El juez del Palma Arena investiga el origen del patrimonio de Jaume Matas

El juez José Castro decidió ayer investigar la presunta relación entre el patrimonio de Jaume Matas, ex presidente de Baleares y ex ministro de Aznar, con el caso Palma Arena, el megavelódromo cuyo coste casi se triplicó hasta los 110 millones, en el que están imputados una decena de ex altos cargos del PP, incluido el ex cuñado de Matas y ex tesorero de los populares de las islas, Fernando Areal. Matas, que desde 2007 vive en Estados Unidos, adonde se marchó tras perder el poder en Baleares, se mostró dispuesto a "colaborar" con la justicia y siempre rechazó las sospechas sobre el origen de sus bienes. El PP ve persecución política al partido en éste y otros casos destapados en Baleares.

Las investigaciones judiciales aluden directamente al presunto enriquecimiento ilícito de Matas, según fuentes judiciales. Castro, tras recibir e incorporar a la causa un informe de la Agencia Tributaria sobre la evolución del patrimonio y la renta del ex presidente, ha reclamado a la fiscalía la "documentación más extensa" que ésta acumuló sobre la evolución de los bienes y el nivel de vida de Matas y su familia. Castro decidió en una providencia "judicializar" las "diligencias informativas" de la fiscalía sobre el incremento de la fortuna personal de Jaume Matas, que se habían sustanciado en junio de 2009 en una denuncia penal por posible cohecho impropio que fue vetada por la cúpula de fiscalía y no pudo ser registrada ante un juzgado.

La labor de los fiscales del primitivo caso Matas, Juan Carrau y Pedro Horrach, fue bloqueada por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y por el fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, quien asumió para sí el asunto. La resolución final, lo que se preveía como un eventual archivo, se ha dilatado desde finales de julio, sin solución. Los fiscales Horrach y Carrau habían expresado su discrepancia con la decisión de sus superiores jerárquicos ante el Consejo Fiscal, órgano que les apoyó por unanimidad para que ellos continuaran en sus indagaciones sobre Matas.

En los cientos de folios de los informes de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil se ha ido filtrado la actividad económica privada del ex presidente balear (1996-1999 y 2003-2007) y ex ministro de José María Aznar (2000-2003). Según la investigación, Matas pudo incrementar en cerca de dos millones de euros el valor neto de su patrimonio con tres casas -dos en Mallorca y una en Madrid-, que son propiedad o disfruta su familia.

El juez Castro observa la existencia de una posible "conexión" con el supuesto despilfarro en las obras del Palma Arena y, por ello, quiere despejar los interrogantes sobre la fortuna del ex presidente, que eligió a los arquitectos y gerentes y trató de manera directa con constructoras del complejo deportivo. Durante la investigación sobre el velódromo se han rastreado empresas de construcción que trabajaron en las viviendas de Matas y que también operaron en adjudicaciones oficiales del Gobierno balear y del partido en las islas.

Fuentes judiciales consultadas ayer en Palma indicaron que existe la obligación de la fiscalía de trasladar las investigaciones al juez José Castro, que ya lleva un año examinado el caso del velódromo, cuyo coste se disparó desde 40 millones de euros a 110. En el asunto ya están imputados una docena de cargos del PP, cinco de ellos del entorno directo de Matas.

Si, como es probable, el magistrado Castro imputa y llama a declarar a Matas, será la primera vez que éste comparece ante un juez. Mientras era presidente y después ministro (entre 1996 y 2003), el que fuera fiscal general del Estado con los gobiernos del PP, Jesús Cardenal, evitó que Matas acudiera como testigo o imputado, como habían decidido los fiscales, en el caso Formentera/Mapau, que trataba sobre una supuesta compra de votos, una operación urdida desde la Presidencia que el fiscal del Supremo consideró "estética y éticamente reprochable". En otro caso, el del espionaje de correos electrónicos al PSOE, desviados al ordenador de Presidencia, la Audiencia de Palma exoneró a dos secretarios de Matas por pinchar los e-mails "de manera ciertamente ilegítima" en una acción "ética ni jurídicamente indiferente". Matas acusó al PSOE de querer "eliminar o destruir al adversario".