El desafío de la reindustrialización
Aquí, y entonces, la movilización sindical y democrática conseguía importantes incrementos salariales y reducía el diferencial del nivel de vida respecto a los trabajadores europeos, por encima, a veces, de la creciente inflación. Las rigideces de la política fiscal y de redistribución de rentas y el crecimiento desequilibrado e irracional del capitalismo desarrollista de los años sesenta provocaban una contracción inevitable del excedente empresarial, con la secuela inevitable de afectar negativamente a la renovación tecnológica, a la amortización de los equipos y a la creación de nuevos productos.Los países de la OCDE, concretamente los integrantes del Mercado Común, pusieron en marcha políticas realistas de precios de la energía y planes de reducción y ajuste de las capacidades productivas de aquellos sectores más afectados por la crisis. Así, la industria siderúrgica europea reducía sus plantillas en más de un 30%, mientras se trataba de promover inversiones con un futuro más claro y estable.
Los últimos Gobiernos del franquismo y los de UCD actuaban con una inconsciencia suicida, como si nada hubiera cambiado en los datos básicos de la economía. Su profunda debilidad política, sus luchas tribales por el poder, su lenta adaptación a la dirección política del país en un marco de libertades democráticas, su irreversible tendencia a la inercia y al trabajo fácil, impidieron que se tomaran soluciones a tiempo. El empleo del sector industrial, durante la década 1973-1982, caía en un millón de puestos de trabajo y la población ocupada española perdía en total dos millones de empleos. La inflación iba absorbiendo los fuertes incrementos salariales, perdiendo competitividad creciente nuestras exportaciones y nuestro aparato industrial.
Como era previsible, los Gobiernos democráticos europeos que habían actuado a tiempo conseguían en el mismo período que sus tasas porcentuales de desempleo e inflación fueran aproximadamente la mitad que las de España.
Ésta es la situación y el marco económico en el que el PSOE obtiene la victoria electoral del 28 de octubre de 1982. Y, responsablemente, tuvo que plantearse la necesidad de atajar, de una vez por todas, un proceso de desindustrialización, desempleo e inflación que hubiera ocasionado a medio plazo la quiebra de numerosas empresas y la destrucción masiva del empleo. Atajar ese triple proceso era una condición necesaria para pasar inmediatamente a una política de creación neta de empleo, de promoción industrial y de bienestar social. El real decreto-ley de 30 de noviembre de 1983 es, por todo ello, una respuesta meditada, responsable y rigurosa a la crisis industrial. Su estrategia apunta en una doble dirección. Por una parte, trata de producir los ajustes necesarios en las industrias cuyos costes laborales y financieros y sus capacidades y técnicas de producción les impiden producir lo que realmente demanda el mercado a los precios y calidad internacionales. Por otra parte, de crear las condiciones para,aplicar los fondos económicos y presupuestarios liberados por tal política y los excedentes de plantilla producidos por el ajuste a nuevas empresas y nuevos empleos,en industrias y servicios estables y con más futuro. Y todo ello, bajo la óptica de la solidaridad y la participación.
Participación y solidaridad
De acuerdo con el decreto-ley, los proyectos y planes de un sector industrial o de una empresa o un grupo de empresas que se quiera acoger a los beneficios fiscales, sociales y financieros que establece con generosidad el decreto-ley de reconversión, deben contar con los informes previos de las organizaciones sindicales y empresariales. Una vez aprobado por el Gobierno el plan de reconversión del sector o del grupo de empresas, se crea una comisión de seguimiento y control, en la que, junto a los representantes del sector público, están presentes también las organizaciones sindicales y empresariales, para velar por el escrupuloso cumplimiento de las previsiones del plan y el respeto a sus normas de aplicación. El real decreto-ley prevé, asimismo, la creación de un nuevo instrumento jurídico, los Fondos de Promoción de Empleo, nutridos con fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado, de cuotas de solidaridad obrera y, en su caso, de las indemnizaciones por despido. El papel del fondo es el de completar las prestaciones básicas y complementarias del régimen general de protección al desempleo, hasta crear un eficaz sistema de cobertura, de intensidad variable según se trate de trabajadores de menos de 55 años, de menos de 60 años y de 60 años en adelante. Sistema de cobertura que está por encima de la cobertura general, pero que es, en justicia, necesario por la propia naturaleza del proceso de reconversión.
Pero la finalidad del fondo no se agota en su función protectora, sino que alcanza, y esto es del máximo interés para la reindustrialización y reempleo como objetivos de la nueva política de ajuste positivo, a la actividad de recolocación de los trabajadores desempleados en virtud del proceso de reconversión, mediante la búsqueda de nuevos empleos, su formación y readaptación profesional y la incentivación económica a las empresas que los contraten.
Y, con ello, enlazamos con una previsión del decreto-ley que se enfrenta activa y resueltamente a la necesidad de crear empleo en. las regiones más directamente afectadas por los planes de reconversión y reindustrialización. El instrumento previsto lo constituyen las zonas de urgente reindustrialización (ZUR), cuyas comisiones gestoras tienen, por misión la atracción y fomento de actividades empresariales, de pequeñas y medianas empresas industriales y de servicios, que absorban el desempleo inducido en la región y constituyan un tejido industrial más competitivo y de futuro. El Estado se compromete en este sentido a favorecer fiscal y financieramente a estas nuevas iniciativas empresariales y a apoyar la modernización de sus capacidades de investigación y desarrollo, para que no vuelva a deslizarse la industria española en la pendiente de la obsolescencía técnica que está en el origen del proceso que se quiere atajar definitivamente.
En su raíz, todo el sentido último de la reconversión no ti ene otra motivación y origen que la de frenar él actual proceso de desindustrialización y desempleo, creando simultáneamente las condiciones para la creación neta de empleo y la reconstitución del tejido industrial del país, es decir, de la única base estable para la mejora del bienestar social de todos los ciudadanos. Y para situar a España en línea de competitividad internacional. Ésta es la apuesta que el Gobierno, los trabajadores, los empresarios y, en definitiva, el país, deben ganar.
