La juez rehúsa archivar el caso del espionaje político a Prada y Cobo

La juez ha rechazado la pretensión de la defensa de los cuatro presuntos espías a sueldo del Gobierno de Aguirre de dar carpetazo por falta de pruebas a su investigación del seguimiento al ex vicepresidente segundo Alfredo Prada y al vicealcalde Manuel Cobo. Por tanto, siguen imputados por malversación tres asesores del consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados, y el ex director general de Seguridad Sergio Gamón. La magistrada ve improcedente exonerarles cuando espera "nuevas pruebas" que pueden "afectar directamente a los imputados".

Entre dichas diligencias pendientes se encuentra el informe sobre los posicionamientos de los móviles de abril de 2008 de los agentes de Aguirre sospechosos del espionaje que está rematando la policía y que será clave para demostrar si, amén de seguir a Prada -hecho probado por un informe similar referido a mayo de 2008-, también vigilaron a Cobo un mes antes.

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La magistrada que investiga el caso, Carmen Valcarce, igualmente ha rechazado la solicitud del citado letrado, el ex fiscal Enrique Molina, de interrogar al periodista de este diario que destapó el caso para que revelase las fuentes de su información. La juez alude en su escrito a que sería una repetición de la declaración que ya prestó dicho informador sobre estos hechos ante la fiscalía en enero de 2009 tras estallar el escándalo.

El defensor de los agentes de Aguirre recibe un tercer revés jurídico: la juez rechaza su ataque al personamiento como acusación particular de Cobo y de su defensa mediante letrado del Ayuntamiento. El escrito de la juez es tan sintético como contundente en su réplica: "No ha lugar a la exigencia de nuevos requisitos procesales para la personación como acusación particular de don Manuel Cobo, que viene ejerciendo en su nombre el letrado del Ayuntamiento de Madrid".

Con este triple varapalo, se derrumba como un castillo de naipes la estrategia de la defensa, que se resume así: que la juez archivara el caso por falta de pruebas contra los presuntos espías del Gobierno de Aguirre o que, de no accederse a tal petición, que el periodista identificara a las fuentes de su información. Las tres víctimas del espionaje personadas en este sumario -Cobo, Prada y la diputada regional del PP Carmen Rodríguez Flores- y la propia fiscalía han rebatido tal pretensión por compartir el criterio de que ahora no toca archivar por falta de pruebas, sino de ejecutarlas y de finalizar la instrucción. Entre las pruebas pendientes, amén del informe policial sobre los posicionamientos telefónicos de abril de 2008 de los agentes sospechosos, falta la pericial caligráfica de José Manuel Pinto, empleado de Granados, identificado por dos grafólogos contratados por este diario como el autor de las notas manuscritas de los partes del espionaje.

El escrito de la defensa de la diputada regional, espiada precisamente tras visitar al entonces vicepresidente segundo del Gobierno de Aguirre, recuerda una obviedad: "Por lo que se refiere a la participación de dichos señores [los agentes de Aguirre ya imputados], deberá estarse a la conclusión de las diligencias para determinar si se trataba de meros ejecutores de órdenes superiores, sin conocimiento del fin de sus ilícitas actuaciones, o si participaban de la decisión de llevar a cabo las mismas". "A día de hoy", sigue el escrito, "no se puede descartar la participación de personas de rango jerárquico superior a ellos, ni está determinado el grado de cooperación o connivencia con los mismos". Resulta fácil leer la salida que, a modo de guiño, está planteando a los subordinados de Granados ya imputados: aclaren quién les ordenó tales seguimientos o serán los únicos culpables.

El abogado de Prada, amén de refutar tal pretensión de dar carpetazo ya al caso por supuesta falta de pruebas, recuerda que los tres ex guardias civiles asesores de Granados imputados negaron haber seguido al entonces vicepresidente segundo hasta que el informe policial sobre los posicionamientos de sus móviles les hizo reconocer ante la juez "unos seguimientos para los cuales no habían estado supuestamente autorizados". Y por esto concluye dicho letrado que los citados agentes "han sido los autores de los partes del seguimiento, y, por tanto, los autores de los seguimientos y vigilancia que en dichos partes se hace referencia". Y el letrado recuerda que como ex miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado los tres no podían desconocer que no tenían competencia legal para realizar ninguna contravigilancia o avanzada, tareas que alegaron para justificar los seguimientos, ya que son funciones ajenas a los funcionarios de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el abogado de Cobo, recuerda que fue espiado en relación con su actividad de cargo público, que nadie recurrió en su día su personación como acusación particular y que la normativa municipal y estatal posibilita que su defensa la ejecute un letrado institucional. El letrado del PP, pese a que las víctimas son de su partido, plantea que la investigación debe concluir ya para evitar el agravio de los cuatro imputados.