La investigación de la red Gürtel destapa la corrupción generalizada en el PP

La corrupción amenaza al corazón, al cerebro y al bolsillo del Partido Popular. La trama Gürtel, una red empresarial dirigida por Francisco Correa, envenenó con prácticas ilegales durante los últimos 10 años a algunas de las principales instituciones donde gobierna el PP y facilitó durante ese tiempo la financiación ilegal de esta formación política. En el camino, numerosos dirigentes populares, con cargo público y presupuesto suficiente, se enriquecieron con el negocio de Correa. Así se desprende del aluvión de indicios recogidos durante 14 meses de investigación judicial y recogidos en los 17.000 folios del sumario sobre los que se ha levantado el secreto.

Mariano Rajoy, presidente del PP, mostró ayer "indiferencia" ante las nuevas revelaciones de un caso que ha costado el cargo ya a cuatro alcaldes, un eurodiputado y un consejero autonómico, además de la retirada del tesorero del partido.

Queda acreditada la estrecha relación de la trama con Camps y Costa

El levantamiento del secreto afecta a la parte del sumario instruida por Garzón

Las cuentas del PP de Galicia entre 1996 y 1999 están bajo sospecha

El consejero de Aguirre Alberto López Viejo cobró grandes comisiones

Correa se relacionó desde muy joven con Agag, el yerno de Aznar

Ana Botella quedó encantada con El Bigotes, declaró Correa a Garzón

Muchas de las pruebas que sostienen la acusación sobre una decena de cargos del PP y otras 60 personas que continúan imputadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y por el Supremo, se conocieron ayer tras la decisión del juez Antonio Pedreira de facilitar copias de una parte del sumario a todos los implicados.

La acumulación de pruebas sólo recoge una parte de la instrucción del caso, la que va de agosto de 2008 a abril de 2009, momento en que el juez Baltasar Garzón decidió inhibirse en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia. La documentación de las investigaciones sobre financiación ilegal del PP valenciano; el pago de comisiones ilegales por parte de diversas constructoras a Correa para que lo distribuyera entre políticos del PP y otros detalles del caso aún permanecen bajo secreto de sumario en el Tribunal Superior de Madrid.

Los indicios conocidos ahora proceden de fuentes de investigación diversas, desde conversaciones telefónicas grabadas a los principales miembros de la trama corrupta, hasta declaraciones judiciales de los implicados y numerosa documentación oficial, tanto de las Administraciones gobernadas por el PP como de las empresas de la trama, que tenían una contabilidad B con la que pagaban a los políticos por los favores prestados.

Las pruebas afectan a los Gobiernos del PP en Valencia, Madrid, Castilla y León e incluso al Ejecutivo de José María Aznar; a los ayuntamientos de Arganda del Rey, Majadahonda, Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, gobernados por el PP, y a las organizaciones territoriales de este partido en Madrid, Valencia y Galicia, con sospechas documentadas de financiación ilegal que siguen siendo investigadas.

Lo que sigue es un resumen de la parte del sumario analizada ayer por este periódico con las pruebas recabadas por la policía para sustentar la acusación sobre los imputados:

- 'El Bigotes de Valencia'. El tomo del sumario que recoge las transcripciones de las conversaciones telefónicas grabadas a los miembros de la trama destapa las íntimas relaciones de Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de la empresa Orange Market, organizadora de todos los actos del PP y contratista de la Administración valenciana (ocho millones de euros en cuatro años, cuarenta contratos a dedo sin concurso) con el presidente valenciano, Francisco Camps, y con el secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa. En las conversaciones de Álvaro Pérez con el número dos de la trama corrupta, Pablo Crespo, hablan de las gestiones para la adquisición de un vehículo de alta gama que Costa se compró; de un regalo de 20.000 euros con forma de reloj de acero que le hizo el ex alcalde de Alicante a Ricardo Costa y de los consejos que le daba El Bigotes para que no se lo pusiera cuando paseaba por Valencia; de las gestiones para conseguir que Camps se entrevistara con Barack Obama; y de un viaje secreto a Estados Unidos para gestionar la celebración de los Grammy en la Comunidad Valenciana para lo que contaban con el impulso del presidente autonómico.

