Comandos antifraude

Las instituciones políticas estadounidenses están poniendo toda la carne en el asador para recuperar la confianza de los inversores en la honradez y transparencia de las empresas y los mercados. Al menos ésa es la impresión que se quiere transmitir con insistencia a los accionistas y ciudadanos. Un informe del Senado acaba de subrayar la responsabilidad de los consejeros de la empresa en la quiebra del gigante eléctrico Enron, porque no prestaron atención a los indicios clamorosos de fraude y crisis de la compañía.

El Senado ha pretendido completar así el cuadro de responsabilidades que hasta ese momento se había centrado en los directivos de Enron y en el auditor Andersen. El presidente George Bush ha anunciado su deseo de crear una comisión federal especializada en la investigación de fraudes empresariales y la duplicación de las penas de cárcel -hasta diez años- para los directivos que cometan acciones empresariales fraudulentas.

La implicación política en la recuperación de la credibilidad del mercado es evidente; hace falta comprobar que será suficiente. En todo caso, el anuncio justiciero de Bush tiene un carácter complementario de los cambios legales que está preparando el Congreso estadounidense. Los críticos se han apresurado a resaltar la ausencia en el discurso presidencial de cualquier mención a la proliferación del sistema retributivo de stock options, considerado por los analistas como el origen de la codicia de los directivos y, lo que es peor, de la excesiva atención que prestan los gestores a los resultados a corto plazo y a la evolución de los mercados, olvidando los problemas industriales y de creación de riqueza.

Por otra parte, habría que conceder más eficacia a las reformas pendientes de los sistemas de contabilidad y control de auditoría. La imprecisión en los criterios de contabilidad, la indiferencia ante las prácticas conocidas de las empresas -la fiebre de las puntocom generó una contabilidad muy particular ante la que los reguladores del mercado hicieron la vista gorda-, han deteriorado tanto la fe en el sistema como los fraudes de los directivos y las rapiñas de los administradores.

Los inversores no van a recuperar la confianza sólo porque Bush prometa endurecer las sanciones o amenace con rayos y truenos a las empresas enfangadas en cuentas mentirosas. Los mercados estadounidenses responden más al pragmatismo y reaccionarán sólo ante los hechos ciertos y las normas promulgadas. El sistema económico-legal de EE UU mantiene una fuerte inercia a favor de la autorregulación, sea de los abogados, los economistas o los auditores. Lo que Bush propone ahora es un cambio drástico de modelo para imponer la disciplina de la integridad empresarial desde instituciones federales. Es una apuesta arriesgada y en el caso de que funcione -es decir, de que no se olvide cuando la situación de la economía mejore- tardará meses en hacerlo.

Pero lo que sí ha funcionado en Estados Unidos es su sistema legal. En un plazo de meses, la justicia ha resuelto el caso Andersen, ha sancionado a Tyco y está investigando intensamente a Global Crossing y otros grupos empresariales y caben pocas dudas de que llegará hasta el fondo de los asuntos que los accionistas le propongan. La calidad de los tribunales estadounidenses, muy superior a la de los franceses o españoles, por poner dos ejemplos próximos, es una garantía para los accionistas defraudados. Los inversores quieren la misma calidad en las instituciones de control empresarial. Aunque quizá no lo consigan del todo, la claridad de objetivos contrasta con la difuminada respuesta política en Europa.