Curas y ladrillos en la misma caja

"No es una cosa tan anacrónica que un cura sea presidente de una caja". Santiago Gómez Sierra, el sacerdote que hasta la noche del viernes presidía Cajasur, defendía así el papel protagonista de la Iglesia en la entidad cordobesa a los pocos meses de acceder al cargo, en julio de 2007. Seis de los 20 miembros del consejo de administración son sacerdotes, en concreto, canónigos del Cabildo catedralicio, la institución eclesiástica a la que se considera fundadora de la entidad. Se trata de la única caja de ahorros en la que los curas tienen poder de gestión.

Y tener poder en Cajasur es lo mismo que tener poder sobre Córdoba. La entidad controla alrededor del 50% del negocio financiero de esta ciudad de 320.000 habitantes y raro era el acontecimiento que no llevaba impresa una paloma blanca, el logotipo de la caja. Además, durante años, se extendió una potente red clientelar a través de ayudas y patrocinios del departamento de recursos humanos. Cajasur cuenta con una plantilla de 3.100 personas. Cajamurcia, por ejemplo, no llega al millar de empleados y por activos es algo mayor que la cordobesa.

Los consejeros cobraron dietas por asistir a conciertos o actos religiosos

Cajasur se extendió como una mancha de aceite por la ciudad durante la presidencia del polémico sacerdote Miguel Castillejo, a los que sus muchos aduladores llamaban Don Miguel y sus críticos, Fray Langostino. Estuvo al frente de la caja durante tres décadas y protagonizó duros enfrentamientos con la Junta de Andalucía. Gracias a la cobertura que le dio el PP, Castillejo huyó de la tutela autonómica en 2002 y se puso bajo el paraguas del Gobierno central, entonces en manos de los populares. Antes de emprender esta huida, la Iglesia controlaba el 30% del consejo de administración. A partir de ese momento, el Cabildo se apoderó del 50% de los sillones, cuando la ley autonómica de cajas fijaba entonces un máximo del 13% de representación para las entidades fundadoras, como lo era la Iglesia.

Los mayores desmanes se cometieron durante esta época. Asuntos tan chuscos como que los consejeros cobraran suculentas dietas por asistir a conciertos, conferencias o por acudir al acto religioso de la coronación de la Virgen de la Fuensanta. El Gobierno andaluz presentó en 2003 una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción al entender que, a través del sistema de dietas, se podría haber incurrido en una apropiación indebida de 10,3 millones. El fiscal archivó la denuncia.

De esta época de principios de este siglo también data la millonaria póliza que Cajasur firmó con la aseguradora Caser para que Castillejo recibiera una pensión vitalicia cuando dejara la presidencia. Cuando él muera, la seguirán percibiendo sus hermanas.

Y en esta época también arrancó el principio del fin de Cajasur. A la caja cordobesa la ha perdido el ladrillo. De la mano de Castillejo la entidad se lanzó sobre la Costa del Sol. De Córdoba salieron tres de las grandes constructoras andaluzas: Arenal 2000, Noriega y Prasa. Cajasur les prestó la cobertura para expandirse.

El Banco de España realizó una profunda investigación sobre la caja en 2004. En abril de 2005, remitió el informe al consejo de administración. El supervisor alertaba entonces de que el 22% de la inversión crediticia se concentraba en la promoción y la compraventa de suelos. Además, un alto porcentaje de las financiaciones tenía un "marcado sesgo especulativo", según el Banco de España. Pero la entidad controlada por la Iglesia no se conformó con ofrecer créditos. Se lanzó a crear promotoras participadas -la mayoría al 50%- con los constructores. Y también sobrepasaba los límites de concentración de riesgo en las participadas.

En aquel informe de 2005, el Banco de España incidía en la importancia de imponer en la caja las "decisiones colegiadas" para evitar los "personalismos" en los que incurría Castillejo. Tres meses después de que el supervisor remitiera este informe a la entidad, en julio de 2005, el polémico sacerdote fue desalojado de la presidencia de Cajasur. Hoy disfruta de su retiro al frente de la Fundación Monseñor Miguel Castillejo. La sede está en el enorme Palacio de las Doblas. El inmueble lo donó en 2005 el empresario Rafael Gómez, conocido popularmente como Sandokán y propietario de la constructora Arenal 2000, una de las promotoras cordobesas con las que Cajasur tuvo una relación más estrecha. Gómez también es uno de los empresarios involucrados en la operación Malaya.

Castillejo salió de la caja en el verano de 2005 gracias al acuerdo que cerró la Junta con el Obispado cordobés para la vuelta de la entidad a la tutela autonómica. Cajasur regresó, pero la Iglesia logró conservar sus privilegios. El Gobierno andaluz modificó la ley de Cajas para que el Cabildo controlara el 30% del consejo de administración y los canónigos se pudieran jubilar a los 75 años y no a los 70 como el resto.

Gracias a aquella modificación la Iglesia ha seguido manteniendo a seis sacerdotes sentados en el consejo. Las relaciones con la Junta han sido menos accidentadas durante estos últimos cinco años. Bajo la atenta mirada del supervisor, los canónigos y el resto de consejeros han estado más preocupados en la forma de digerir la herencia enladrillada que finalmente les ha conducido a ser intervenidos por el Banco de España.