Para cerrar el círculo, el jefe de la trama corrupta, Francisco Correa, declaró ante el juez Baltasar Garzón que El Bigotes era íntimo amigo del alcalde popular de La Nucia, un municipio alicantino, y que medió ante Camps para que el Gobierno valenciano desbloqueara un proyecto urbanístico con problemas medioambientales.

- La financiación gallega. Las cuentas del PP gallego entre 1996 y 1999 están bajo sospecha. Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta que fue durante esos años secretario de Organización del PP en Galicia, se lamenta en una conversación que mantiene en la cárcel sobre una caja de seguridad que la policía ha descubierto donde guardaba documentación comprometida. En esos documentos aparecen las cuentas de la trama corrupta con el PP por los actos que le organizó durante tres años. Muchos de esos actos se habían hecho y cobrado, pero no existían facturas que lo justificaran. Crespo reflexiona sobre el delito y llega a la conclusión de que probablemente haya prescrito. "Si lo sacasen esta semana", cuenta Crespo en relación a los documentos de su caja de seguridad sobre la financiación del PP, "el lío sería morrocotudo".

- Los negocios de Madrid. La estructura empresarial de Francisco Correa se soportaba en gran parte con los negocios de Madrid, donde no sólo se quedó casi en exclusiva con los actos institucionales de la presidenta Esperanza Aguirre, gracias a las gestiones del consejero de Deportes Alberto López Viejo, al que pagaban abundantes comisiones. Además, Correa logró el trato de favor de cuatro ayuntamientos gobernados por el PP, Boadilla del Monte, Majadahonda, Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, que le adjudicaron diversos contratos, además de permitirle intermediar ante constructores y promotores inmobiliarios en operaciones de suelo muy lucrativas de las que obtuvo jugosas comisiones.

- Las obras de Castilla y León. Uno de los tomos de la parte del sumario sobre la que se levantó ayer el secreto incluye todas las gestiones del juez Baltasar Garzón para aclarar una adjudicación de obra pública en Castilla y León que aparecía reflejada en la contabilidad B de la trama corrupta con el cobro de 72.000 euros en comisiones. La obra en cuestión fue adjudicada a una constructora de origen leonés, Teconsa, pese a que empató con otra empresa que se presentó al concurso. Esa constructora está bajo sospecha de pagar comisiones ilegales y de sacar grandes cantidades de dinero del banco en billetes de 500 euros. El consejero que adjudicó la obra, José Manuel Fernández Santiago, es hoy presidente de las Cortes de Castilla y León.

- El Gobierno Aznar y la trama. Francisco Correa relató al juez Baltasar Garzón cómo eran sus relaciones, desde muy joven, con Alejandro Agag, el yerno de José María Aznar. Hasta el punto de que, en un momento dado, Agag le presentó a Álvaro Pérez, El Bigotes, y le pidió que le encargase de llevar los actos del presidente del Gobierno. Correa obedeció y el resultado fue óptimo. "Ana Botella se enamoró de él, en el buen sentido de la palabra, le encantó", declaró Correa al juez Garzón. El negocio de la trama corrupta se inició a la sombra de Aznar, al que montó todos los actos de partido durante sus ocho años como presidente.

La investigación judicial tiró de un hilo que dejó Correa suelto en una conversación privada donde presumía de haber pagado "1.000 millones de pesetas" a Luis Bárcenas, entonces gerente del PP nacional y hasta hace unas semanas tesorero, de adjudicaciones de la etapa de Francisco Álavarez-Cascos al frente del Ministerio de Fomento.

Correa dio algún detalle sobre este asunto en su declaración judicial en la Audiencia. Cuando detallaba cómo fichó a Pablo Crespo para dirigir sus empresas, recordó los años en que trabajó para Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). "Una de las cuentas que teníamos entonces era de AENA [organismo dependiente del Ministerio de Fomento], porque Paco Cascos, con el que yo tenía una cierta relación, me dio la cuenta de AENA y era una prenda muy importante porque se hacía Fitur [Feria Internacional de Turismo] y se hacían un montón de eventos".

Francisco Álvarez-Cascos ha negado que su departamento ordenase favorecer a las empresas de Francisco Correa en AENA y ha esgrimido que en ese organismo estatal se cumplían las normas vigentes sobre contratación administrativa.