A la sombra de Cataluña

Desde el primer momento hasta el último, la sombra de Cataluña se ha proyectado sobre la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Así lo han querido los cuatro grupos políticos del Parlamento andaluz tanto a la hora de marcar los ritmos de la negociación, de inspirarse o alejarse del texto catalán, como de fijar sus estrategias políticas o de argumentar sus posiciones.

La reforma del Estatuto andaluz, defendida por el socialista Manuel Chaves en junio de 2001, figuraba en las promesas electorales de todos los partidos, con excepción del popular, que ni la impulsó ni la consideró necesaria.

LAS ESTRATEGIAS La teoría de las traineras

El resultado de las elecciones autonómicas de marzo de 2004 dejó al PP (37 escaños) en una posición irrelevante para sacar adelante la proposición de ley de reforma. A los 61 diputados socialistas les faltaban cinco votos más para lograr los tres quintos necesarios (66 de 109) para llevarla a las Cortes. Esa suma se conseguía tanto con IU (seis) como con el Partido Andalucista (cinco). Algunos consideran que el PP cometió un error de cálculo al creer que el presidente federal del PSOE y de la Junta, Manuel Chaves, no iba a atreverse a presentar en el Congreso una reforma sin el apoyo del principal partido de la oposición, que durante los trabajos en el Parlamento andaluz ha permanecido de brazos caídos.

Chaves, un político que suele aplicar la máxima mexicana de si "te afliges te aflojan", siempre ha querido el consenso, pero tanto él como su partido tenían claro que si esperaba a que el PP despejara sus dudas no cumpliría su promesa electoral de sacar en esta legislatura el proyecto. De esa forma, el calendario adquirió la misma importancia que el contenido, con el fin de que el referéndum de ratificación pueda celebrarse el 25 de febrero de 2007, tres meses antes de las elecciones municipales.

En este camino fue básica la apuesta estratégica de Izquierda Unida por separar la oposición al Gobierno andaluz de la aprobación del Estatuto, sacudiéndose el estigma de la etapa de la pinza entre 1994 y 1996. Conforme el PP y el PA -que cayó en el tancredismo en muchas fases de la tramitación-, se separaban del proyecto, socialistas e IU fueron trenzando una complicidad inédita hasta entonces y pergeñando un proyecto escorado a la izquierda. Desde ese momento, IU se convirtió en el pasaporte de entrada del Estatuto en las Cortes, en su seguro de vida.

Una muestra de la implicación de los partidos en la reforma fueron los documentos registrados en junio de 2005 con sus propuestas. Es ahí donde se ve quién tiene o no una idea de Estatuto. Socialistas e IU fueron los más precisos al plantear un paquete de propuestas en nuevos derechos sociales, competencias (con el Guadalquivir como reclamación principal), medio ambiente y en la participación de Andalucía en todas aquellas decisiones que afecten a la comunidad. El PA resaltó los aspectos identitarios como la definición de Andalucía como nación y la bilateralidad.

El PP registró un proyecto huero, porque durante mucho tiempo creyó que la reforma era el nuevo juguete de los socialistas para desviar la atención y que el consenso con el PSOE en el Estatuto era tanto como sacar bajo palio a Chaves en una próxima contienda electoral. La principal competencia que reclamó la derecha es que se actualizaran las cámaras de la propiedad urbana.

Hasta finales de 2005, los grupos mantuvieron un clima de buena relación. Pese a que el PP no se implicó en los trabajos y expresó sus "dudas" o "reservas" sobre determinadas propuestas, su principal dirigente en Andalucía, Javier Arenas, daba por hecho el acuerdo. "Algunos días me levanto y digo que el nivel de acuerdo es del 90% y otros, que me llaman carroñero, digo que el 80%", afirmó en abril de ese año. En esta fase, los ponentes están muy atentos a las evoluciones del debate en Cataluña y posponen varias veces la discusión sobre las competencias o la financiación esperando a ver qué pasa en Barcelona. Aplican la teoría de las traineras acuñada por el secretario federal de Política Autonómica del PSOE, Alfonso Perales, según la cual Andalucía debía seguir con atención otras reformas como la catalana, ya que ésta iba a marcar el límite.

