Fabra y el buen gobierno

En la provincia de Castellón, el único foro en el que hasta el momento se ha planteado la implantación de las medidas por la transparencia y contra la corrupción del nuevo código del Partido Popular ha sido el de la Diputación provincial que preside Carlos Fabra. En el pleno ordinario del pasado 23 de diciembre, dos días después del acuerdo de las Cortes Valencianas para publicar los bienes de los diputados, el portavoz socialista, Francesc Colomer, pidió a Fabra en el capítulo de ruegos y preguntas que adquiriera "el compromiso de los partidos políticos de hacer pública la declaración de bienes de los diputados" y le instó a que no esperara "al próximo pleno de enero para contestar". Para Colomer, la Diputación de Castellón no podía ser "una isla dentro del acuerdo por la transparencia". No hubo respuesta del presidente del PP y de la Diputación en Castellón.

Y es que Fabra ha decidido mirar al tendido, igual que el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, que elude sistemáticamente dar respuestas claras y concisas cada vez que le preguntan si las medidas que propone por la transparencia y contra la corrupción se aplicarán al presidente de la Diputación de Castellón.

De hecho, Carlos Fabra se ha convertido en una china en el zapato del PP que deja en evidencia el discurso articulado en los últimos meses por Rajoy.

Fabra está imputado en dos procesos judiciales por varios delitos contra la Administración pública y delito fiscal, sin que el PP haya abierto siquiera un expediente informativo. El presidente de la Diputación de Castellón, además, no ha aclarado hasta la fecha la procedencia de casi 600.00 euros ingresados en un centenar de cuentas corrientes.

Una situación que pone en cuestión la voluntad de la dirección nacional del PP de convertir la lucha contra la corrupción en uno de sus principales objetivos.