Comienza el cerco a la barra libre en Internet

Era demasiado bonito para ser cierto. Llegar a casa, encender el ordenador y ver o descargar tu vídeo favorito sin pagar un euro. Un repertorio audiovisual casi infinito que abarcaba desde el programa de televisión que nos perdimos ayer, la casposa canción del verano o un documental raro que nunca se puso a la venta. Pero los tiempos de la barra libre en Internet tocan a su fin.

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El cerco se estrecha en varios frentes. Un juzgado del Estado de Nueva York ha obligado a YouTube, propiedad de Google, a remitir a Viacom el registro de todos los vídeos de los programas de la productora que han visto sus millones de usuarios, así como la dirección IP (el número que identifica la conexión a Internet desde un ordenador) de cada uno de ellos.

Viacom, propietaria de marcas como MTV, Paramount o Dreamworks, demandó a Google en marzo de 2007 por permitir la visión de vídeos de sus programas sujetos a derechos de autor, y le pidió una indemnización de 1.000 millones de dólares. Viacom calcula que 160.000 vídeos de sus programas habían sido vistos más de 1.500 millones de veces en YouTube sin ningún tipo de autorización.

El juez ha desestimado el argumento de Google de que revelar las direcciones IP atentaba contra el derecho a la intimidad de sus usuarios al tratarse de datos personales. Para el magistrado, se trata de datos fundamentales para la resolución del caso, por lo que obliga a Google a que comparta los registros de YouTube, con millones de datos, y copias de los vídeos, que ocupan 12 terabytes de memoria (12 millones de megas).

Pero al portal de vídeos se le puede acabar el chollo en que basa su negocio ante la lluvia de querellas. Tele 5 presentó el pasado 19 de junio una demanda ante un juzgado de Madrid contra la web por difundir ilícitamente contenidos de la cadena. La Fox, en EE UU, y la principal cadena francesa también han demandado a YouTube, y la prensa escrita belga se ha querellado contra Google.

Mientras tanto, en el Reino Unido comienza el acoso contra los internautas que utilizan programas de intercambio de archivos p2p (peer to peer). La proveedora de acceso a Internet (ISP) Virgin Media ha remitido 800 cartas a sus clientes advirtiéndoles que no pueden usar el p2p (eMule, BiTorrent, Ares, etcétera) para descargarse música.

La operadora cumple así con el acuerdo al que ha llegado con la British Phonographic Industry (BPI), que representa a la industria discográfica, para realizar una campaña de concienciación sobre los internautas que realizan descargas "ilegales". Ni Tiscali, ni Talk to Talk, los otros dos grandes ISP, han firmado el acuerdo. La BPI quiere que se aplique en el Reino Unido el llamado modelo de los strikes: primero el ISP avisa al infractor que realiza descargas p2p; luego se le interrumpe la conexión temporalmente, y por último se le desengancha de la red definitivamente. Por el momento, el Parlamento británico no ha legislado a la espera de un acuerdo voluntario entre las partes.

En España, también cuecen habas. Julio Alonso, responsable de WeblogsSL y autor del blog Merodeando, ha sido condenado en primera instancia por vulnerar el derecho al honor de la Sociedad General de Autores (SGAE). El tribunal le ha impuesto una multa de 9.000 euros y le conmina a hacer pública la sentencia en su blog, informa Aitor Riveiro. Alonso, que ha anunciado su intención de recurrir la sentencia, se hizo eco en su blog de una campaña contra la SGAE por el sistema llamado Google Bombing, un método por el que se puede colocar cierta web en los primeros resultados de Google asociándolas a una palabra determinada. En este caso, se logró que cuando los usuarios buscaban la palabra "ladrones" apareciera como resultado la página oficial de la SGAE.