Economía apenas controló un 8% de los pagos a la trama corrupta
Las empresas y otras entidades públicas no fueron fiscalizadas
La Consejería de Economía y Hacienda apenas supervisó el pago de 550.906 euros a ocho empresas de la trama corrupta que organizó Francisco Correa, cuando la Generalitat adjudicó más de 7,1 millones al grupo organizado para el blanqueo de capitales. Algo menos del 8% de los pagos a la trama desde las arcas de la Generalitat pasaron el control del Interventor General.
El 92% restante de los fondos públicos adjudicados a las empresas relacionadas con el caso Gürtel sólo fue supervisado a toro pasado y siempre en el caso de que las facturas correspondientes hubiesen sido seleccionadas de forma aleatoria por los técnicos de la Sindicatura de Comptes.
El intercambio de escritos entre el juez, la Abogada General de la Generalitat y el subsecretario de la Consejería de Economía y Hacienda que contiene el sumario del caso Gürtel revela que los supuestos controles y fiscalización de contratos que invocan los máximos responsables de la Administración autonómica y del PP valenciano son, en realidad, un coladero.
El juez reclama a la abogada de la Generalitat que aporte todos los contratos firmados por una docena de empresas de Correa con la Administración general y las empresas y entidades públicas desde 1998.
Todos son de 2005 en adelante. El único documento con fecha de 2004 es el expediente del primer concurso que ganó Orange Market para montar el pabellón de Fitur en enero de 2005.
El Interventor General aporta un escueto informe en el que relaciona los 550.906 euros abonados desde las consejerías en ese plazo a ocho de las empresas de Correa, desde 8.000 euros a Technology Consulting Management hasta 245.800 euros a Orange Market. Economía apenas supervisó el 4% de las adjudicaciones a la empresa que gestionaba Álvaro Pérez, El Bigotes.
La Sindicatura de Comptes verificó el expediente de adjudicación del pabellón de Fitur a Orange Maket en su informe relativo al ejercicio de 2005. Hizo constar, lo mismo que los peritos a los que apeló el juez Pedreira, que la puntuación de las variables objetivas del concurso era muy baja en relación con las variables subjetivas.
Pero la Sindicatura nunca supervisó las tres facturas por 180.000 euros que autorizó en 2005 Milagrosa Martínez, entonces presidenta de la Agencia Valenciana de Turismo, sin convocatoria de un concurso previo.
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