China se aferra a la pena de muerte

Cuando estalló el odio étnico entre miembros de las etnias uigur y han en la región autónoma occidental china de Xinjiang, en julio pasado, el balance oficial fue de 197 muertos y más de 1.600 heridos, hanes la inmensa mayoría de ellos. Las autoridades prometieron severos castigos para los responsables de la violencia, y la pena capital para los máximos culpables. "Los brutales criminales serán sentenciados a muerte", avisó Li Zhi, secretario del Partido Comunista Chino en Urumqi, capital de Xinjiang, donde se produjeron los enfrentamientos.

La promesa se ha cumplido. Pekín anunció el lunes pasado que nueve de los acusados han sido ejecutados. Ocho de ellos eran uigures y uno, han. Otros tres han sido condenados a la pena capital con dos años de suspensión, lo que normalmente significa que será conmutada por cadena perpetua.

China es el país que más personas ejecuta del mundo: al menos 1.718 el año pasado, aunque el número real se desconoce

Las duras sentencias por las peores revueltas étnicas que ha sufrido China en las últimas décadas sacan de nuevo a la luz el uso generalizado de la pena de muerte. La oposición habitual de organizaciones de derechos humanos y algunos gobiernos extranjeros se ha intensificado en este caso, porque la mayoría de los ajusticiados pertenecen a una minoría étnica y porque hay dudas sobre la ecuanimidad de los tribunales. En China, los magistrados se encuentran bajo el control del Partido Comunista.

"Las declaraciones hechas por los funcionarios chinos tras los disturbios hacía muy difícil que los juicios fueran imparciales", asegura Amnistía Internacional (AI). Esta organización de derechos humanos denuncia la falta de transparencia de los juicios, y argumenta que se negó a los acusados la posibilidad de elegir a sus defensores. "Las autoridades judiciales de Pekín presionaron a los abogados de derechos humanos para que no aceptaran los casos", señala. El Congreso Mundial Uigur, una organización en el exilio, dijo que se ha negado a los condenados el derecho a ver a sus familias antes de ser ejecutados.

El Gobierno de Estados Unidos ha criticado también los juicios. Ian Kelly, portavoz del Departamento de Estado, aseguró que Washington "continúa urgiendo a China para que gestione todas las detenciones y los procesos judiciales relacionados con la violencia en Urumqi de forma transparente" y "de acuerdo con las normas internacionales". Pekín replicó rápidamente. "Esa gente

son criminales implicados en las muertes en Urumqi (...) El Gobierno ha tratado estos casos de acuerdo a la ley", dijo Qin Gang, portavoz de Exteriores. Este cruce de declaraciones sitúa la espinosa cuestión de los derechos humanos en el punto de mira, en vísperas de la visita que el presidente estadounidense, Barack Obama, comienza precisamente esta noche a China.

Los enfrentamientos en Xinjiang estallaron el 5 de julio. Miles de personas se echaron a la calle para protestar por la muerte de dos uigures a manos de hanes durante una pelea en una fábrica en la provincia sureña de Guangdong. Lo que inicialmente comenzó como una manifestación pacífica en el centro de Urumqi se convirtió en una espiral de violencia cuando la policía intentó disolver la marcha. Los uigures lanzaron un ataque indiscriminado contra miembros de la otra etnia. Dos días después, grupos de hanes, armados con palos, barras de hierro y machetes, se abalanzaron contra el barrio uigur, aunque la policía les impidió el acceso. El número de muertos que se produjo ese día no ha sido divulgado. Muchos uigures sienten un gran resentimiento contra los hanes

-la etnia mayoritaria en China- y el Gobierno central, a los que acusan de discriminación y represión cultural y religiosa. Los uigures son musulmanes.

Las penas de muerte dictadas en Xinjiang han sido las más numerosas de las reveladas recientemente, pero no las únicas. Tres miembros de bandas criminales fueron sentenciados a finales del mes pasado en Chongqing (en el centro de China), en el marco de una campaña contra el crimen organizado. Dos tibetanos fueron ajusticiados en octubre por las revueltas de Lasa, capital de Tíbet, en marzo de 2008. La sentencia provocó la crítica de la Unión Europea, a la que el portavoz de Exteriores chino, Ma Zhaoxu, respondió que los juicios habían sido "justos". "Se trata de un asunto interno y de soberanía judicial de China en el que ningún otro país puede inmiscuirse", zanjó.

China es el país que más personas ejecuta del mundo: al menos 1.718 el año pasado sobre un total de al menos 2.390, según Amnistía Internacional. El número real se desconoce, ya que Pekín lo considera secreto de Estado, pero se cree que es muy superior. En Estados Unidos fueron llevadas al patíbulo 37 personas. En Europa, sólo Bielorrusia continúa aplicando la pena capital: en 2008 dio muerte a cuatro presos.

La organización de derechos humanos estadounidense Fundación Dui Hua, que centra su actividad en China, estima que el año pasado fueron ejecutadas 6.000 personas en el país asiático, según cifras recabadas entre funcionarios locales. Un total de 68 delitos son susceptibles de recibir la pena máxima, la mayoría no violentos. Algunos con definiciones tan difusas como "poner en peligro la seguridad nacional" o "dividir la nación". Contrabando, corrupción, proxenetismo o fraude fiscal pueden llevar al condenado a la sala de la muerte.

Las organizaciones de derechos humanos sostienen que el proceso que conduce cada año al patíbulo a miles de presos en China está plagado de irregularidades, torturas para extraer confesiones y errores judiciales; y afirman que las apelaciones son decididas a menudo por el mismo tribunal que ha dictado la sentencia.

Es imposible saber con certeza si China ejecuta ahora a más o menos gente que hace unos años. Pero los analistas políticos e incluso Amnistía Internacional suponen que el número ha debido de bajar "de forma significativa", después de que Pekín anunciara en 2005 el restablecimiento de la obligatoriedad de que las penas de muerte sean supervisadas por el Tribunal Supremo.

Las sentencias se ejecutan habitualmente mediante disparo, aunque en los últimos años se ha extendido el uso de la inyección letal, un método que ha sido calificado de "más humano" y de "progreso social". En algunas provincias existen furgonetas ambulantes preparadas para su uso. La prensa anunció el miércoles pasado que a partir del año que viene todos los condenados a muerte en Pekín serán ejecutados mediante inyección letal.

Algunos profesores universitarios han elevado sus voces para pedir la eliminación de la pena máxima. Pero el escaso debate interno está marcado por la doctrina oficial, que dice que las condiciones actuales de China no son adecuadas para su supresión. El Gobierno, no obstante, quiere reducir su uso y limitarla a crímenes que tengan "graves consecuencias sociales".

Para el diario oficial en inglés China Daily, las ejecuciones de Xinjiang son "la justicia que toda la gente con conciencia estaba esperando". "No creemos que nada, salvo la pena de muerte, pueda reflejar mejor el deseo del público en general y el espíritu del gobierno de la ley", señala en un editorial. Una posición a años luz de la de Amnistía Internacional, para quien, en palabras de su secretaria general, Irene Khan, la pena capital es un método de castigo "cruel, inhumano y degradante", que, según dice, "no tiene cabida en el siglo XXI".