El PP pretende amordazar a Luna para que no hable de corrupción

El pleno acababa de aprobar por unanimidad la declaración de Torrent como "gran ciudad", cuando el portavoz del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, anunció en los pasillos que su grupo había presentado una proposición no de ley para "reprobar" al portavoz socialista, Ángel Luna. Que el partido en el Gobierno de la Generalitat manifieste que no le gusta lo que dice la oposición parece lógico. No lo es que plantee ese disgusto a través de una proposición no de ley para que se vote en un pleno de las Cortes, con la voluntad de amordazar a Luna. Blasco le atribuyó a éste -que se ha distinguido por la combatividad contra la corrupción que salpica al presidente del Consell y otros altos cargos- una "actitud indigna", así como la formulación de "falsas afirmaciones e imputaciones sin base justificada que persiguen el descrédito del Partido Popular". La principal acusación contra Luna es haber esgrimido en un pleno de la Cámara un informe sobre el caso Gürtel que estaba bajo secreto del sumario, algo que, por otra parte, Blasco denunció en su día ante un juzgado.

Esquerra Unida y Compromís votan con el PP contra la subida del IVA

El PP rechaza un plan de infraestructuras público-privado

Luna respondió de inmediato que la figura de la reprobación "no existe en el Reglamento de las Cortes". Añadió que no piensa callarse y que lo que lo que pretende el PP es "desviar el foco de atención. Es como si en un juicio, en lugar de poner el foco sobre el presunto delincuente se desviara hacia el abogado de la acusación". En un escrito a la Mesa de las Cortes, Luna afirmó: "No creo que sea fácil encontrar, a lo largo de la historia del parlamentarismo democrático, y subrayo lo de democrático, muchos precedentes de actuaciones de grupos que gobiernan las Cámaras, con mayoría absoluta, dirigidas a controlar y a reprimir a la oposición".

"Se diría", explica el portavoz socialista en el escrito enviado a la Mesa de las Cortes, "que las inmejorables oportunidades que les ofrece el gobierno de las Cortes no le resultan suficientes al Grupo Popular para combatir, con la palabra y a través de los debates, las iniciativas de la oposición". "Comprendo que los máximos responsables del Consell y del Grupo Parlamentario Popular", prosigue Luna, "tienen serias dificultades para explicar, sin detrimento de sus expectativas electorales, las circunstancias que han rodeado los gravísimos casos de corrupción que afectan a nuestra Administración autonómica y que están siendo objeto de investigación judicial, pero esas dificultades no van a limitar, en ningún caso, el cumplimiento de nuestras obligaciones de control de quienes gestionan el dinero público en la Comunidad Valenciana".

Además de intentar callarle por la vía de una reprobación extrarreglamentaria, Blasco trató de desautorizar a Luna por sus revelaciones del martes pasado en el sentido de que los informes de la Sindicatura de Comptes, contrariamente a lo que alegaron Camps y su Gobierno, sí que señalan irregularidades en los contratos de la trama corrupta (aquellos contratos que llegó a auditar, ya que la mayoría de las 85 operaciones con la red Gürtel quedaron fuera porque se fraccionaron para no inscribirlos en el Registro de Contratos de la Generalitat). El portavoz popular alegó que lo que explicó Luna sobre la adjudicación por Vaersa a Orange Market, cuando Blasco era el consejero del que dependía esa empresa, sobre concursos ficticios e irregularidades, es "absoluta y radicalmente falso". Blasco insinuó que Luna había usado un informe no definitivo de la Sindicatura al que no se habían incorporado las alegaciones del Consell.

Sin embargo, Luna respondió que ese informe, elaborado tras las alegaciones del Consell, está colgado en la web de la Sindicatura de Comptes y dice lo que dice. De todas maneras, volvió a retar al Consell a ofrecer la información para que pueda ser revisada por la oposición: "Que pongan el expediente encima de la mesa para que lo podamos ver todos y dejen de guardarlo bajo siete llaves".

Mientras el clima se enrarecía en los pasillos, el pleno de las Cortes aprobaba una proposición no de ley del PP, que contó con los votos de Esquerra Unida y Compromís, contra la subida del IVA que ha planteado el Gobierno de España. Después fue rechazaba una iniciativa del PSPV-PSOE, que defendió el diputado Francesc Signes, en la que se instaba al Consell a redactar un plan de infraestructuras de colaboración pública y privada. Según Signes, se trata de "recuperar el ritmo inversor en infraestructuras, sometido casi a respiración asistida". La oposición es consciente de que el PP intentará hoy tapar los efectos de la sesión de control al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que habrá de afrontar nuevas preguntas sobre la corrupción y la trama Gürtel, con la pregunta que le formulará Blasco, sobre infraestructuras, y con el anuncio de un nuevo Plan de Infraestructuras Estratégicas, ahora para el periodo 2010-2020. Signes aseguró que "la licitación de obra pública en 2009 cayó a niveles de los noventa".

También rechazó el pleno, con los votos mayoritarios del PP, una propuesta del portavoz de Compromís, Enric Morea, para exigir una profunda reestructuración del Gobierno autonómico con el objetivo de reducir en un 25% el número de altos cargos y asesores del Consell.

El secretario regional del PP, Antonio Clemente, anunció, por otra parte, que su partido dispone de una encuesta que le otorga entre tres y cuatro diputados más de los que tiene actualmente en la Cámara autonómica.