El Gobierno propone retrasar a los 67 años la edad legal de jubilación

El Gobierno ha optado por la fórmula más contundente para mejorar las cuentas del sistema de pensiones. El Consejo de Ministros aprobará hoy una propuesta de reforma de las pensiones que eleva de 65 a 67 años la edad legal de jubilación. Se trata del principal cambio en política laboral y de prestaciones sociales aplicado en muchos años y contraviene el criterio expresado públicamente por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, contrario a aumentar por ley la edad de retiro.

El paso de 65 a 67 años será gradual y comenzará a aplicarse en 2013. Una de las opciones, adelantada por la agencia de noticias Colpisa, consiste en aumentar dos meses por año la edad de jubilación (es decir, quien acceda a la pensión en 2013 lo hará a los 65 años y dos meses, y así sucesivamente), de modo que se jubilarían a los 67 todos los nacidos a partir de 1959. No obstante, los detalles están sujetos a cambios.

La iniciativa supone un triunfo de la tesis de Salgado sobre la de Corbacho

La decisión supone un triunfo de las tesis de la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, sobre las del titular de Trabajo. A principios de mes, Corbacho se mostraba partidario sólo de incentivar el retraso voluntario de la edad de jubilación para acercar lo más posible la edad media efectiva de abandono del mercado laboral (63,6 años, según Trabajo; 62,6 según Eurostat, que utiliza otra metodología) a los 65. "Ahora no debe ser obligatorio [seguir en activo después]", respondió con contundencia en una entrevista radiofónica. El ministro se verá hoy en la tesitura de justificar una medida con la que su departamento nunca ha comulgado.

En cambio, Salgado sí abrió el debate el mes pasado al citar a Holanda como ejemplo de país que ha elevado a los 67 la edad de jubilación. En el caso de España, ese paso "tiene que ser muy gradual. Cuando decida el Pacto de Toledo; lo razonable es que el incremento vaya gradualmente, aseguró en un mensaje que posteriormente fue matizado hacia la tesis entonces imperante: fomentar la prolongación voluntaria de la vida laboral.

Antes que Salgado, el Banco de España había propuesto abiertamente el retraso en la edad de jubilación como una medida con efectos "muy positivos sobre el equilibrio financiero del sistema". El organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez resaltaba el beneficio de "incluso retrasar la edad legal", aunque entonces la propuesta quedó eclipsada por las alertas que lanzó Fernández Ordóñez sobre la posibilidad de que el sistema entrara en números rojos y la airada reacción de Corbacho, los sindicatos y hasta el presidente del Gobierno.

La cumbre de la UE celebrada en 2002 en Barcelona ya propuso esta medida. Y la prolongación gradual de la vida laboral se aplica de forma obligatoria en otros países europeos (Alemania, Reino Unido, Holanda, Portugal, Dinamarca, Noruega e Islandia) y también en Estados Unidos y Australia. Al contrario de lo que ocurre en la mayoría de ellos, la Seguridad Social española arroja superávit, aunque se enfrenta al envejecimiento de la población.

No es el único cambio que propondrá hoy el Gobierno. El documento de reforma de las pensiones apuesta por elevar el periodo cotizado que se tiene en cuenta para determinar la cuantía de la pensión. En la actualidad se computan los últimos 15 años de vida laboral, que podrían ampliarse hasta 20, aunque la cifra tampoco está precisada. Ese cambio supone, en general, una rebaja media de la pensión, pues los últimos años laborables suelen ser los de mejor salario, salvo para trabajadores afectados por despidos o regulaciones de empleo al final de su vida laboral.

El texto aboga también por adaptar la pensión de viudedad a las nuevas realidades sociales. En principio, el Ministerio de Trabajo planteó eliminarla para los casos de convivencias cortas y sin hijos. Queda por ver si se incluyen cambios más ambiciosos. En la actualidad, la pensión de viudedad es vitalicia y casi universal, pues sólo se exige un mínimo de cotización y un año de antigüedad del matrimonio o la existencia de hijos.

Sobre la mesa está también elevar el periodo mínimo necesario para tener derecho a pensión, ahora fijado en 15 años. No obstante, hacen falta 35 para alcanzar la pensión máxima a la que se tiene derecho según la cotización.

Preguntado por estos cambios, Celestino Corbacho, eludió ayer precisar la edad a la que se retrasaría la jubilación, informa Lluís Pellicer. Aun así, explicó que la reforma que hoy debatirá el Consejo de Ministros pretende garantizar el sistema de pensiones más allá de 2030. La propuesta se enviará a la patronal y los sindicatos y a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que debe debatir los cambios.