El complejo reparto del fondo de competitividad

El sistema de financiación autonómica es un complicado amasijo de fondos y subfondos, reglas de modulación, cláusulas de garantía y otros conceptos más o menos inexplicables que, en teoría, debería ajustarse -más o menos- a los cauces del federalismo fiscal que tienen otros países como Alemania, Australia o Canadá. En la práctica, el modelo español ha ido añadiendo a lo largo de los años todo tipo de excepciones y singularidades ante la constatación de que casi todos están descontentos con el reparto del dinero. En la última remodelación, el nuevo sistema arbitró una fórmula para compensar a las comunidades ricas cuya financiación por habitante quedaba por debajo de la media tras la aplicación del modelo: el fondo de competitividad. Un fondo que actúa como una especie de seguro que permite que ninguna comunidad cuya financiación por habitante esté por encima de la media antes de aplicar el sistema se quede por debajo de la media después.

En 2009 y 2010, el Gobierno anticipó más de tres cuartas partes de esa transferencia a las comunidades, como hace por norma con el resto de ingresos reconocidos. Pero el Ministerio de Economía sostiene que, en el caso del fondo de competitividad, eso no sirve como precedente: lo hizo así porque era un periodo transitorio, de modo que este año ha pospuesto su pago a 2013, que es cuando se liquidarán las cuentas de 2011.

Cuentas de 2011

La decisión de Economía fue mal recibida por varias comunidades, que contaban con esos recursos para 2011, precisamente Cataluña, Baleares, Valencia y Madrid, a las que se les exige un mayor esfuerzo de contención de gasto público. Pero ha sido el nuevo Gobierno catalán el que ha abanderado la protesta, hasta el punto de asegurar que no cumplirá el objetivo de déficit.

Cataluña sostiene que el Gobierno debe adelantar 1.350 millones de euros -una cifra que el Ejecutivo no ha reconocido nunca-, y que con ese dinero sería factible cumplir ese compromiso. Portavoces del Gobierno catalán han llegado a calificar al Gobierno de "moroso". Al final, el problema tendrá una solución compleja: si el Gobierno accede al adelanto deberá abonar esa cuantía a todas las comunidades que tienen derecho a ese fondo, lo que pondría en serios problemas los objetivos de déficit del Estado (con el posible castigo en los mercados). Si no lo hace, puede provocar la asfixia financiera de algunas comunidades, donde los ingresos se han desplomado y los incumplimientos, además, impedirían a las autonomías endeudarse.