La fiscalía se querella contra Lamela por prevaricación

El fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, presentó el pasado 22 de abril una querella contra el ex consejero de Transportes de Madrid, Manuel Lamela, y contra su segundo, José Antonio Llano, ex director general del departamento. La fiscalía considera que podrían haber cometido presuntos delitos de prevaricación porque iniciaron proyectos de carreteras sin tener el preceptivo plan global y sin contar con una evaluación ambiental.

Lamela y su mano derecha en la Consejería de Transportes aprobaron los proyectos para ejecutar 17 desdoblamientos, siete nuevas carreteras y obras menores en travesías y cruces, entre ellas el cierre de la M-50, que la Comunidad bautizó como M-61 y que incluye un túnel bajo El Pardo.

La actuación del fiscal se produce a raíz de una denuncia presentada por Ecologistas en Acción a principios de abril. "Actuaron sin planificación, eludiendo una ley regional y sin evaluación ambiental del plan global", detalla Paco Segura, de Ecologistas.

La Comunidad intenta hacer borrón y cuenta nueva. Para ello, ha modificado recientemente la ley que obliga a elaborar un plan de carreteras. Transportes se basa en un informe jurídico, elaborado por funcionarios regionales, que exime al Ejecutivo autonómico de contar con un plan global. Por otra parte, ha iniciado los trámites para aprobar un verdadero plan de carreteras 2009-2020.

El representante de Ecologistas, Paco Segura, explica que el Gobierno regional troceó el proyecto global para eludir los trámites. "Existe una descarada vulneración de la legislación ambiental por parte de la Comunidad madrileña", denuncia.

"El problema surge cuando a finales de 2007 presentamos un plan de carreteras 2007-2011. Era un conjunto de actuaciones que se iban a hacer en la legislatura, no un plan como tal. Fue una mala denominación", reconocen fuentes de la Consejería de Transportes. Pero esa mala denominación constituía lo que Ecologistas y la fiscalía reconocen como un verdadero plan global de transportes y que no está legalizado. "Un plan de carreteras es un documento estratégico, que fija los criterios que se deben cumplir y establece las zonas de crecimiento a largo plazo", precisan en la consejería. "Lo que presentamos no era un plan y no tenía que ser legalizado. No estamos obligados", remarca un portavoz, que añade que todos los proyectos cuentan con su evaluación ambiental. El consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, tachó de "impresentable" al fiscal por acusar a Lamela por cumplir con sus obligaciones.