuelo. Bastaba firmar un documento de voluntariedad para conseguir un billete de salida. Ni siquiera, pese a la oposición de varios ministros, se investigaba la posible implicación de algunos de los miembros de la flotilla de activistas en los violentos enfrentamientos a bordo del Mavi Mármara. A media tarde se decidió enviar en autobús hacia Jordania a 124 activistas árabes, para que se les repatriara desde Ammán.

La española Laura Arau abandonará el país voluntariamente

La cooperante Laura Arau, uno de los tres detenidos españoles, había firmado el documento y se preparaba para viajar. Los otros dos, Manuel Tapial y David Segarra, no habían firmado, aunque sopesaban la posibilidad. El anuncio del Gobierno hizo innecesarias las reflexiones.

Unos cincuenta pasajeros de la flotilla aceptaron la deportación inmediatamente después de ser desembarcados e interrogados en el puerto de Ashdod. Los demás se negaron, para no admitir la legalidad de la detención y para expresar su protesta. Las autoridades diplomáticas y consulares de los distintos países afectados recomendaban, sin embargo, la firma, porque entendían que no suponía ningún reconocimiento de nada. Hasta última hora siguieron siendo mayoría quienes se mantuvieron en la negativa.

Incluso después del anuncio de liberación la situación permanecía sometida a un parcial apagón informativo. El Gobierno israelí seguía sin publicar las listas con los nombres de los muertos (nueve), heridos (unos 40) y detenidos, aunque existían listas parciales a disposición de las autoridades consulares.

En el centro penitenciario de Bersheba se encontraban 490 detenidos, entre ellos los tres españoles. Las autoridades israelíes habían decidido aplicar, a quienes no abandonaran voluntariamente el país, la legislación sobre inmigración ilegal. No tenía mucho sentido, ya que los detenidos habían entrado en Israel por la fuerza tras un discutible abordaje violento en aguas internacionales. Dicha legislación, pensada para inmigrantes ilegales ya con un cierto tiempo de residencia, permitía además apelar ante cualquier decisión judicial, lo que potencialmente podría hacer que cada caso durara meses. Con el riesgo, para Israel, de que los tribunales no compartieran el complejo razonamiento por el cual resultaría legal abordar un barco en alta mar, detener a sus ocupantes y considerarles sin papeles.

El Gobierno israelí podría haber sido desautorizado por sus propios tribunales. Eso ocurre con cierta frecuencia, pero este era un caso especial, sometido a un escrutinio por parte de sus aliados estadounidenses, las organizaciones internacionales y la opinión pública mundial. El bochorno habría resultado intenso.

Existía, además, un problema específico con una cantidad indeterminada de activistas turcos que habían destruido o arrojado al mar sus pasaportes, por lo que era necesario identificarles antes de tramitar legalmente la deportación. Otro problema específico era el del jeque Raed Salah, uno de los más influyentes líderes espirituales y políticos de la comunidad árabe del norte de Israel. Salah, de quien en un primer momento se dijo que había resultado gravemente herido, seguía detenido sin cargos pese a poseer la ciudadanía israelí.