El Ayuntamiento prepara una campaña para disuadir a los clientes de la prostitución

El plan de choque contra la prostitución que prepara el Ayuntamiento incluirá como medida estrella una campaña de sensibilización social dirigida a los clientes que contratan los servicios sexuales de las meretrices, según reveló Ana Botella, concejal de Empleo y Servicios al Ciudadano. Botella, que inauguró ayer junto con Eduardo Zaplana, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el seminario sobre El tráfico de mujeres y la prostitución, se mostró contraria a legalizar una actividad que es una de las mayores formas de violencia que hay contra las mujeres.

El plan de choque que está preparando la concejalía de Empleo y Servicios al Ciudadano en colaboración con otras áreas figura entre las actuaciones prioritarias del Gobierno municipal y se presentará "en un plazo corto de tiempo, antes de marzo", concretó Ana Botella, tercera teniente de alcalde en el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón. Éste se mostró la pasada legislatura, cuando era presidente de la Comunidad, a favor de regular la prostitución. En sentido similar se han manifestado otros cargos del PP, así como colectivos, como Hetaira, que trabajan con las meretrices. Pero esas propuestas de regularización chocan con los convenios internacionales ratificados por España para luchar contra toda forma de violencia contra las mujeres.

Ana Botella se manifestó ayer contraria a legalizar la prostitución y recordó que "el Ayuntamiento no tiene capacidad normativa". "Lo primero que tiene que haber es un cambio de mentalidad", concretó. Para ello, por primera vez desde la administración, se va a abordar el papel del cliente en la prostitución con una campaña de sensibilización sobre el drama que hay detrás de las personas obligadas a vender su cuerpo. "La prostitución es una forma de violencia hacia las mujeres y los menores, y el cliente de estos servicios desconoce el grado de marginación y explotación que tienen que soportar. L

a prostitución es la esclavitud del siglo XXI", afirmó Botella.

Para realizar esa campaña, el gobierno municipal ha analizado el modelo implantado en Suecia desde 1999, cuando tras un intenso debate social entró en vigor una ley que protege a las mujeres y penaliza tanto a los proxenetas como a los clientes de servicios sexuales. S

imultáneamente, el Gobierno sueco realizó una campaña con carteles en las marquesinas de autobuses y en todos los transportes públicos denunciando el anonimato en el que se esconde el hombre dispuesto a pagar por esos servicios sexuales, según explicó ayer Gunilla Ekberg, asesora del Gobierno sueco en el plan para erradicar el tráfico de mujeres.

Dos caras de una moneda

"Los clientes tienen que ser conscientes de que su papel es similar al del proxeneta. Cliente y proxeneta son dos caras de una misma moneda", afirmó Ekberg. El seminario sobre Tráfico de mujeres y prostitución se dedicó íntegramente a analizar la experiencia de Suecia, presentada, entre otros, por la ministra de Democracia, Integración y Asuntos de Igualdad de Género, la socialista Mona Sahlin. Shalin reclamó la necesidad de llegar a acuerdos para frenar el tráfico de mujeres porque "cuantos más países legalicen la prostitución, más dificil será luchar contra el tráfico de mujeres". "Donde hemos hecho mejoras más reales es en el apoyo social para dar a las mujeres condiciones dignas de vivienda y trabajo. Ninguna niña sueña con ser prostituta de mayor, ni ningún padre quiere esa actividad para su hija", afirmó Shalin. Merced a esas ayudas, 1.000 mujeres han abandonado la prostitución en Suecia desde 1999. En ese mismo periodo de tiempo, 666 varones han comparecido ante el juez por contratar servicios sexuales. Las dos terceras partes de ellos han sido condenados. Las sanciones (multas o penas de hasta seis meses de cárcel) las establece el juez en función de los ingresos del condenado. La multa más alta, 5.000 euros, equivalía a 70 días del salario del cliente, según Ekberg. Tanto esta experta como Hans Ihrman, fiscal del departamento de Tráfico de Seres Humanos, insistieron que para evitar llegar a esas sanciones "es necesario crear una opinión pública que no permita que se trate a las mujeres como mercancía".

En línea con esas intervenciones, Inés Sabanés (IU) y Elena Arnedo (PSOE) reclamaron para Madrid un debate social "abierto y global". "Vamos a trabajar para que Madrid no sea destino fácil para los traficantes, proxenetas y mafias; vamos a trabajar para apoyar a las víctimas y vamos a trabajar por sensibilizar a la población por deshacer mitos", concluyó Asunción Miura, gerente municipal de Igualdad.