El TSJ de Valencia rechaza investigar pruebas de financiación ilegal del PP
La Brigada de Blanqueo acredita pagos de Orange Market al partido de Camps
El PP valenciano se financió ilegalmente gracias a una trama de empresas que giraban en torno a la red corrupta que dirigía Francisco Correa, según los indicios recabados por los investigadores del caso Gürtel que se han incorporado en un informe policial, oculto bajo el secreto de sumario, elaborado por la Brigada de Blanqueo. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que tiene ese informe desde el pasado 31 de julio, ha ocultado su existencia y se niega a investigarlo.
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior valenciano recibió las nuevas evidencias de graves delitos dos días antes de que resolviera enmendar la plana al instructor y archivar la causa contra el presidente de la comunidad autónoma, Francisco Camps, y otros tres dirigentes del PP valenciano por supuesto cohecho.
Al anunciar que no investigaría, la sala ocultó la existencia del informe policial
El informe, de 89 folios y cinco anexos, lleva por título Orange Market. Sistema de facturación y financiación de los actos del PP de la Comunidad Valenciana. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, que preside Juan Luis de la Rúa, amigo declarado de Francisco Camps, decidió despreciar el contenido de ese informe y no investigar si podía aportar nuevas pruebas contra los altos cargos del PP. En la nota pública que el tribunal valenciano redactó para dar cuenta de la resolución en la que rechazaba investigar la financiación ilegal del PP, ocultó la existencia de este informe elaborado por la Brigada de Blanqueo.
La resolución judicial rechaza investigar los nuevos indicios aduciendo que se referían a "un objeto diferente" al del cohecho que analizaban.
Hace cinco meses, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana recibió la causa de manos del juez Baltasar Garzón, que apuntaba no sólo indicios de cohecho sino también de tráfico de influencias e incluso de financiación irregular del PP, la sala que preside De la Rúa admitió el caso, pero sólo en lo referido al supuesto delito de cohecho. Lo investigó José Flors, el magistrado al que le tocó instruir la causa.
Pese a los nuevos documentos de la investigación policial aportados el 31 de julio pasado, la sala mantuvo su criterio inicial, sin considerar la posibilidad de que los regalos a cargos públicos y los numerosos contratos a dedo adjudicados a la trama corrupta por parte de la Administración valenciana durante cuatro años pudieran tener conexión con los regalos a altos cargos del Gobierno de Camps y del PP valenciano, principales clientes de Orange Market.
"Parece existir una relación comercial entre Costa y las sociedades de Correa"
Entre los documentos del sumario que instruyó el Tribunal Superior valenciano en relación con el supuesto cohecho de Camps y otros dirigentes del PP figura un informe de la Fiscalía Anticorrupción donde se indica: "En relación con Ricardo Costa Climent [secretario general del PP de la Comunidad Valenciana desde junio de 2007] parece existir una relación comercial de origen desconocido entre él mismo y las sociedades objetos del presente procedimiento. Es el resultado de las conversaciones telefónicas intervenidas el 6 de noviembre de 2008 entre Álvaro Pérez Alonso y Pablo Crespo Sabaris".
Pérez y Crespo son los dos principales directivos de la red de empresas con los que trataba Francisco Correa, el jefe de la trama corrupta. Costa negó ante el juez cualquier relación comercial privada con Alonso y Crespo. Costa ha contratado con las empresas de la trama corrupta la organización de los actos del PP valenciano desde 2007, cuando fue elegido secretario general y mano derecha de Francisco Camps. Cuando la Fiscalía Anticorrupción empezó a indagar el pago de trajes a dirigentes valencianos, Álvaro Pérez llamó por teléfono a Costa para advertirle del problema.
En el sumario del caso Gürtel aparecen los apuntes de la contabilidad de la trama empresarial corrupta donde figuran distintos pagos al PP. Son los que siguen, según un informe policial elaborado en enero de 2008, cuando las investigaciones acababan de iniciarse:
-PPVLC. "El 18 de diciembre de 2002 figura un apunte en la contabilidad B de la sede de la trama corrupta en la calle de Serrano con un ingreso de un millón de euros sin contar la procedencia de la misma. Dentro de la distribución de esa cantidad y como primer concepto aparece PP VLC, con una cantidad asociada de 420.000 euros. El contable de la trama manifiesta que se ha distribuido ese dinero para algo relacionado con el PP de Valencia".
-Congreso Regional de Valencia. "Desde septiembre de 2002 a enero de 2003. Un archivo encontrado en la sede de la trama corrupta recoge un apunte de 10 de diciembre de 2002 sobre un cobro en A por valor de 90.181 euros y cuatro cobros en B por 150.421 euros".
-Caja de pagos B, clave Bruja. Listado de ingresos y pagos de la caja B de la trama corrupta durante 2004. Contiene un pago a Arturo González Gil (presidente del PP de Argentina) por 1.620 euros el 20 de enero de 2004. El 6 de febrero de 2004, Álvaro Pérez, El Bigotes, entrega 16.200 euros para un acto en Mislata.
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