Afganistán: sin derechos humanos no habrá una solución duradera

Desde la toma de Kabul por el Frente Unido nos están llegando de Afganistán increíbles imágenes en las que se mezclan el temor y la esperanza: cadáveres sangrientos de paquistaníes y árabes ejecutados, una locutora de televisión contenta de poder volver a presentar el informativo y -una de las imágenes más impresionantes- un niño soldado de nueve años, perteneciente a la comunidad hazara, resuelto a derrotar a los talibanes.

Es en este nuevo contexto de temor y esperanza en el que todos hablan del futuro del país. Diez años atrás, después del fracaso del proceso de paz, el mundo le volvió la espalda a Afganistán. La comunidad internacional no debe dejarlo abandonado una vez más. Los esfuerzos internacionales para llegar a un acuerdo de paz indican que los Estados son conscientes de que asegurar la estabilidad política de Afganistán es un asunto de interés común a largo plazo, pero no debemos permitir que las negociaciones se reduzcan a la cuestión de la participación en el poder.

El centro de las conversaciones deben ser los derechos humanos de la población afgana. La protección de los derechos humanos no es una cuestión de idealismo romántico, sino de duro pragmatismo, ya que constituye la clave del futuro. Si no se planta firmemente la cuestión de los derechos humanos en el centro de las negociaciones, lo más probable es que el ciclo de la violencia continúe.

Antes que nada hay que resolver la cuestión de cómo proporcionar de inmediato protección sobre el terreno. Debe facultarse a la ONU para que realice tareas de observación de las violaciones de derechos humanos. Los informes imparciales de los observadores ayudarían, por un lado, a corroborar los informes de violaciones del derecho internacional humanitario y, por el otro, aumentarían la confianza de la población en el proceso de paz y transmitirían a todas las partes en conflicto el mensaje de que sus acciones son observadas.

Asimismo, los gobiernos deben limitar urgentemente las transferencias de armas a Afganistán. Hace años que la proliferación de armas llegadas del extranjero viene contribuyendo a la comisión de abusos contra los derechos humanos. Los gobiernos tienen la responsabilidad de asegurar que las transferencias de armas y ayuda militar no se usarán para cometer más abusos. Cualquier acuerdo político deberá incluir medidas de desarme y desminado, y la comunidad internacional deberá proporcionar recursos adecuados para estas tareas.

La segunda cuestión es la de quiénes van a integrar el gobierno provisional. El gobierno no debe incluir a nadie que haya cometido abusos contra los derechos humanos. Tal falta de visión causaría problemas en el futuro. Por el contrario, es necesario pedir cuentas de sus actos a los responsables de los abusos cometidos en el pasado. No pueden confiarse los destinos del país a individuos que hayan ordenado matanzas y torturas.

La historia demuestra que no es una buena solución ignorar, por razones de conveniencia política, las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. De Camboya a Sierra Leona, de Angola a Chile, el legado de graves violaciones de derechos humanos ha obstaculizado el proceso de paz y afectado a comunidades enteras, hasta décadas después de perpetrados los abusos.

Aunque es verdad que atender a la necesidad de reconciliación nacional en las sociedades que han sufrido los estragos de la guerra y la represión es algo de primordial importancia, no es menos cierto que tolerar la impunidad en aras de un acuerdo político inmediato no conducirá a la estabilidad a largo plazo.

En tercer lugar, los que están negociando el acuerdo deben insistir en que los participantes afganos ofrezcan garantías de respeto a los derechos humanos. Tales garantías no deben ser sólo teóricas, sino que deben ir respaldadas en el futuro inmediato con actividades de observación, y a más largo plazo mediante instituciones eficaces de justicia penal, fundadas en los derechos humanos y el Estado de derecho.

Finalmente, deben hacerse realidad las declaraciones sobre la necesidad de implantar un gobierno de amplia base, cimentado en la pluralidad étnica, y ese gobierno debe incluir a las mujeres. Durante los 23 años que ha durado el conflicto, las mujeres de Afganistán han padecido sufrimientos inmensos. En la década de los setenta, las mujeres desempeñaban un papel importante en la sociedad afgana, especialmente en los terrenos de la medicina y la educación. Esta trayectoria ofrece hoy una valiosa base para la participación significativa de la mujer en la reconstrucción del país.

No hay soluciones instantáneas para lograr la paz y la estabilidad en Afganistán. La consolidación de la paz es una tarea a largo plazo que exige el compromiso de la comunidad internacional y, por encima de todo, de la población afgana. Hay algo que debe resultar claro desde el principio: los derechos humanos no deben ser simplemente uno de los puntos del programa de acción, sino que ellos mismos deben constituir el programa de acción.

Irene Khan es secretaria general de Amnistía Internacional.