El pequeño negocio de la música en vivo combate la asfixia

Ocuparse del mar, como cantaba Javier Krahe, cansa y tener una sala de música también. Krahe fue una de las cientos de voces de “La campana de los perdidos”, local zaragozano que se traspasa tras 27 años de directos. La estocada final se la ha dado una multa de 12.000 euros por tres músicos no registrados en la Seguridad Social durante un concierto. Según su anterior programador, José Ángel Rodicio, los locales se arriesgan porque es “inviable” pagar 35 euros por alta laboral por cada músico, principalmente en conciertos de músicos emergentes. En su caso, llegaron a organizar hasta cinco a la semana: “algunos artistas no quieren estar dados de alta, necesitamos diferenciar al músico aficionado del profesional, si se pagan tantos impuestos no compensa a nadie dar el concierto”, señala Rodicio.

La petición de flexibilidad laboral de los músicos amateurs está sobre la mesa del XI Congreso Estatal de Salas, que empezó el lunes en A Coruña y se celebrará hasta el próximo sábado. El sector analiza su difícil situación al margen de la buena salud de los festivales y los positivos datos de facturación de la música en directo en España, cuyos ingresos aumentaron un 12%, gracias a las giras de grandes nombres como AC/DC, Maná, Pablo Alborán, El Barrio o Fito & Fitipaldis. Pero la música en directo en el pequeño comercio es otro mundo bien distinto.

“En España es raro el anuncio de una nueva sala, cierran, se traspasan o reducen al mínimo la programación de música”, argumenta Armando Ruah, coordinador de la Asociación estatal de salas privadas de música en directo (ACCES), con 113 locales asociados. Como contraste: la APM registró en el pasado ejercicio 885 festivales con una asistencia de 3 millones de espectadores, “y en 2016 creemos que habrá otro incremento”, detallan fuentes de este organismo.

La sala Babylon de Cuenca dice adiós a más de una década de música. Sus propietarios, Sini Barquín y Javier Guijarro, se retiran cansados de “estrujarse la cabeza” y de restar tiempo a la familia. Buscan comprador, “daremos prioridad a quienes continúen esta historia, sin la Babylon la ciudad se queda sin conciertos”, señalan.

Comprar un espacio ya con licencia “es infinitamente mejor que empezar de cero”, afirma Ruah. “Porque de entrada debes tener unos trescientos mil euros y construir el local perfecto sometido a las múltiples y a veces incomprensibles exigencias administrativas -como que pidan el mismo aislamiento acústico programes a heavis o cantautores- y aún así pueden denegártela”. Muchos locales optan por no regular la actividad arriesgándose a sanciones.

Hace unos días, la barcelonesa Razzmatazz, acogió “Pagar la multa”, un concierto en el que artistas y público recaudaron los 16.000 euros de sanción impuesta a otra sala veterana de la ciudad, Heliogàbal. La sala, cerrada temporalmente, tuvo problemas en el pasado por organizar conciertos sin licencia y por exceso de aforo - de 39 personas cuando su capacidad es de 100-, situaciones “en vías de solucionarse”, informan sus gestores, gracias a recientes cambios en la normativa municipal para apoyar los directos en la ciudad.

Otro gran conflicto de intereses se libra con la Asociación General de Autores y Editores. En Aranda de Duero, José Javier Román, de La Colmena Musical, ha recurrido el pago a la SGAE de 358 euros por un solo concierto. Hace la cuenta esa noche: “vendimos 24 entradas a 10 euros cada una. La taquilla, 240 euros, se la llevó íntegra el grupo: ¿y yo tengo que pagar casi 400 euros a la SGAE?”. Construyó la sala con sus propias manos, mientras vivía en una caravana en el solar que ahora ocupa su sueño: “dejé mi trabajo y vendí mi casa por esto pero las cuentas no salen, nos asfixian”. “Si nos pasan estas facturas no podremos apoyar a los artistas desconocidos, matan la cultura”, lamenta.

La capacidad de negociación es fundamental en este mundo como bien sabe Esther Úbeda, de La Sala de Ceuta, la única de conciertos en la ciudad. “Pagamos a los músicos el viaje y a veces no recuperamos la inversión pero lo hacemos porque la ciudad no puede estar solo en el candelero por el yihadismo o el salto de la valla, además los jóvenes necesitan nuevas referencias musicales, las viejas se mueren”.

A diferencia de países como Francia, las salas españolas “no reciben subvenciones y están reguladas por el Ministerio del Interior como si fueran un delito”, reflexiona Carmen Zapata, gerente la Asociación de Salas de Conciertos de Catalunya (ASACC). “Reclamamos estarlo por Cultura y ser declaradas bien de interés cultural ”. Por sus manos pasan con frecuencia casos de ayuntamientos que “interpretan las normas municipales a su antojo” o “dan prioridad a la denuncia vecinal sin escuchar a la sala”.

Los precios de entradas y consumiciones suponen otra barrera, por eso pelean la rebaja del IVA sobre ambas fuentes de ingresos. “No tiene sentido apostar por grandes acontecimientos como el Primavera Sound o el Sónar y no proteger las salas, los músicos necesitan tocar en circuitos pequeños para ser algún día cabeza de cartel”, insiste.

Pequeñas victorias, como el cambio de mentalidad sobre la entrada de menores a los eventos y estar cada vez más unidos, convertirán la reunión de Galicia también en una celebración, con una semana de actividades y conciertos. Habrá que dividir la tarea, como rezaba Krahe, y entre todos, cuidar presente y futuro de los directos en España, de la sala más pequeña al macrofestival.