La nacionalización de las pensiones desgarra la confianza en Argentina

La decisión del Gobierno argentino de eliminar los fondos privados de pensiones (AFJP) y de trasvasar el dinero acumulado al sistema oficial de seguridad social (Anses) provocó ayer, por segundo día consecutivo, una debacle en los mercados del país. La sospecha, muy extendida, de que la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, necesita echar mano de ese dinero para hacer frente a los pagos de la deuda y otros gastos, se dejó notar en los principales índices.

El riesgo-país, que mide el diferencial entre el tipo de interés de los bonos a 30 años lanzados por un país respecto a los emitidos por el Tesoro de EE UU (que se considera un activo seguro) se ha disparado hasta superar los 1.900 puntos, cinco veces más que hace un año. La Bolsa, por su parte, se dejó un 10,11%.

Un juez ordenó el registro de 10 firmas, incluida la filial de BBVA

El juez federal que inhabilitó a las empresas de AFJP durante siete dias para realizar cualquier tipo de operaciones, ordenó el registro de las sedes de 10 de las principales empresas AFJP, entre ellas Consolidar, del grupo español BBVA. El juez investigará si las empresas comenzaron a liquidar fraudulentamente sus activos cuando se conocieron los planes del Gobierno. Entre las empresas investigadas figuran también Orígenes, del grupo ING, Met, del grupo norteamericano Met-life y Máxima, del británico HSBC.

Las empresas afectadas aseguraron ayer que darán batalla en los tribunales de Justicia. El portavoz de la Unión de AFJP, Sebastián Palla, advirtió que con la nacionalización de estas empresas "desaparece el mayor inversor institucional de Argentina, lo que tendrá un impacto devastador".

Fernández aspira a conseguir que el Congreso y el Senado aprueben su proyecto antes de fin de año. En teoría, parte de la oposición debería estar de acuerdo, ya que en su momento rechazó la creación de las AFJP. Sin embargo, el problema que se plantea ahora no es tanto la existencia de ese sector privado como la desconfianza sobre el destino del dinero que entrará en la caja del Estado: 97.000 millones de pesos (unos 23.000 millones de euros). Si la presidenta creyó que ese dinero "fresco" tranquilizaría a los mercados internacionales y les daría la seguridad de que Argentina está en condiciones de pagar, el resultado parece haber sido momentáneamente el contrario.

La reacción política no fue mucho mejor. El portavoz del Grupo Radical en el Congreso, Oscar Aguad, aseguró que el proyecto de ley actual es "un auténtico disparate" y prometió que su grupo no dará su apoyo salvo que exista una revisión a fondo.

La Coalición Cívica, de Elisa Carrió, acentuó sus críticas y advirtió sobre "el saqueo" de los ahorros de los trabajadores. Según su opinión, Fernández necesita disponer rápidamente de dinero líquido para afrontar las próximas elecciones legislativas. Por su parte, el vicepresidente Julio Cobos dio su apoyo al proyecto, "siempre que se independice a Anses", un organismo que suele "prestar" sus fondos al gobierno, según las necesidades. Cobos es probablemente en estos momentos el político más popular de Argentina porque se negó a apoyar a Fernández en la frustrada batalla que la presidenta dio en julio para conseguir fondos aumentando los impuestos a la exportación de soja.

La decisión de "renacionalizar" las AFPJ se tomó, según asegura el diario La Nación, en una reunión en la residencia oficial de Los Olivos, en la que participó el ex presidente Nestor Kirchner (que no ocupa ningún cargo, pero al que se atribuye una enorme influencia en las acciones de su esposa, la presidenta) y el jefe del Gabinete, Sergio Massa. No hubo reunión del Ejecutivo, nada excepcional, dado que en Argentina no existe la institución del Consejo de Ministros reglado.