La ruleta como modelo económico

El pacto entre CiU y PSC que ha alumbrado el macrocomplejo BCN World es una muestra de cómo cierta izquierda pone el proyecto al servicio de la táctica.

 “El PSC apoya un modelo de economía productiva, estamos en contra de Eurovegas y el señor que promueve este proyecto [Sheldon Adelson] tampoco es un ejemplo; otra cosa es que algún alcalde de una población afectada pueda ver en eso una oportunidad para combatir el paro”, aseguraba el primer secretario del PSC, Pere Navarro, en una entrevista a este diario el 1 de septiembre de 2012. Las palabras parecían indicar que el PSC estaba dispuesto a enterrar la economía de ladrillo, sol y playa, que apadrinó la crisis. El alcalde de Cornellà y número dos del partido, Antonio Balmón, era el único dirigente socialista que se erigía, paradójicamente, en portavoz crítico, con el argumento que Las Vegas Sands iba a crear un complejo que generaría 260.000 empleos directos e indirectos. Balmón sugirió ejercicios de solidaridad a los detractores del macrocasino, al pedir que un concierto que debía celebrarse contra Eurovegas —con Estopa, Albert Pla y Sílvia Pérez Cruz, entro otros— destinara lo recaudado para atender la pobreza. El concierto no llegó a celebrarse, porque Eurovegas se fue a Madrid y los pobres no pudieron beneficiarse del festín de Epulón.

Pere Navarro se mantenía, no obstante, en su posición y, al conocer que Eurovegas había optado por Alcorcón, acusó al Gobierno de CiU de “haberse sacado de la chistera el proyecto de BCN World”, al tiempo que exigía “mayor seriedad a la hora de plantear proyectos económicos para Cataluña”. Las reflexiones de Balmón, sin embargo, iban calando lentamente y haciendo mella en la terquedad anti-casino de Navarro.

Hace una semana, el partido puso la alfombra roja a BCN World en estrecha colaboración con el Gobierno bussines friendly de Artur Mas. El sueño de Enrique Bañuelos, el que fuera zar levantino de la burbuja inmobiliaria, cobraba visos de realidad gracias a los votos de los convergentes con la ayuda imprescindible de los socialistas. No serán los 260.000 empleos de Eurovegas. Se quedarán, de entrada, en unos modestos 17.000 durante los años que duren las obras. Las benévolas estimaciones socialistas calculan un impacto de 20 millones de euros mensuales entre lo que cobren los trabajadores de los complejos y lo que paguen las empresas en cotizaciones sociales, asumiendo que inicialmente el complejo dé trabajo a 10.000 personas.

La sugerencia de Balmón, ese empeño en la lucha contra la pobreza, ha quedado recogido en el acuerdo PSC-CiU por BCN World: el 1% del total de inversiones irá a parar a un fondo social que revertirá en los empleados que trabajen en el recinto y en las comarcas de Tarragona. Lástima que esa exigencia socialista, el faro que ha alumbrado la negociación con CiU, no pueda quedar siquiera recogido en la ley que dará luz verde al emporio lúdico-hotelero. Los servicios jurídicos de la Generalitat así lo han recomendado y ese porcentaje deberá introducirse en un pliego de condiciones del concurso, pero hay dudas sobre cómo se podrá incluir ese precepto en un documento que afecta a licencias. Más munición para los eternos descontentos, los descreídos que ponen en cuestión la buena voluntad del proyecto.

Las dos condiciones serias de Veremonte, impulsora del complejo, han sido cumplidas escrupulosamente. La fiscalidad de los casinos ha quedado reducida de un 55% a un 10% y se ha permitido mayor edificabilidad en la zona afectada para comercios y hoteles. Todo ello gracias a “un gobierno completamente orientado al negocio”, tal como ha subrayado un agradecido Xavier Adserà, consejero delegado de Veremonte. En muchos países europeos se ha fijado un 55% de carga fiscal como fórmula disuasoria contra la instalación de macrocasinos. Cataluña, que en esto se ha paragonado con la España de Eurovegas, ahora gracias al pacto y, en consecuencia, a la nueva ley, se aproxima al modelo de fiscalidad de Singapur, un referente en derechos sociales.

El PSC, a cambio de una borrosa foto de centralidad con CiU, ha permitido al Gobierno de Artur Mas pujolear como en las mejores épocas. Mientras mantiene la hoja de ruta con Esquerra Republicana, CiU ha conseguido atraer a los socialistas en lo que se ha dado en denominar un proyecto de país. Que CiU haya dado luz verde al macro-casino forma parte de su lógica business-friendly. No sorprende que un Gobierno de centro-derecha se sume con gusto al bullicio de las tragaperras por mucho que haga grandes declaraciones de principios sobre la economía productiva. Que lo haga el PSC después de haber dicho lo contrario supone la legitimación de una política que no debería ser la suya y un ejercicio de contorsionismo político. En tiempos de crisis y desafección, cuando desaparecen los horizontes de transformación y los proyectos, los partidos se convierten en marcas, que ven a los ciudadanos como consumidores y a la economía como un casino.