El Banco de España desvela múltiples irregularidades en la gestión de CCM

El informe de la Inspección del Banco de España sobre Caja Castilla La Mancha (CCM) es demoledor. Pone al descubierto "graves errores y carencias" en la gestión desde 2007, como operaciones concedidas a personas vinculadas al grupo para otros proyectos y un excesivo riesgo en el sector inmobiliario. Ello obligó a unos ajustes por valor de 1.102 millones de euros en la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2008. Asimismo, responsabiliza directamente al presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, e incoa expediente a los consejeros de los ejercicios 2007 y 2008, incluidos, pues, los del PP, que dimitieron en febrero.

En el informe, que entró en el registro del Banco de España el 29 de abril, la Inspección descarga toda una batería de irregularidades y vicios en la organización, el control interno y los excesos de concentración: "La estructura organizativa no contaba con líneas de responsabilidad clara y definida". Subraya que, aunque el presidente no tenía funciones ejecutivas, "en la práctica presidía la Comisión Ejecutiva, el Comité de Dirección y realizaba funciones de gestión de forma directa".

De los 1.102 millones de pérdidas brutas, 310 corresponden a la Corporación

Entre los grandes clientes había un 30% dudosos y un 34% 'subestándar'

A la Comisión de Inversiones la desnuda: "No ha velado por el cumplimiento de los objetivos que su reglamento establece, no realizaba contraste con estrategia alguna, no tenía en cuenta la capacidad financiera de la caja, no informaba al Consejo de Administración o comunicaba las decisiones con posterioridad".

Y al director general y el control de riesgos más de lo mismo: "No han limitado las demandas de financiación de las sociedades participadas y no se han apreciado en el entorno del control interno una segregación de funciones bien definida".

- Enumera las siguientes prácticas:

- La carencia de políticas de seguimiento de las inversiones se ha traducido en graves carencias de control y ha llevado a que se cometan graves errores de gestión, sobre todo en participaciones minoritarias en sociedades cotizadas, que suponen en torno al 50% del total de las inversiones.

- Concentración en el sector inmobiliario, que, unido al crecimiento de la inversión crediticia, ha hecho que se supere el límite del 35% marcado por el propio Consejo en junio de 2005.

- No se produce la necesaria independencia entre el análisis de riesgos y los intereses de la sociedad solicitante, destacando operaciones en las que se financia la práctica totalidad de la inversión para adquirir participaciones en sociedades relacionadas con la entidad y operaciones concedidas a personas vinculadas con la entidad en otros proyectos por un importe de riesgo elevado en relación con su capacidad de devolución.

- Ausencia de un cuadro de mando adecuado para la toma de decisiones, lo que provocó que la financiación mayorista sobre el total fuera del 39%.

- El seguimiento de la inversión crediticia se hacía con retraso y sin profundidad.

- La auditoría interna no recibía la atención necesaria de los servicios centrales.

Según la Inspección, "todos esos problemas hacen que la caja supere el límite de concentración de riesgos con empresas del propio grupo no consolidable y con otro grupo económico, ascendiendo el exceso a 168 millones". Asimismo, denuncia que no incluyó a las sociedades multigrupo, por lo que el exceso adicional se aproximaría a 290 millones, "alcanzando los riesgos con las sociedades del grupo no consolidado el 44% de los recursos propios de la entidad".

- El informe desglosa las actuaciones de CCM:

- Relativas a la contabilización y deterioro de las inversiones de CCM Corporación y otras participadas. La Inspección cuantifica en 309,8 millones de euros el ajuste. De ellos, 221,9 provienen del deterioro del valor de los activos en 35 de las participadas, especialmente en inversiones inmobiliarias. A esa cifra hay que añadir 14,5 millones de gastos financieros indebidamente activados; minusvalías por valor de 36,1 millones en una sociedad cotizada (presumiblemente Metrovacesa) y ajustes por 37,3 millones propuestos por Ernst & Young. - Relativos al deterioro de la inversión crediticia. Tras analizar los 125 clientes con créditos por más de 16 millones, una cartera de 4.011 millones, la conclusión es que nada menos que el 30% se consideran dudosos, el 34%, subestándar y otro 20% requiere seguimiento especial. De los 125 acreditados, 93 presentan "algún tipo de debilidad". El Banco de España pide reclasificar 902 millones como dudosos y ajustar la cuenta de resultados por 579,5 millones.

- Relativos al incumplimiento de los requerimientos de la anterior inspección. Con fecha 21 de octubre de 2008 se emitieron los requerimientos de una inspección sobre las cuentas de 2007 y se instaba a reconocer el deterioro de las participaciones en inmobiliarias a 30 de septiembre de 2008 por 196 millones, que se elevaron a 212 millones a final de año. El Consejo contestó el 15 de diciembre que se había acordado "encomendar a la dirección general la adecuada contabilización de las minusvalías". Pese a eso, la entidad las recogió como ajuste dentro del patrimonio neto, en lugar de la cuenta de resultados.

- Los ajustes anteriores arrojan unas pérdidas después de impuestos de 740 millones y una reducción de recursos propios por valor de 598 millones, muy por debajo del mínimo exigido.