PLANTÓN DE PA Y PP "Sospechas de agravio"

A principios de este año, el PA estuvo con un pie dentro y otro fuera, mientras que el PP reclamó parar del todo el reloj hasta saber el resultado de las negociaciones catalana. Cuando el Estatuto catalán ya tiene dibujadas sus coordenadas, el PSOE asume la tipología de competencias que defienden tanto IU como PA, copiada del proyecto catalán. Estos tres partidos reclaman materias exclusivas del Estado mediante el artículo 150.2 de la Constitución y, aunque con una redacción menos pormenorizada, detallan cada competencia para evitar que el Estado "desapodere" a la comunidad.

Poco después, el PA renegó de este acuerdo y, sin pretenderlo, brindó al PP la oportunidad de dar un plante a los trabajos de la ponencia. Los andalucistas deciden abandonarla por las "sospechas" de que en la negociación catalana se están produciendo unos avances que suponen "una gravísima discriminación" para Andalucía. Los populares le siguieron al rebufo y pidieron a los socialistas "garantías" de que no se iban a producir "ninguna discriminación" de la comunidad.

Cuando el 22 de enero de este año, el presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de CiU, Artur Mas, cierran un acuerdo sobre el Estatuto catalán, la izquierda se conjuran para incluir en el borrador una cláusula que garantice a Andalucía que la inversión estatal respetará su población, un criterio más beneficioso que el del PIB acordado para Cataluña.

ESTUDIAR CATALÁN "Zapatero lo consiente y Chaves lo apoya"

En todas las fases del Estatuto en el Parlamento andaluz, desde que era sólo un borrador, el texto salió adelante con los votos de socialistas e IU; y la abstención y el rechazo de PP y PA.

La estrategia nacional del PP de resucitar el debate territorial y la acusación contra Zapatero de que España se rompe fue especialmente virulenta en Andalucía, una comunidad sobre la que no existe duda alguna de su pertenencia a España. El PP andaluz puso en marcha en febrero una campaña que indigna a los partidos catalanes y que no deja indiferente a nadie. Contrata cuñas radiofónicas publicitarias con el siguiente diálogo:

-¿Sabes que si nos vamos de Andalucía a Cataluña nuestro hijo tendrá que estudiar catalán?

-¿Cómoooo?

-Lo que oyes, que en Cataluña es obligatorio estudiar catalán y no se puede en español, que es la lengua de todos.

-¿Y por qué?

-Porque Zapatero lo consiente y Chaves lo apoya.

Ni las reuniones convocadas por Chaves con los líderes del PP (Javier Arenas), IU (Diego Valderas) y PA (Julián Álvarez) -todos ellos sin escaño en la Cámara- sirvieron para sacar un Estatuto de consenso en Andalucía. Tampoco valieron las ofertas del PSOE para negociar, reforzando los apelativos a la Constitución pero sin rebajar el texto pactado con IU, un centenar de votos particulares de los populares. El PP andaluz decidió plegarse a la estrategia de su dirección nacional y desoír las reflexiones de muchas personas que creían un suicidio político que la derecha permaneciera otra vez al margen de la autonomía andaluza como el 28 de febrero de 1980.

REALIDAD NACIONAL "Cachondeo", "chririgota"

Y en estas llegó Manuel Clavero Arévalo al Parlamento. El ex ministro de la UCD, mentor político de Arenas, propone incorporar al Preámbulo la alusión a la realidad nacional de Andalucía, con una redacción idéntica a la que figura en el Estatuto catalán.

El PSOE la asumió en sus enmiendas, después de un intenso debate interno, para atraerse al PA al consenso, aunque no le sirvió para nada. La agresiva reacción que provocó fuera de Andalucía esta expresión hizo que el PSOE la convirtiera en una bandera, mientras arreciaban las críticas al Estatuto, del que Mariano Rajoy dijo que era un "cachondeo", María San Gil "una chirigota" y Jaime Mayor Oreja pronosticara una explosión islamista. Además, socialistas e IU dieron una nueva vuelta de tuerca al proyecto al incorporar numerosas enmiendas copiadas del Estatuto catalán para "no quedar ni un milímetro por debajo".

