La fiscalía quiere imputar a Romero de Tejada en el 'caso Majadahonda'

La Fiscalía de Madrid ha pedido al juez que cite como imputado en la investigación sobre la supuesta trama urbanística de Majadahonda al ex alcalde y secretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada. La fiscalía también quiere que se cite al arquitecto municipal de esta localidad, Pedro Sánchez, y a Antonio Cubo, principal responsable de la constructora Afar 4, una de las firmas supuestamente beneficiadas en las adjudicaciones de derechos sobre el suelo de Majadahonda.

Tras la declaración prestada el pasado martes en el juzgado por el actual alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, del PP, la fiscalía entiende que Romero de Tejada fue quien tomó la decisión de cambiar el antiguo método de las subastas públicas de suelo municipal por "un extraño sistema", señalan fuentes jurídicas, "consistente en que el Ayuntamiento asumía la obligación de hacer viviendas protegidas y cedía a terceros privados su derecho para hacer viviendas de precio libre".

Esa permuta de derechos la hizo el Ayuntamiento a través de la empresa Pammasa, de titularidad 100% municipal. A cambio de las permutas y de ceder derechos para hacer casas de precio libre, el Ayuntamiento recibía cantidades "ridículas" de dinero del sector privado, según las citadas fuentes de la investigación. La fiscalía sostiene que el gran beneficiado de estas permutas fue Antonio Cubo, responsable de Afar 4 y amigo personal del Romero de Tejada.La Fiscalía de Madrid pretende conocer la relación entre el alcalde de Majadahonda Narciso de Foxá y el principal responsable de la constructora Afar 4, Antonio Cubo. Su empresa se habría beneficiado, según la fiscalía, del dinero que dejó de ingresar el Ayuntamiento de Majadahonda al dejar de utilizar el sistema de subasta pública de suelo.

El alcalde De Foxá declaró ante el juez que todo los procedimientos utilizados para la cesión de derechos municipales sobre suelo se ajustaron a la legalidad. El regidor admitió que en una subasta celebrada en 2003 y relativa a los derechos sobre tres parcelas de suelo municipal concurrieron seis empresas, y que cuatro de ellas presentaron exactamente el mismo precio de puja.

También dijo que había tenido noticias de que una de las otras dos empresas restantes, del total de seis, había comprado luego a las adjudicatarias los derechos que éstas se habían adjudicado en la subasta. De Foxá señaló que creía que la empresa que había adquirido esos derechos era Afar 4, la firma de Antonio Cubo.

El PSOE, autor de la denuncia que ha dado lugar a esta investigación, señala que, en esa subasta de las tres parcelas, el Ayuntamiento salió claramente perjudicado, ya que perdió en torno a 30 millones de euros. Y que el beneficiario de gran parte de ese dinero fue Afar 4.

El alcalde señaló también, a preguntas del fiscal, Emilio Valerio, que las viviendas de precio libre en Majadahonda, de unos cien metros cuadrados, cuestan en torno "a los 70 millones de pesetas [420.708 euros], y que una de precio protegido ronda los 30 millones [180.303 euros]". No obstante, matizó que tales precios no son específicos de Majadahonda, sino que la situación es similar en otras muchas ciudades de España.

El denominado caso Majadahonda ha enfrentado al PP en la región con el PSOE, puesto que este último partido acusa a altos cargos regionales, entre ellos la propia presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, de estar implicados en la operación urbanística sobre las parcelas municipales de Majadahonda.

Según los socialistas, la empresa Pammasa, de titularidad municipal y a través de la cual Majadahonda canalizó sus operaciones urbanísticas durante años, vendió sus derechos para edificar vivienda libre a promotores privados.

Además, la difusión de una conversación grabada entre el anterior regidor, Guillermo Ortega, y su sucesor al frente de la alcaldía, Narciso de Foxá, desató el escándalo, porque el primero aseguró que había hablado con Aguirre, y que ésta le había dado instrucciones para que dos parcelas municipales fuesen cedidas a terceros través de Pammasa y no, como pretendía Ortega, mediante un acuerdo del pleno municipal. Además, relacionó a Romero de Tejada con dicha operación.