La visión retorcida del PER

El Gobierno aprobó la última semana reducir de 35 a 20 los jornales necesarios para poder cobrar el subsidio y la renta agraria. Una medida de carácter excepcional justificada en las graves consecuencias del temporal en Andalucía, donde se han perdido más de cinco millones de jornales en la agricultura. El decreto no llega a los 770 municipios de la comunidad, sino que deja fuera a 34 poblaciones de Almería, 24 de Sevilla y 15 de Granada. Con todo, la decisión del Ejecutivo era lo mínimo que esperaban partidos políticos y agentes sociales.

Sin embargo, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, dijo que era "utilizar el dinero de los contribuyentes para dar pitas, pitas, pitas", con la desaprobación casi unánime en Andalucía, menos la del PP. Pese a lo que se nombra, la filosofía y el funcionamiento del subsidio agrario son prácticamente desconocidas. Los jornaleros de Andalucía y Extremadura han tenido que convivir desde su creación hace 26 años con no pocos estereotipos y falsas creencias, la mayoría de ellas con origen más allá de Despeñaperros.

Los sindicatos urgen a la equiparación de derechos con el Régimen General

"No es un privilegio, sino atenuar una discriminación", asegura el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, que tilda de "indignantes" las palabras de Aguirre. Los más de 510.000 afiliados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (Reass), el 60% del conjunto del país, tienen que pagar mensualmente el conocido como sello agrícola (ahora está en una media de 50 euros) que, junto con las peonadas exigidas, les dará derecho a una prestación que, en todo caso, es muy inferior en tiempo y cuantía a las que reciben los afiliados del Régimen General.

"Los trabajadores agrarios cotizan el doble y reciben la mitad de las prestaciones que el resto", asegura Antonio Perianes, de la Federación Agroalimentaria de CC OO. De este modo, deben cotizar cuando no estén en activo el 11,5% de una base tarifada frente al 4,98% en el Régimen General, mientras que la pensión media de jubilación en el Reass apenas supera los 450 euros, la mitad que en el Régimen General. El subsidio agrario tiene un tope de seis meses, mientras que en el Régimen General la prestación puede extenderse hasta dos años. Por si fuera poco, el Gobierno ha excluido a los trabajadores del campo de la prórroga de la ayuda extraordinaria de 426 euros a los que han agotado el cobro del desempleo.

Los sindicatos urgen al Gobierno a hacer efectiva la integración de los trabajadores del Reass en el Régimen General, según lo acordado en julio de 2006 y, mucho antes, en el Pacto de Toledo. Octavio Granado anuncia la intención del Gobierno de aprobar la ley para esa equiparación tan pronto se solucionen los escollos pendientes. De momento, el Gobierno destaca que en los Presupuestos de los dos últimos años se han dado pasos hacia esa equiparación, reduciendo la cotización y mejorando las prestaciones. Así, la base mínima de cotización pasó de 700 euros en 2008 a 804 euros en 2009, mientras que desde el último año las cotizaciones se hacen por jornadas reales trabajadas.

Directamente vinculado al subsidio y la renta agraria está el antiguo Plan de Empleo Rural (PER), denominado ahora Programa de Fomento de Empleo Agrario (Profea). Andalucía va a recibir este año 138,6 millones para obras de infraestructura en el medio rural, que ayudan a los jornaleros a completar el número de peonadas requeridas para la prestación por desempleo. "Acabar con el PER sería condenar al abandono al medio rural", sostiene Pedro Marcos, de la Federación Agroalimentaria de UGT. Marcos añade que "sólo el dinero que el Gobierno ha destinado a la crisis de Astilleros es mayor que lo que se ha llevado el PER en toda su historia".

El fraude ha sido otro elemento utilizado como arma arrojadiza por los detractores del PER y el subsidio. Sin embargo, apenas un 2% de las expulsiones del subsidio se producen por sanciones por fraude.