El 2 de mayo PP y PA, desde posiciones políticas opuestas, votaron no a los 246 artículos del nuevo Estatuto. De nada sirvió que el PSOE ofreciera a los populares incorporar menciones a la unidad de la nación española o apelar al ordenamiento constitucional para que el PP se sumara al acuerdo. Los populares acusaron al presidente Chaves de "antiespañol" y de "dar coartada a los nacionalismos insolidarios". Similares argumentos utilizó el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, en el pleno de la toma en consideración del proyecto en el Congreso el 23 de mayo: "Consideran a Andalucía una hermana menor de Cataluña y que para dejar de serlo necesita repetir los mismos errores que su hermana".

EL CONGRESO Recuperar el consenso

La llegada de la propuesta al Congreso en el mes de septiembre marcó un punto y aparte en la negociación. Durante el verano, Chaves y Arenas se intercambiaron documentos a través del ex secretario general del PP Juan Ojeda, en los que señalan sus líneas rojas. Ambos se entrevistaron sin publicidad alguna. La clave para el acuerdo está en las enmiendas socialistas a 87 artículos del texto aprobado en Andalucía, cuyo estribillo es: "Constitución, Constitución, Constitución" y "España, España, España". Y también, en la presión de los alcaldes del PP agobiados ante las perspectiva de pedir el voto negativo en el referéndum a tres meses de las municipales. Desde ese momento, el PP suprimió de su vocabulario cualquier crítica estridente, valora las enmiendas socialistas y Mariano Rajoy enmudece sobre el Estatuto en Andalucía. Los socialistas lanzan hasta elogios a sus adversarios por su predisposición, mientras aplauden por lo bajini las ácidas críticas que IU dirige al PP por su cambio de posición.

En realidad, los tres partidos no han parado de moverse ni un momento para intentar acercar posiciones, aunque la aspiración del PP era expulsar a IU y la de la federación, echar al PP. El PA ni está ni se le espera. Y los socialistas no quieren soltar ninguna de las puntas del elástico, porque le daría de lleno en la cara.

CONSTITUCIÓN AL CUBO Cambios de "perogrullo"

En la ponencia, a puerta cerrada, y en la Comisión Constitucional, abierta a las cámaras, PSOE, PP e IU van pactando uno a uno los artículos del texto, en un clima de consenso al que contribuye Alfonso Guerra. El presidente de ese órgano coquetea con los populares para que se sientan cómodos en los trabajos, mientras lanza algunos puyazos a los suyos. Cuentan que durante el debate en ponencia de las competencias, Guerra repetía "qué barbaridad, qué barbaridad" mientras leía los artículos de ese título.

Lo que antes el PP veía como un Estatuto "centralista" y "antimunicipalista" ahora es un ejemplo de descentralización, cuando los cambios son mínimos. La oposición a la enseñanza laica y al derecho a la muerte digna se redactan de distinta forma para decir lo mismo y las competencias y la relación bilateral con el Estado dejan de ser aspiraciones soberanistas porque se cita a la Constitución, la prevalencia de la legislación estatal o se introduce las palabras "cooperación" y "coordinación" en 60 ocasiones. Con estos cambios de "perogrullo", según la portavoz de IU, Concha Caballero, que afectan a 120 artículos, el partido de Rajoy cree que jurídicamente no contradice su recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, mientras que el PSOE se siente bastante más cómodo. A IU la profusión de latiguillos constitucionales le parece una sobredosis innecesaria, tanta como afirmar: "No soy delincuente".

DOS PALABRAS El híbrido

Lo último que se pactó del Estatuto fueron dos palabras: realidad nacional.

Arenas -tras la abrupta irrupción del portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, contrario al acuerdo- vence las resistencias internas. El popular Federico Trillo y el socialista Diego López Garrido, conectados por teléfono con Rajoy y Chaves, redactan la fórmula final, un híbrido donde se alude a un desconocido Manifiesto andalucista de Córdoba de 1919 -que nadie se ha debido leer al completo porque en él se declara a Andalucía "separatista" del Estado- y a la Constitución.

Cuando ayer el Congreso aprobó por unanimidad el Estatuto, la sombra de Cataluña siguió proyectándose y esta vez con una penetrante resaca electoral.