Las autonomías del PP amenazan con ir al Constitucional

La negativa del Gobierno a pagar los fondos de competitividad y cooperación soliviantó ayer a todas las comunidades autónomas, pero fueron las gobernadas por el Partido Popular las que más encendidas salieron de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia y Murcia se apresuraron a anunciar que llevarán ante el Tribunal Constitucional la decisión de la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, de no proporcionar los recursos vinculados al nuevo modelo de financiación autonómica, que en el conjunto de las comunidades asciende a más de 5.500 millones de euros. A pesar de haber abanderado la denuncia por ese impago, Cataluña dijo que de momento no acudirá al alto tribunal.

A pesar de no figurar en la orden del día, las quejas por los fondos de convergencia -de cooperación para las comunidades menos desarrolladas, y de competitividad para las más dinámicas- no tardaron en salir a relucir. Según explicaron varios consejeros, Salgado los emplazó enseguida a abordar ese asunto en los ruegos y preguntas. La ministra reiteró entonces la posición de Hacienda: a su juicio, el Gobierno no debe abonar esos recursos hasta 2013, cuando realice la liquidación del ejercicio presente. Aseguró de hecho que cuenta con informes jurídicos que lo avalan. Según esas fuentes, el titular de Economía de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps, replicó que él tenía informes contrarios.

A pesar de que Cataluña ha sido la comunidad que lideró la reclamación de un anticipo del fondo -en su caso, 1.350 millones-, ayer fueron los consejeros del PP quienes anunciaron una cascada de recursos judiciales. Varios explicaron que fue el momento más tenso de la reunión, e incluso coincidieron en que Salgado les invitó a hacerlo. La ministra lo negó en la rueda de prensa posterior.

Muy duro fue Camps, que se alineó con los argumentos catalanes de las últimas semanas. "Cuando niega el pago de estos fondos, el Estado está centrifugando su déficit a las comunidades", se quejó tras la reunión. "El Gobierno ha demostrado una voluntad de deslealtad al negar los pagos de los fondos", abundó el consejero de Economía madrileño, Antonio Beteta, quien consideró que el acuerdo de financiación autonómica acordado en 2009 "está muerto".

No solo las comunidades más dinámicas discreparon de Salgado. También lo hicieron las que deben recibir los fondos de cooperación, a quienes la vicepresidenta evitó anticipar esos recursos. "Estamos disconformes con la falta de transparencia e información sobre el nuevo modelo de financiación, y reclamamos los fondos de convergencia", dijo la consejera de Economía gallega, Marta Fernández. "Sorprendentemente, Salgado nos ha dicho que no es el foro para abordarlo, que los tribunales dirimirán", explicó.

El consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, también lamentó que el Ejecutivo se mantenga "cerrado" a aportar los recursos, sin los cuales ve complicado alcanzar el objetivo de déficit del 1,3% para este año. Sin embargo, rechazó que fuera a acudir al Constitucional. "Eso significa tiempo. Preferimos mantenerlo en el ámbito político", aseguró Mas-Colell. Y no lo hará a pesar de que el PSC ayer anunció que apoyaría esa decisión.

El enfrentamiento entre PP y PSOE fue aún más evidente, si cabe, cuando se votaron los escenarios de déficit para 2014. Madrid, la Comunidad Valenciana y Galicia votaron en contra de fijar el objetivo en el 1%, al considerar que ese año España debería situarse ya en el "déficit cero". Murcia, también gobernada por el PP, se abstuvo. La mayoría de comunidades en manos de los socialistas votaron en cambio a favor de ese objetivo. A ellas se sumó Cataluña (CiU).