Berlusconi afronta un nuevo proceso junto con su hijo

La fiscalía de Milán ha concluido la investigación del caso Mediatrade-RTI, que se convertirá en breve en el tercer proceso en curso contra el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, junto al caso Mills y el caso Mediaset. Las 43.000 páginas del sumario resultan en un total de 12 investigados y acusan a la cúpula de Mediaset de haber sustraído al grupo televisivo y por tanto al fisco italiano 100 millones de dólares (70 millones de euros) entre 2002 y 2005.

Silvio Berlusconi es sospechoso de apropiación indebida y fraude fiscal, mientras su hijo Pier Silvio, vicepresidente de Mediaset y presidente de RTI, y el presidente del grupo, Fedele Confalonieri, afrontan una imputación por fraude fiscal. Berlusconi ha recibido con furia la noticia. "Los jueces de Milán sólo tienen un objetivo: atacarme a mí y a mi familia, mi patrimonio y mi imagen", ha dicho. "Y ahora quieren golpear a la segunda generación".

El fiscal Fabio de Pasquale tiene ahora 20 días para decidir si pedir al juez competente el procesamiento de los 12 acusados de supuestas irregularidades en la compraventa de derechos televisivos.

La reconstrucción de los hechos por la fiscalía sostiene que el intermediario Frank Agrama, de 80 años y residente en Los Ángeles, adquiría los derechos de películas y series a la Paramount y, en menor medida, a otras grandes productoras para revendérselos a Mediaset a un "precio enormemente hinchado". Luego, Agrama depositaba la diferencia en cuentas secretas que en realidad pertenecían a Berlusconi y otros altos directivos del grupo, según el sumario.

El fiscal considera que Berlusconi y sus directivos de confianza se movían "dentro de un mecanismo muy sencillo, un sistema de fraude utilizado desde finales de los años ochenta". El truco era hinchar y falsear los balances de Mediaset, empresa que cotiza en Bolsa, y utilizar el grupo a modo de "hucha casera".

La acusación se sustenta en una tesis básica: Agrama, amigo y colaborador de Berlusconi desde 1976, nunca fue un intermediario, sino el "socio oculto" del magnate. La fiscalía embargó en 2005 una cuenta suiza de una sociedad de Agrama, la Wiltshire Trading Hong Kong, con un saldo de 100 millones de euros en francos suizos. Ese dinero no era sólo una gigantesca comisión cobrada por Agrama, afirman los fiscales, sino una cartera de dinero negro aparcada por el intermediario para aliviar la caja del grupo en beneficio personal de Berlusconi y sus directivos, que evadían así el pago de impuestos en Italia. En concreto, De Pasquale calcula que el primer ministro se habría apropiado indebidamente de 34 millones de euros entre 2002 y 2005, años en los que ya ejercía su cargo político pero en los que, dice el sumario, seguía teniendo "poder de hecho sobre la gestión de Mediaset".

La acusación imputa además a Berlusconi un fraude fiscal de ocho millones de euros. El director general de Mediaset, Giovanni Stabilini, y el banquero italo-suizo Paolo del Bue son sospechosos de ocultar y reciclar dinero procedente de la apropiación.

El caso Mediatrade es una derivación del proceso Mediaset, que se reanudó tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Alfano en octubre de 2009. El caso Mediaset se extinguirá definitivamente cuando el Parlamento apruebe la ley del proceso breve, que llegará enseguida a la Cámara tras la vía libre del Senado. Para evitar el proceso Mediatrade, Berlusconi tiene ya ultimada otra norma a medida, conocida como ley del legítimo impedimento.