Pakistán rechaza ser un nido de terroristas

Apenas superado el impacto de la operación estadounidense que mató a Osama Bin Laden el lunes pasado, las élites de Pakistán se han enzarzado en una guerra de acusaciones. Mientras los sectores liberales piden explicaciones de sus militares y servicios secretos, los uniformados echan balones fuera y tratan de pasar la responsabilidad a un Gobierno claramente inoperante. Lo ocurrido ha sacado a la luz el principal impedimento para que este país deje atrás su reputación como sede central de Al Qaeda: la tutela de los Gobiernos civiles por un Ejército obsesionado con India.

"Lo bueno del caso es que ha expuesto a las instituciones [responsables] de la seguridad y se ha abierto un debate en los medios sobre los militares y los servicios secretos", explica a este diario Saroop Ijaz, un abogado y analista político de Lahore.

Un tercio de sus 187 millones de habitantes vive en la pobreza absoluta

El desgobierno es total y los militares se ven por encima del bien y del mal

Programas de televisión, artículos de periódico y charlas de café deliberan si el Ejército y su poderosa agencia de espionaje, el Inter Services Intelligence (ISI), sabían que el terrorista más buscado del mundo se escondía en Abbottabad. Cualquiera que sea la respuesta, salen mal parados. En caso afirmativo, serían cómplices de haberlo ocultado. Lo contrario los convertiría en incompetentes, una posibilidad que obliga a replantearse los privilegios y el presupuesto que Pakistán ha consagrado a sus Fuerzas Armadas desde su nacimiento como país hace 64 años.

"Tal vez no parezca mucho visto desde fuera, pero en Pakistán es un paso de gigante porque el Ejército ha estado hasta ahora por encima de cualquier reproche", contextualiza Ijaz.

El silencio de los militares -que solo emitieron un comunicado el jueves- dice mucho de su bochorno. Pero de forma discreta ya han empezado a pergeñar una escapatoria. Según el diario The News, varios altos mandos se reunieron el viernes con una veintena de destacados periodistas para defender su actuación. En esa cita, los militares acusaron al Gobierno de Asif Ali Zardari de no haber discutido la lucha contra el terrorismo con el Ejército, "ni siquiera una vez en los últimos tres años", y de ignorar a la milicia y las agencias de información en sus relaciones con EE UU.

La realidad cuestiona su alegación. El veto de los militares sobre la definición y defensa del interés nacional no es una mera especulación periodística. En su autobiografía, Benazir Bhutto, la asesinada dirigente política y esposa de Zardari, deja claro que hay tres asuntos sobre los que ningún jefe de Gobierno civil tiene autoridad alguna: Afganistán, Cachemira y las armas nucleares. Solo hay un motivo para que el Ejército se reserve esos dosieres: la obsesión con India, que constituye el pilar de su doctrina.

A punto de cumplirse 10 años desde que un presidente militar, el general Pervez Musharraf, se alineó con EE UU en la guerra contra el terror, Pakistán sigue negándose a atacar a las facciones talibanes que se refugian a su lado de la frontera por temor a un Afganistán dominado por India. Ese empeño en distinguir entre talibanes buenos y talibanes malos (los grupos paquistaníes a los que sí se combate) alienta la percepción de duplicidad y eclipsa el precio que el país está pagando. Al menos 30.000 paquistaníes, en su mayoría civiles, han muerto en cientos de atentados y numerosas operaciones contra los extremistas desde 2001.

En palabras del investigador pastún Abubakar Siddiqe, los militares paquistaníes consideran a ciertos grupos militantes como "una segunda línea de defensa contra India". Tal es el caso de los talibanes afganos, el grupo de Haqqani o Lashkar-e Taiba, una organización terrorista que activan cuando necesitan presionar a su vecino y rival, con el que ya han librado tres guerras desde la partición.

"No podemos seguir viviendo con una sensación de amenaza permanente (...) necesitamos concentrar nuestras energías en las numerosas e inmensas tareas que deben afrontarse en casa", clamaba ayer un editorial de The Express Tribune haciéndose eco de un sentir muy extendido entre la población.

Y es que India es el menor de los problemas de este país plagado de desigualdades económicas y sociales, con niveles alarmantes de analfabetismo y un creciente avance del fanatismo religioso violento (solo este año dos altos funcionarios han sido asesinados por cuestionar una ley que condena con la muerte el insulto al islam). Un tercio de sus 187 millones de habitantes (que crecen al 2% anual) vive en la pobreza absoluta.

"Zardari no ha hecho nada en estos tres años", asegura un observador occidental al que preocupa la falta de avances sociales. "La inflación oficial se sitúa en un 15%, pero a la mayoría de los paquistaníes lo que les afecta no es esa media de una cesta de la compra a la que ni siquiera tienen acceso, sino los precios de productos básicos como el pan, el té o el azúcar que se han duplicado", explica la fuente antes de concluir que "el ciudadano de a pie vive mucho peor que hace cuatro años".

Lo más sangrante es que esa situación se produce mientras el país crece a una media de un 5% anual. Pero el desgobierno es total. El 57% de la actividad económica no paga impuestos, según Yusuf Shirazi, el presidente y fundador del grupo de empresas Atlas. Ese factor contribuye sin duda a que el 10% más rico de la población disfrute de un 27% de la riqueza nacional, mientras el 10% más pobre tiene que arreglárselas con un 4% del pastel.

"El último paso en falso de los militares muestra que la verdadera amenaza para Pakistán no emana solo de los terroristas y de los países vecinos hostiles", ha escrito Aqil Shah en The Tribune. "Está arraigada en la deformada estructura cívico-militar del Estado que siempre permite a los altos cargos evadir la responsabilidad por sus delitos".

Es esa impunidad la que ha convertido a esta Tierra de la Pureza en lo que muchos analistas ven como un peligroso cóctel de radicales islamistas y armas nucleares. No hay que olvidar que, como recuerda la comentarista Miranda Husein, "todos los atentados islamistas que se han producido tras el 11-S tenían algún vínculo con Pakistán".

"Este país tiene en la actual crisis una oportunidad de oro para reconducir su política exterior y contra el terrorismo, y convertirse en un aliado sólido de verdad", señalan por su parte fuentes diplomáticas occidentales. En esencia eso supone, que "el ISI y el Ejército renuncien a su doble juego, y que el Gobierno civil asuma sus responsabilidades".

Ayesha Siddiqa, la autora de Military Inc y una de las analistas de seguridad más respetadas del país, discrepa. "En teoría hay una oportunidad, pero en la práctica no", afirma. Siddiqa duda de que el Ejército tenga la voluntad de hacer ese cambio cuando se considera por encima del bien y del mal.

Las cancillerías europeas intentan proyectar una actitud constructiva, pero no esconden su preocupación por cómo puedan reaccionar los militares. "No cabe duda de que la operación ha herido su orgullo. Tenemos que dejarles una salida honorable para que no se sientan acorralados", asegura un interlocutor. El mensaje subyacente es que el Ejército puede dar un golpe, algo que en la joven historia de Pakistán ha hecho en tres ocasiones e intentado al menos otras tantas. El temor va más lejos: a que el golpe provenga no de la actual cúpula militar, sino de la generación siguiente, la de los coroneles, que se ideologizaron en el islam político durante el régimen de Zia ul Haq.