Los imputados del Gürtel pasan a ser diputados no adscritos

La situación de los diputados Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, todos ellos imputados en el caso Gürtel de corrupción vinculada al PP por la supuesta comisión de hasta cinco tipos de delitos, ha creado un enredo jurídico en el Parlamento madrileño. Ayer la mesa de portavoces acordó modificar el Reglamento de la Asamblea para crear la figura del "diputado no adscrito", según la propuesta del grupo popular. Este cambio en la norma impide a los tres expulsados del PP pasar a formar parte del grupo mixto y favorecerse así de las ventajas aparejadas a la pertenencia a un grupo parlamentario. Hasta ahí todos los partidos -PP, PSOE e IU- están de acuerdo. El problema surge por la inclusión de una cláusula en la norma que la convierte en retroactiva y dicta que ésta entró en vigor ayer, tras pasar por la Mesa de la Asamblea, y antes de aprobarse realmente. Esta cláusula no impide que, después la modificación, siga su curso de tramitación natural. Su utilidad sería evitar que los diputados afectados no puedan cambiar de opinión y pasar al grupo mixto. La oposición considera esto una "aberración jurídica" y lo trasladarán a los letrados de la Mesa.

Los diputados imputados renunciaron el pasado viernes a cualquier privilegio por razón de su condición de representantes públicos, aunque no a su sueldo, que se acerca a los 4.000 euros mensuales (50.000 euros brutos anuales). Esta circunstancia reforzó la tesis de PSOE e IU de que "las prisas no son necesarias, pues ellos mismos ya han dicho que no quieren ser parte del grupo mixto".

Los grupos de la oposición han mostrado su extrañeza ante el procedimiento, aunque insisten en dar su apoyo al texto. Eso sí, con matices: "Llega seis años tarde, pues Esperanza Aguirre ya pudo prevenir un contexto semejante cuando el tamayazo (la deserción en 2003 de dos diputados socialistas que obligó a repetir aquellas elecciones) y no lo hizo", expresa Maru Menéndez, portavoz socialista en la Asamblea. También Izquierda Unida apoya la idea, pero recalca sus incongruencias jurídicas y se pregunta qué sucederá si alguien impugna la norma.

A pesar de que mañana se inicia el debate en la Cámara, el portavoz popular, David Pérez, afirmó que "estos parlamentarios ya no forman parte del grupo popular y tampoco de un grupo mixto porque son diputados no adscritos a ningún grupo", una sentencia que no compartió la portavoz socialista, quien expresó su sorpresa al no saber qué son exactamente estos diputados en la Cámara. "No sabemos si son del grupo popular, del grupo mixto o no adscrito", indicó Menéndez tras la reunión de la Junta de Portavoces, que no calificó la renuncia presentada el viernes por los diputados. La aprobación definitiva del texto se demorará al menos un mes tras pasar por todos los trámites reglamentarios, incluidas las enmiendas de los grupos.

Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes hasta febrero de este mismo año, es considerado el gran artífice de la expansión de las empresas de la trama de Francisco Correa en Madrid y el principal "muñidor" de que cientos de contratos públicos se adjudicasen a estas compañías. Los otros dos diputados que conservarán su acta, Benjamín Martín Vasco, antiguo adjunto a la portavocía popular y Alfonso Bosch, están acusados de recibir cuantiosas sumas de la trama, incluidos asientos contables de su caja B por valor de más de 100.000 euros.

El hecho de que conserven su escaño tiene que ver con su estrategia de defensa, pues mientras permanezcan en el Parlamento madrileño tendrán la condición de aforados. "Es una estafa y una manera de pervertir el estatuto del aforado", clama Menéndez, que recuerda que esa figura sirve "para que el diputado pueda cumplir con su obligación de defensa de los ciudadanos sin sentirse coaccionado, no para que unos señores acusados de delitos muy graves puedan mantener privilegios en su defensa que les diferencien del resto de las personas".