El Senado avala la 'ley mordaza' de Berlusconi contra las escuchas

"Hoy ha empezado la masacre de la libertad". Así definió el jueves la oposición italiana la ley mordaza de Silvio Berlusconi. El polémico proyecto legislativo que restringe las escuchas judiciales y prohíbe su difusión fue aprobado con 164 votos favorables y 25 contrarios en el Senado, tras una sesión-farsa marcada por la arrogancia de la mayoría ante las protestas de la oposición, los movimientos ciudadanos, la prensa y la magistratura. Los diputados del Partido Democrático abandonaron la Cámara antes de votar para denunciar "la muerte de la libertad".

Los representantes de Italia de los Valores, del ex fiscal Antonio Di Pietro, tampoco participaron en la votación porque fueron expulsados por haber ocupado el hemiciclo la noche anterior y depositado varias banderas italianas sobre los escaños. "Esto no pasaba ni con Mussolini", dijo Di Pietro, "vivimos un estado de ilegalidad constante en el Parlamento".

"Esto no pasaba ni con Mussolini", dijo el diputado y ex fiscal Di Pietro

El presidente de la República puede vetar la ley por inconstitucional

La norma, justificada por Berlusconi como una defensa de la intimidad de los ciudadanos, pondrá profundas limitaciones a la justicia, la lucha contra la mafia y la libertad de prensa. El proyecto prohíbe publicar cualquier escucha judicial en la prensa mientras no acabe la investigación preliminar (que en Italia suele durar años), bajo penas de hasta 450.000 euros para los editores y de hasta 30 días de cárcel para los periodistas. Además, limita el uso de las interceptaciones telefónicas, que desde ahora solo se podrán realizar cuando el fiscal detecte "graves indicios de delito" y durante un máximo de 75 días, prorrogables de tres en tres. Y restringe a 72 horas la utilización de micrófonos ambientales, que no se podrán usar en lugares privados. Los jueces y las fuerzas de seguridad han advertido de que la batalla contra los delitos económicos y el crimen organizado sufrirá un "enorme retroceso".

Para la aprobación definitiva, la ley tiene ahora que pasar la tercera lectura de la Cámara de Diputados, pero el texto ha sido blindado por la mayoría y no se prevén retoques. La fecha elegida es el 9 de julio. La firma del presidente de la República, Giorgio Napolitano, será decisiva en ese momento. Si el presidente descubre indicios evidentes de inconstitucionalidad, puede devolver la ley al Parlamento para que sea modificada. Si el Gobierno la reenvía otra vez al Quirinal, Napolitano estará obligado a firmarla. El jueves, el jefe del Estado replicó a quienes le piden que no firme con una frase seca: "Hablan por hablar".

La ley ha levantado una oleada de protestas en todo el país. El llamado Pueblo Violeta, el movimiento pacífico en defensa de la Constitución italiana nacido en las redes sociales de Internet, ha vuelto a organizarse: el mismo día por la noche celebró un velatorio por la "muerte de la democracia en Italia". La Federación Nacional de Prensa ha convocado para el 9 de julio una jornada de "silencio informativo y huelga de noticias", y advirtió: "Hace falta parar esta ley antes de que sea definitiva, la batalla por la libertad será muy dura; debemos impedir la vuelta al régimen de 1925 [bajo Benito Mussolini]".

Los editores, por su parte, expresaron su "firme protesta" contra la aprobación de un texto que "no cumple el objetivo de defender la intimidad, sino que simplemente tiene un efecto intimidatorio contra la prensa". Incluso los consumidores se sumaron al coro: "El Gobierno confirma, una vez más, su voluntad de hacer favores y regalos a los corruptos, los estafadores y los maleantes", dijo la Federación de Consumidores.