El veto al juez "más que amigo" de Camps le mantiene en el cargo
De la Rúa quiere seguir como presidente del Tribunal Superior de Valencia
La elección de los presidentes de los tribunales superiores de Valencia y el País Vasco está bloqueada. Los vocales progresistas y conservadores del Poder Judicial están más distanciados que nunca y, si no cambian las cosas, el actual presidente del Tribunal Superior de Valencia, Juan Luis de la Rúa -que eximió al presidente valenciano Francisco Camps del caso Gürtel-, y su colega del País Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, seguirán en sus puestos, a pesar de que sus mandatos expiraron hace meses. Ambos aspiran a repetir, pero para estos nombramientos, ambos grupos están abocados a pactar y ni unos ni otros dan, por el momento, su brazo a torcer. "Para nada", pueden repetir como presidentes, señalan los progresistas. El Consejo examinará mañana a De la Rúa.
Ni conservadores ni progresistas quieren que repita en el puesto
Los vocales propuestos por el PP defienden a otro candidato
De la Rúa afronta el nuevo proceso de nombramiento sin apoyos, ni siquiera de su propia asociación, y con un importante desgaste. Es el juez a quien el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, señaló públicamente como "más que amigo" y tiene pendiente en el Poder Judicial una queja de un abogado por no haberse abstenido en el procedimiento de la trama Gürtel en el que estaba imputado Camps. El otro nombre sobre el que el acuerdo se antoja imposible es Ruiz Piñeiro. Sentó en el banquillo al ex lehendakari Juan José Ibarretxe. "Si no hay acuerdo, los dos seguirán en sus puestos meses o años", afirman en el sector conservador.
Una de las llaves del desbloqueo está en Valencia. Para sustituir a De la Rúa, los conservadores han propuesto un nombre que también rechazan los progresistas: Pedro Castellano, presidente de la Audiencia de Valencia. "Es la derecha pura y dura, y ninguno de ellos obtendrá los 13 votos necesarios", claman desde el sector progresista.
Castellano y De la Rúa mantienen un duro enfrentamiento. Castellano es el candidato de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Los asociados, por mayoría, le apoyan, dejando así sin respaldo a De la Rúa. Por tanto, en el seno del CGPJ, tampoco va a tener apoyos, según fuentes de la institución. Y hace ya más de una semana, el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, quien siempre ha manifestado un especial reconocimiento hacia De la Rúa, dijo: "No es habitual un tercer mandato". El juez más que amigo de Camps desoyó el mensaje y concursa al puesto, informa Lydia Garrido.
El acuerdo es imprescindible para sacar adelante los nombramientos. El proceso para elegir a un presidente de TSJ exige 13 votos de los 21 miembros del pleno, incluido el presidente. Por cada una de las fuerzas mayoritarias, PSOE y PP, hay nueve consejeros, y además, uno por CiU, Ramón Camps, y otro por el PNV, Margarita Uría. Es imposible alcanzar los 13 votos sin que los grupos mayoritarios estén de acuerdo.
Los conservadores estarían dispuestos a apoyar a un candidato progresista para el Tribunal Superior del País Vasco siempre y cuando aquéllos apoyen a su candidato para Valencia, Castellano. "La mayoría de los jueces en Valencia son conservadores y no se entendería un candidato de otra sensibilidad", señalan. Si no hay acuerdo, tanto Piñeiro como De la Rúa seguirán en sus cargos en una prórroga indefinida. De la Rúa lleva 10 años y Piñeiro, cinco.
Los conservadores mantienen un doble discurso. Unos desvinculan la falta de respaldo a De la Rúa del caso Gürtel. Aseguran que le quedan cuatro años para jubilarse y que la renovación es por cinco. Pero otros sí reconocen que el actual presidente del TSJ valenciano no ha gestionado con la independencia debida el asunto. En el sector progresista sí se vincula el veto, entre otras cosas, a su actuación en las diligencias sobre el presidente valenciano de la que De la Rúa ha quedado "muy tocado". No sólo no se abstuvo en la causa por el regalo de trajes de la trama Gürtel a Camps, sino que, además, unió su voto al de su colega Francisco Ceres para archivar las diligencias. Y lo hizo contra el criterio del tercer magistrado de la Sala y el del instructor. Las fiscales Anticorrupción que llevan el caso Gürtel, que recurrieron el archivo al Supremo, estaban convencidas de que se abstendría sin necesidad de recusarle. Pero no lo hizo.
Pese al actual bloqueo, la intención de ambos sectores es tratar de cerrar algunos nombramientos en los próximos meses. Pero, además, es que hay más candidatos para el tribunal valenciano de los esperados: 10. Mañana, defenderán ante la comisión de calificación sus proyectos. De la Rúa pasará por ese trámite. Y le acompañaran: Pedro Castellano (APM), el elegido por los conservadores, de modos elegantes y fondo más duro que el de De la Rúa; Edilberto Narbón (APM), presidente de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el hombre que ha respaldado el modelo urbanístico del PP valenciano. También concursan Mercedes Boronat, de Jueces por la Democracia (JpD); Francisco de Jorge, no asociado y letrado del CGPJ; Luis Manglano (JpD), la apuesta progresista, a quien todavía le pesa el llamado caso Naseiro, que afectó al PP; Javier Lluch, no asociado, Purificación Martorell, no asociada; Francisco Pérez (JpD), presidente de la Sala de lo Social del TSJ, muy moderado y jurídicamente reconocido, así como José María Tomás i Tío, no asociado, que preside la fundación por la Justicia y es uno de los magistrados más populares de Valencia.
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