"¿Cómo se permite empadronar a un irregular y no se le deja trabajar?"

El nombre del alcalde de Torrejón de Ardoz, el popular Pedro Rollán, se dio a conocer la semana pasada tras la denuncia de Izquierda Unida por el endurecimiento de las condiciones de empadronamiento de extranjeros en el municipio. El nuevo equipo municipal del PP ha logrado reducir casi tres puntos el porcentaje de empadronados de nacionalidad extranjera, que representa el 17% del total de la localidad. Durante sus cuatro años en la oposición hizo gala de talante negociador, tal y como confirman desde PSOE e IU, pero ha sufrido una transformación, según sus críticos, tipo Doctor Jeckyll y Mister Hyde: la ultraderecha y el centro liberal.

Pedro Rollán, de 40 años, es pariente de la secretaria de Organización del PSM, Trinidad Rollán. Muchos le consideran una marioneta del primer teniente de alcalde y edil de Urbanismo, José Luis Navarro Coronado. Rollán es alcalde desde 2007, en su segunda intentona, cuando logró romper 27 años de gobierno de centroizquierda. ¿Cómo? Pues fagocitando a los grupúsculos de derecha que en legislaturas anteriores habían imposibilitado la mayoría absoluta del PP.

"Inscribimos a los mal llamados ilegales, pero no si están como turistas"

"Tampoco si es en un piso que no tiene el ratio de 20 metros por persona"

Pregunta. ¿Por qué se niega a empadronar a los inmigrantes en situación irregular?

Respuesta. No es verdad que nos neguemos a empadronar a los inmigrantes mal llamados ilegales. Nuestra ordenanza no tiene nada que ver con lo de Vic. Nosotros empadronamos a cualquier persona, irregular o sin papeles. Lo único es que nosotros tenemos en cuenta una ley, la de Ordenación de la Edificación, que obliga a que haya una persona por cada 20 metros cuadrados edificados. Pero quiero explicar aquí que esa normativa no se aplica dentro de la unidad familiar. Sí en el caso de que 20 o 30 personas traten de empadronarse en un mismo domicilio.

P. Pero niegan el empadronamiento a los inmigrantes con visado de turista...

R. Es verdad. Pero si son turistas se da por hecho que están de paso y en situación legal. Por eso no tienen necesidad de fijar su residencia en ningún lugar de España. Pero está claro que toda esta reacción a la normativa de mi Ayuntamiento es una reacción a lo que ha pasado en Vic. Nosotros sí empadronamos a los mal llamados ilegales, pero si están como turistas no, o si tratan de inscribirse en un piso en el que no tienen el ratio de 20 metros cuadrados por persona. Cuando a un señor se le caduca el visado entonces está de forma irregular en España, y a esas personas sí las empadronamos. Pero tengo que puntualizar algo. Según una sentencia del Tribunal Constitucional es mentira que si no se permite el empadronamiento de una persona se restrinja algún derecho. Según el alto tribunal un acto administrativo no genera derechos, por lo que negar un empadronamiento no restringe ningún derecho. Todas las personas tienen derecho a la educación y a la sanidad. Además, nosotros en nuestra ordenanza no hacemos como el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, cuyo alcalde era el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que utilizaba prácticas propias de la Gestapo nazi y se arrogaba la posibilidad de investigar dentro de las viviendas de los inmigrantes si tenía más de un televisor o las denominadas camas calientes. Para eso necesitaría una orden judicial.

P. ¿Entonces usted no ha utilizado la política de inmigración para hacerse con los votos de los electores de derecha, tal y como le critican desde la oposición?

R. Ni mucho menos. Es por la dignidad humana. No podemos permitir que por pisos de menos de 100 metros se lleguen a cobrar 1.200 o 1.500 euros por el alquiler a los inmigrantes. Esto les obliga a vivir hacinados. Lo que tiene que explicar el Gobierno es cómo a un ciudadano en situación irregular le permite empadronarse, pero por el contrario no le deja trabajar. Es un contrasentido...

P. Hay inmigrantes que se quejan del trato recibido por su equipo de gobierno y por la policía municipal...

R. En un municipio de 120.000 habitantes y 26.000 extranjeros estamos trabajando las políticas de integración. De hecho, la persona que dirige el tema es un ciudadano rumano. Da la casualidad de que hemos recibido numerosas felicitaciones de los extranjeros porque hemos acabado con la tremenda especulación que había en algunas viviendas en el municipio, en las que muchos propietarios pedían cantidades exageradas por alquilar habitaciones muy pequeñas. Nosotros apoyamos la dignidad de las personas, ya que en muchas casas están viviendo 20 y 30 personas. Es razonable tratar de que todo el mundo tenga la misma calidad de vida. Nosotros luchamos contra la esclavitud del siglo XXI.

P. Pero hay quejas de la actitud de policías municipales que han desalojado a clientes en locales regentados por extranjeros aduciendo que tenían más personas de las permitidas por la ley...

R. Sé de qué establecimiento me habla. Y es de un militante del PP. Pero no ha pasado en más ocasiones. Sí es cierto que hemos cerrado unos 20 locales regentados por marroquíes, pero en ellos había tráfico de drogas. Nosotros no tenemos ningún problema con la inmigración. Si un establecimiento infringe las normas, sean o no españoles sus dueños, lo clausuramos como indica la ley.