Cien nuevos barrios albergarán 90.000 viviendas, la mitad sociales
Los pisos aprobados por la Generalitat se construirán entre 2009 y 2012
El Ejecutivo catalán puso ayer la primera piedra del Pacto Nacional por la Vivienda. Y voluminosa. La Comisión de Urbanismo de Cataluña aprobó el documento que fija 100 nuevos ensanches en los que se construirán 90.157 viviendas, al menos la mitad de protección pública. Ahora empieza la cuenta atrás.
Por decreto ley, en marzo de 2009 el Gobierno deberá tener a punto el planeamiento y los proyectos urbanísticos para empezar a cimentar estas áreas. Un tiempo récord, puesto que este tipo de trámites pueden durar entre dos y tres años por vía ordinaria. Según las estimaciones de la Generalitat, los barrios se construirán entre 2009 y 2012. El consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, aseguró que la vivienda pública prevista ya supone el 30% de los objetivos del Pacto por la Vivienda.
La mitad de los pisos que se levantarán estarán en las principales ciudades de la región metropolitana de Barcelona, como adelantó ayer EL PAÍS. Los técnicos de Política Territorial y Obras Públicas (PTOP) buscaron agujeros hasta en las ciudades más densas. La capital catalana tendrá uno de estos barrios, llamados áreas residenciales estratégicas (ARE), en Vallbona (Nou Barris). En la primera corona, Sant Coloma de Gramenet y L'Hospitalet contarán con dos ARE cada localidad, mientras que habrá uno en Sant Adrià de Besòs y otro en Badalona. Pero estos barrios se extienden por toda la provincia: desde Malgrat de Mar hasta Vilanova i la Geltrú, por la costa, y desde las ciudades industriales del Baix Llobregat y el Vallès hasta Manlleu, Vic e Igualada.
Integración en la ciudad
Los nuevos barrios manchan casi todo el mapa catalán. En concreto, habrá en 86 municipios. Estarán en el delta del Ebro (por ejemplo, Amposta), en Lleida (en la capital, Balaguer, Tàrrega y Cervera), en los Pirineos (Tremp y Puigcerdà) y en las comarcas de Girona (Figueres, Ripoll, Olot y los tres de la capital). El secretario de Planificación Territorial, Oriol Nel·lo, sostuvo que el documento presentado ayer dibuja "el futuro crecimiento urbano y la distribución territorial" de Cataluña. Nel·lo explicó que los barrios compartirán una densidad de 50 viviendas por hectárea, se integrarán en la red urbana y estarán comunicados con transporte público. "No serán barrios dormitorio", insistió Baltasar.
Además de tener la mitad de vivienda social, estos ensanches, con una media de 1.000 viviendas, nacerán con los equipamientos necesarios para dar servicio a sus nuevos vecinos. Esto se garantiza porque la cesión para equipamientos es del 15%, el 5% más de lo habitual.
La construcción de las ARE, además, se proyecta como una posible forma de reactivar el sector inmobiliario en un momento de crisis. El consejero de PTOP, Joaquim Nadal, argumentó que este proyecto también busca "generar empleo y satisfacer las necesidades de vivienda". De la construcción de los pisos cuidarán promotores públicos y privados. La secretaria de Vivienda, Carme Trilla, explicó que las administraciones se encargarán sobre todo del parque de vivienda en alquiler. En todo caso, estos ensanches se urbanizarán mediante un consorcio entre los ayuntamientos y el Incasol.
19 alcaldes de CiU desoyen al partido
Entre los 86 ayuntamientos con áreas residenciales estratégicas (ARE) figuran 19 con alcaldes de CiU y otros dos (Cerdanyola y Badalona) donde la federación está en el Gobierno local. El acuerdo entre estos municipios y el Ejecutivo contrasta con la posición de CiU, que ayer se reiteró en su rechazo a las ARE.
Cuando se aprobó el decreto que establece esta figura, CiU se opuso a ella al considerar que invadía competencias municipales. Sin embargo, 19 municipios con alcaldes de CiU han aceptado ARE. Entre estos se hallan Vic, Figueres, Banyoles, Amposta, Valls, Tortosa, El Vendrell y Martorell, a pesar de que este último aprobó una moción contra el decreto.
El argumentario distribuido por CiU contra las ARE critica que la urgencia es innecesaria y que el Incasol ya tiene suelo para promover vivienda social. La federación incluso distribuyó una moción tipo, todavía colgada en su web, contra el decreto.
Sin embargo, Valls fue uno de los primeros municipios en pedir, y públicamente, uno de estos barrios. Figueres tampoco escondió su disposición a acoger una ARE. El diputado de CiU Carles Sala justificó la predisposición de municipios como Valls o Perafort y recordó que ya tenían planeamientos en marcha. Además, cuestionó que los 90.000 pisos estén en 2012 y que "sea un buen momento para crear 100 barrios cuando hay pisos nuevos que no se venden".
