Rubí sostiene que el Atlético necesita una inyección de 15.000 millones

El Atlético de Madrid es viable pero necesita una ampliación de capital de "manera inmediata", según manifestó ayer el administrador judicial del club, Luis Manuel Rubí, tras entregar en el Juzgado Central número 6 el informe de gestión que le encargó el juez Manuel García-Castellón el pasado 21 de diciembre, al nombrarle para el cargo. Aunque Rubí no quiso entrar en mayores precisiones, fuentes próximas a la actual administración precisaron que la ampliación de capital que se recomienda sitúa la cifra en torno a los 15.000 millones de pesetas.

Luis Manuel Rubí entregó ayer a la hora límite, cerca de las dos y media de la tarde, su informe sobre gestión y viabilidad del club, que consta de 42 folios y varios anexos encuadernados en carpetillas azules con el anagrama del Atlético de Madrid. Precisamente ayer finalizaba el plazo inicial de intervención establecido por el juez. Según fuentes próximas a la administración judicial, el informe plantea que el club se encuentra en situación de quiebra técnica aunque es viable si se procede a una ampliación de capital de unos 15.000 millones de pesetas.

El informe se extiende en precisiones de que una ampliación de menor cuantía podría ayudar a remontar la situación, pero a medio plazo el club volvería a tener problemas de liquidez para hacer frente a los pagos que se avecinan.

Desde el punto de vista financiero, los principales activos del Atlético estarían constituidos por el estadio Vicente Calderón, por su actual fondo de comercio; es decir, la suma de elementos inmateriales tales como la afición, expectativas, fama, etcétera, que hacen que su valor real sea mayor que el de sus elementos patrimoniales; y por el hecho de que el club no tiene deudas a largo plazo.

Por lo demás, el informe del administrador judicial viene a respaldar la situación descrita en el auto de intervención judicial firmado por el juez Manuel García-Castellón en diciembre del pasado año y las descritas en autos posteriores del mismo juez. Entre éstas figuran la contratación de jugadores absolutamente desconocidos -cuyos derechos pertenecían a una sociedad de Jesús Gil- por centenares de millones de pesetas como justificación para que Gil saldase una deuda de 2.740 millones de pesetas con el Atlético. Los fichados fueron el senegalés Limamou Mbengue, por el que se pagaron 290 millones; el angoleño Bernardo Matías Djana, cedido por 350 millones; el nigeriano Abbas Muyiwa Lawall, por el que se pagaron mil millones más IVA; y el brasileño Maximiliano de Oliveira Teixeira, contratado por el Atlético por 1.100 millones más IVA. De ellos, sólo Lawal llegó a jugar algún partido con el Atlético de Madrid B.

Las mismas fuentes confirmaron también la situación provocada por el fichaje del bosnio Rade Bogdanovic, contratado por 2.900 millones de pesetas, el mismo precio que se pagó por el italiano Christian Vieri, y no los 150 millones de pesetas que se dijeron desde el club en 1997. Lo mismo ocurrió con el checo Radek Bejbl, que llegó al club en 1996. Desde el Atlético de Madrid se señaló que el fichaje había costado 400 millones. Sin embargo, los administradores cifran la contratación en 1.500 millones. Miguel Ángel Gil, director general del club, justificó el pago de estas altas cantidades a la empresa holandesa Van Doorn como pate de otros servicios, entre los que se incluía la prioridad sobre los derechos de fichajes de otros jugadores.

Rubí llegó a la Audiencia Nacional procedente del estadio Vicente Calderón, donde había compartido un aperitivo con los jugadores y el técnico Radomir Antic, acompañado por sus colaboradores Miguel Juane y Fernando Elvira. Entregó el informe en las oficinas del juzgado y el documento y los anexos quedaron depositados en la caja fuerte, hasta que el lunes el juez García-Castellón lo entregue al fiscal, a la acusación de la asociación Neptuno y a los defensores de todos los querellados.