Rajoy propone el acceso a la sanidad y la educación al margen del padrón

Cualquier persona debe tener garantizado el derecho a la educación y a la sanidad. Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, lo proclamó ayer en Barcelona tras los conflictos en Vic y Torrejón y la tormenta política por la inmigración irregular. Pero añadió: "Esos derechos no los garantiza el padrón, sino el mero hecho de ser seres humanos. Sin ningún documento, ya nos podríamos ahorrar muchos problemas", defendió. Rajoy no contempló que esa medida supone convertir a los inmigrantes irregulares en invisibles. Pero su comentario intentó ser casi un gesto de buena voluntad ante las criticas del resto de los partidos, que le acusan de utilizar la inmigración como arma electoral.

"El Ayuntamiento de Torrejón también debe cumplir la ley"

Durante su discurso de clausura en la Escuela de Invierno del PP, Rajoy, en tono conciliador, se ofreció a poner "orden y control" en la política de inmigración del Gobierno de Zapatero, que considera errática. "Estamos pagando la demagogia de los papeles para todos. La regularización masiva fue un disparate", afirmó en el acto celebrado en La Pedrera y ante los cuadros del PP. Tras recordar, como hace siempre, que por su origen gallego tiene que estar por razones obvias a favor de la inmigración, Rajoy anunció que presentará en el Congreso una serie de iniciativas para poner coto a la entrada de extranjeros.

"El padrón tiene su importancia, pero lo importante es la política de inmigración", insistió Rajoy, que mezcló extranjeros comunitarios y extracomunitarios al recordar que si en 2004 las tarjetas de residencia eran 1,6 millones, en 2009 ya sumaban 4,7 millones. Y cifró en 5,5 millones los extranjeros en el censo en 2009. A tenor de esos datos, Rajoy afirmó que el verdadero debate es saber cuál es la capacidad de acogida de España, tanto desde el punto de vista de la oferta de trabajo como de la capacidad de los ayuntamientos y las comunidades autónomas para dar servicios con los problemas financieros que sufren. "Esto necesita orden y control", afirmó.

La propuesta del líder del PP pasa por modificar la legislación vigente que considera, en la misma línea de CiU, contradictoria porque, por un lado, obliga a expulsar y, por otro, a empadronar a los sin papeles. "La ley dirá que hay que censar, y se debe cumplir, aunque quizá habrá que cambiarla", abundó Rajoy, que, en una entrevista a Catalunya Ràdio, dijo que el acatamiento de la ley vale tanto para Vic, que se planteó no censar, como para Torrejón, gobernado por el PP, y que ponía condicionantes. "El Ayuntamiento de Torrejón también debe cumplir la ley", dijo.

Y a partir de ahí rescató el plan de medidas que ya presentó en 2008 y que pasan, de entrada, por su polémico contrato de integración, rechazado en el Parlamento, en el que los inmigrantes deberían aceptar derechos y deberes. "Tenemos una historia, una cultura, una tradición plasmada en la Constitución que tenemos que cumplirla nosotros y los que vengan de fuera", defendió. Luego apuntó que no se pueda dar un permiso de trabajo a un extranjero con un expediente de expulsión y que sean deportados los inmigrantes con condenas mayores a seis meses. "Eso pasa en muchos lugares", justificó. Lo que no dijo Rajoy es que desde 2003 y a instancias suyas se reformó el Código Penal para expulsar a extranjeros con esas penas. El Supremo, sin embargo, no aplica el artículo por estimarlo inconstitucional.

Satisfecha por haber iniciado un debate "sin complejos", Alicia Sánchez-Camacho, anfitriona de Rajoy y presidenta del PP en Cataluña, se mostró feliz por haber tenido "el valor, el coraje y la valentía" de encarar el tema de la inmigración. "Hablamos de lo que nos pide la gente: una inmigración ordenada y legal. En Cataluña, España o cualquier parte del mundo no cabemos todos", insistió. El ex presidente de Gobierno, José María Aznar, intervino en la polémica y en TVE se distanció del análisis de Rajoy al considerar que el caso de Vic y Torrejón no tienen nada que ver. Aznar consideró un "error gravísimo" el caso de Vic. "Los culpables son los mismos (el gobierno de Vic formado por CiU, PSC y ERC) que anduvieron por toda España diciendo 'papeles para todos'. En Torrejón se han establecido cláusulas adicionales, no se han negado a empadronar".