Ni 'ingenua' ni 'ignorante'

La magistrada critica duramente en los fundamentos jurídicos de la resolución las alegaciones de ignorancia de Pilar Giménez-Reyna: 'No es de recibo que la actitud de la señora Giménez-Reyna, reflejada según su letrado en una tremenda ingenuidad e ignorancia capital sobre aspectos esenciales de cualquier negocio, sirva de argumento exculpatorio'. La juez precisa que hay que pensar que la presidenta de Gescartera, por trabajar en sociedades desde 1982, 'sabe y conoce la operativa interna de cualquier sociedad en la que haya trabajado, porque, caso contrario, no sería ni apta para asumir y aceptar los diversos cargos que fue ostentando hacia arriba, pues conllevan una carga que hay que cumplir y no es muy serio mantenerse de espaldas a ese compromiso legal con trascendencia interna en el desarrollo y externa para con terceros que acuden y conciertan operaciones con la sociedad'. Y agrega que, por el contrario, Giménez-Reyna debió asumir completamente los deberes del cargo para que fueran 'garantía de solvencia y de confianza' para los clientes.

Sin impedimentos

La juez no da credibilidad a la afirmación de Pilar Giménez-Reyna de que si hubiera llegado a saber la existencia de un agujero de 18.000 millones de pesetas en Gesacartera su comportamiento hubiera sido muy otro, y argumenta que 'es claro que podía y debía comprobarlo y que ningún obstáculo insalvable consta que se lo impidiera'.

La resolución explica que en la conducta de la imputada se percibe que, más allá de una mera preocupación, estaba al tanto de lo que ocurría a lo largo de 1999 y hasta mediados del siguiente año, como lo refleja la anotación de 10 de mayo de 2000, en la que refleja el resultado de la inspección de la CNMV que concluyó con multas de 11 millones de pesetas por obstaculizar la supervisión, por defectos contables y falta de claridad. También destaca que Enrique Giménez-Reyna le recomienda 'no aceptar, y alegar'. Luego anota lo que parece que es la decisión de la sociedad: callar y recurrir por vía contencioso-administrativa.

Teresa Palacios razona que 'el exceso de confianza en personas sancionadas ni minimiza ni desplaza la cuota de responsabilidad de quien ostenta cargos y tiene el deber de controlar cualquier incidencia', y agrega que Pilar Giménez-Reyna podía haber dimitido y apartarse de la sociedad (...), o comunicar la situación a la CNMV, o pedir la revocación de los poderes que tenía, 'siendo de todo punto insuficiente que se limitara a coger por las solapas al señor Camacho'.