Rifles contra la piratería
Interior ya ha autorizado a dos atuneros a embarcar vigilantes privados armados
El Ministerio del Interior ha autorizado que vigilantes privados de seguridad puedan viajar en pesqueros españoles para protegerlos frente a ataques de piratas somalíes o de otras nacionalidades. Parte de la flota exigía que fuese la Armada la que prestase ese servicio, pero Defensa se ha negado en rotundo no sólo por el alto coste que esa operación supondría (45 millones de euros al año), sino porque considera problemático involucrar a militares en la seguridad de bienes privados.
Interior ha decidido dar luz verde al empleo de vigilantes en la flota al considerar que así lo permite la Ley de Seguridad Privada. No obstante, ha tenido ciertas reticencias antes de permitir que estos comandos antipiratería puedan portar rifles, ya que lo establecido es que los vigilantes lleven pistola o revólver.
Las empresas de seguidad no muestras mucho interés en la misión
Una de las patronales admite tener ofertas de mercenarios extranjeros
Los armadores no creen que haya escoltas preparados ahora mismo
"Lo más eficaz es que los piratas vean que van armados", afirma un experto
Sin embargo, el Gobierno ha accedido al empleo de rifles de repetición porque de otra forma sería imposible proteger a los atuneros vascos que faenan en el Índico y que eventualmente podrían ser abordados por piratas que navegan a bordo de embarcaciones frágiles, pero armados con kaláshnikov y lanzagranadas.
Según fuentes de Interior, la policía ha dado hasta ahora autorización a la solicitud de un armador para que dos de sus buques lleven a bordo a guardias de seguridad armados. Las previsiones son que en cada una de estas embarcaciones viajen cuatro vigilantes.
Las empresas más grandes del sector de la seguridad han demostrado, hasta ahora, un cierto desinterés por participar en una operación aprobada tras meses de desencuentros entre el Gobierno y los pescadores. El único que por el momento parece dispuesto a enfrentarse a los piratas somalíes es José Luis Roberto, dueño de la empresa valenciana Levantina de Seguridad y dirigente de la organización ultraderechista España 2000. Esta compañía publicó en la prensa regional un anuncio para seleccionar a 30 personas que tendrán un sueldo de 5.000 euros al mes. Esta empresa dice haber recibido ya más de 400 currículos de aspirantes, aunque estima que sólo el 10% de ellos están preparados. Hay desde ex militares y escoltas de políticos en el País Vasco hasta guardias de la seguridad personal de Roberto Micheletti, el presidente golpista de Honduras. Más de uno ha presentado cursos realizados en un cuerpo de élite militar israelí.
El curso intensivo de preparación de los seleccionados por Levantina de Seguridad empezará en los próximos días y durará algo más de una semana. La primera prueba a la que se enfrentarán será un test psicológico, en el que los candidatos demostrarán si están preparados para aguantar la tensión de estar en alta mar y enfrentarse a enemigos acostumbrados a surcar el mar armados hasta los dientes. La empresa afirma que también adiestrará a sus empleados en la coordinación con los otros tripulantes del barco. En alta mar, en Valencia, practicarán después el tiro y el manejo del rifle. Los candidatos dispararán de noche a un blanco flotante a una distancia de entre 200 y 500 metros. El cielo lo iluminará una bengala lanzada con un paracaídas. "Van a tener que afinar mucho el tiro", explica un instructor, "porque el enemigo (los piratas) irán con lanzagranadas de fabricación soviética y metralletas. Hay que solventar la desventaja con puntería y anticipación". El experto asegura que hay gente lista para embarcar de inmediato.
Los grandes armadores de atuneros no son tan optimistas. Creen que ahora no existe en España personal que esté entrenado en esta nueva modalidad de trabajo. El anuncio de Levantina demuestra, para ellos, que nadie cuenta con este tipo de gente. Primero hay que seleccionar y después entrenar a los vigilantes, y eso lleva un tiempo que los armadores consideran insalvable. Julio Morón, director gerente de Opagac (Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros), confirma que ha recibido muchas ofertas de empresas extranjeras, como las que protegen las plataformas petrolíferas, y compañías de mercenarios acostumbradas a hacer negocio en guerras u otros conflictos. "Se ha criticado mucho que el presidente Bush utilizase estas empresas en Irak y al final vamos a tener nosotros que echar mano de ellas", lamenta Morón. "A nivel inmediato no hay gente preparada para protegernos", añade.
Ricard Marí Sagarra, decano de la Facultad de Náutica de la Universidad Politécnica de Barcelona y experto en seguridad naval, coincide en que los vigilantes que vayan a proteger a los buques españoles no sólo tienen que saber disparar, sino conocer muy bien cómo es un barco y cómo es la tripulación. "Su labor ha de ser básicamente disuasoria. Deben evitar el enfrentamiento directo con los piratas. Lo más eficaz es que los posibles atacantes vean que los barcos están protegidos, pero en un enfrentamiento directo es posible que los piratas lleven las de ganar porque tienen mejores armas", explica Marí.
El decano recuerda que meses atrás participó en la formación de un equipo de seguridad que prestó protección al buque Teneo, que tenía la misión de tender un cable telefónico cerca del Índico. "Estuvimos un mes dando formación a un grupo de vigilantes de la empresa Eulen. Hubo que enseñarles a moverse por un barco y disparar en un lugar muy diferente a tierra firme. Yo creo que esto debe hacerse con planteamientos rigurosos y utilizando a personas que, además de saber disparar, tengan cabeza para asesorar al capitán de un buque en materia de seguridad".
A la vista de la situación, resulta difícil que los 18 atuneros que ahora faenan a unas 600 millas de Somalia puedan disponer de escoltas antes de que finalice su campaña de pesca en la zona, entre octubre y noviembre.
Un 'ultra' en el océano Índico
José Luis Roberto, máximo accionista de Levantina Seguridad, la empresa que ha mostrado más interés en ser contratada para proteger a los atuneros vascos en el Índico, es el líder del grupo ultra España 2000. "Legales los justos, delincuentes ni uno. ¡Basta de agresiones a los españoles!", es el lema de la última manifestación que celebró este partido de extrema derecha en Valencia.
Roberto también ha publicado artículos en la prensa regional valenciana. Uno de sus escritos se titula Yo también tengo libros nazis en mi casa, muy comentado en Internet. El empresario se defiende: "Cada uno es de la ideología que quiera y hace con su vida lo que le plazca. Yo no me meto con nadie", explica. Y añade que sus aficiones y sus ideas no tienen nada que ver con su empresa ni los trabajos que a ella se le encargan.
En una ocasión, España 2000 fue denunciada por SOS Racismo por incitar al odio y la xenofobia en sus manifestaciones, pero el caso acabó sin condena.
Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, asegura que hay mucha alarma entre las organizaciones que están trabajando contra la xenofobia por la posibilidad de que el negocio de la seguridad recaiga en José Luis Roberto. "En su entorno y en las manifestaciones de su partido siempre hay lemas contrarios a la inmigración", dice Ibarra. Y agrega: "No es la empresa más adecuada para que se le otorgue capacidad de armamento y una misión que puede generar conflictos diplomáticos. Debería ser el Ejército el que organizara la protección de los barcos".
Roberto es socio del despacho de abogados Roberto&Sala-zar, dueño de un gimnasio y de tiendas de ropa militar. Desde hace varios años, además, es el representante legal de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA), la patronal de los prostíbulos.
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