Cerrado por defunción

El proceso contra Slobodan Milosevic quedó ayer cerrado por defunción. Patrick Robinson, presidente de la sala que le juzgaba por genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad, lamentó que la muerte del encausado haya privado a las víctimas de las guerras de los Balcanes de una sentencia firme. Fuera del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), con sede en La Haya, arreciaron las críticas hacia la fiscal jefe, Carla del Ponte. Se le achaca haber alargado demasiado el proceso al acumular, en un solo juicio, todos los delitos presuntamente cometidos por el fallecido en Kosovo, Bosnia y Croacia.

El cierre formal del proceso contra Milosevic duró apenas unos minutos. El juez expresó su pesar por la defunción y sus consecuencias para el buen curso de la justicia, y levantó la sesión. Fue la última y la más inesperada del primer juicio contra un ex jefe de Estado por genocidio. Para Del Ponte, la desaparición de Milosevic ha sido muy dura, y su actuación está siendo muy criticada. Ella recuerda que la obligación del TPIY es averiguar la verdad de lo ocurrido y hacer justicia a las víctimas.

Según sus detractores, de haberse concentrado, por ejemplo, en el sumario de Kosovo, lo habría logrado. Como presidente yugoslavo, Milosevic ordenó en 1998 el envío de tropas a la provincia, de mayoría albanesa. El acta de acusación le señalaba como responsable de deportar a 800.000 albaneses y del asesinato de centenares.

Pero la idea de Del Ponte era más ambiciosa. Y correcta, desde el punto de vista procesal. Calificó todos los delitos de conexos porque sobre ellos planeaba la idea de la Gran Serbia. Una patria sólo para los serbios. Por eso, recibió complacida el pasado año la decisión de los jueces de apelación del TPIY de que no se dictara un fallo exclusivo para el sumario de Kosovo. "La personificación de la tenacidad", uno de los apodos de la fiscal, no ocultó ayer su decepción al asistir al cierre forzoso del juicio que le ha absorbido durante los últimos cuatro años.

Por otra parte, las dudas acerca de las obligaciones de la ONU y de Holanda en la vigilancia de Milosevic en la cárcel del TPIY siguen sin despejarse. Naciones Unidas y La Haya firmaron en 1994 un acuerdo que fijaba la seguridad y el orden del centro penitenciario, pero la primera retiene la responsabilidad sobre la detención. Con estrictas normas de control de los internos y de sus visitas, la posibilidad de que Milosevic hubiera tomado por su cuenta medicinas nocivas no encajaría.

El TPIY recuerda que todos los visitantes, abogados y médicos externos incluidos, están sujetos a las mismas revisiones de su ropa y enseres. Sí es verdad que los asesores legales de los internos disfrutan de confidencialidad durante sus reuniones. El ex presidente, que asumía su propia defensa, les veía en su oficina particular a puerta cerrada, sin cámaras ni altavoces. Eran también los únicos que podían darle "documentos relativos al caso que no eran leídos por nadie más". Las conversaciones telefónicas privadas tampoco se grababan.

En cuanto a los médicos, Milosevic podía pedir la presencia de los suyos particulares de Serbia. Las medicinas recetadas y su administración eran controladas por el oficial médico de la cárcel. A pesar de estas cribas, Gerard Strijards, experto en Derecho Penal Internacional, ha advertido que Holanda sigue siendo responsable de la seguridad y trato recibido por los reclusos del TPIY. "Están en nuestro territorio", ha dicho. Y les vigilan guardas de la ONU y de la propia cárcel holandesa.