La número dos del PP imputa delitos al Gobierno

Las declaraciones de María Dolores de Cospedal acusando al Gobierno de instaurar un "estado policial" en el que se controlan de manera ilegal las conversaciones de destacados dirigentes de su partido que no están incursos en ningún sumario supone la imputación de un delito que, de probarse, podría conllevar consecuencias penales contra sus presuntos autores, según expertos penalistas, jueces y fiscales consultados por este periódico.

La secretaria general del PP señala en abstracto en sus acusaciones que el Gobierno utilizaría a los fiscales, a la policía judicial, el Ministerio del Interior y el Centro Nacional de Inteligencia para realizar esas supuestas escuchas ilegales.

Cualquier miembro de un cuerpo policial o del CNI que lleve a cabo esas escuchas, al tener la condición de "autoridad", habría cometido un delito contra los derechos individuales del artículo 536 del Código Penal, que castiga con inhabilitación de dos a seis años a la autoridad o funcionario que "mediando causa por delito", intercepte las telecomunicaciones de cualquier persona "con violación de las garantías constitucionales o legales".

Esa inhabilitación conllevaría además una multa si las conversaciones grabadas fueran divulgadas públicamente.

Algunas de las fuentes consultadas aseguran que esos funcionarios o autoridades, o los cargos que les ordenaron las escuchas también podrían haber incurrido en descubrimiento o revelación de secretos, una infracción que conlleva una pena de entre uno y tres años de prisión y multa. La orden de ejecutar ese espionaje por miembros del Gobierno o cargos de Interior implicaría también un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas), según algunos expertos.

Todo ello en caso de que Cospedal pudiera demostrar sus afirmaciones ante un juez. En caso contrario, es decir, si concretara los presuntos autores de esos delitos pero fuera incapaz de probarlos, ella misma podría haber cometido calumnias (acusar falsamente a alguien de la comisión de un delito) o calumnias contra el Gobierno de la nación o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, delitos ambos castigados con multa.