El Tribunal valenciano ve indicios de delito en la financiación del PP

La querella por financiación ilegal del PP presentada hace tres meses por cuatro diputados autonómicos socialistas contra el presidente valenciano, Francisco Camps, seis altos cargos de la Generalitat, cinco miembros de la trama Gürtel y cinco conocidos empresarios, contiene "hechos de posible significación delictiva". Así lo reconoce el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en un auto que hizo público ayer la Sala de lo Penal y Civil. El tribunal decide "no asumir" por ahora, "dadas las circunstancias procesales", la competencia para instruir la querella. Considera, siguiendo la opinión de la fiscalía, que el conjunto del caso Gürtel, que investiga el juez del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira, afecta a una "organización delictiva" -la que encabezaba Francisco Correa, actualmente en prisión- cuya unidad de actuación no se puede deslindar sin menoscabar la comprensión de su funcionamiento.

En consecuencia, el TSJCV, dado que no conoce las actuaciones de Pedreira por estar sometidas a secreto del sumario, se declara no competente en este momento para investigar la querella y emplaza al TSJ de Madrid a "realizar y practicar las diligencias que estime oportunas y que se enmarquen en la investigación general del supuesto complejo delictivo". El auto define como "cualificado" el informe de la Unidad Especial de Policía contra la Criminalidad Organizada sobre el que se sustenta la querella de los diputados socialistas. Éste, en esencia, señala que cinco conocidas empresas que habitualmente contratan con la Generalitat habrían pagado facturas del PP valenciano a través de la empresa Orange Market, considerada una terminal de la trama de corrupción y dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes.

Ese mismo informe policial fue ignorado por el TSJCV (presidido por Juan Luis de la Rúa) en agosto cuando le llegó en medio de la deliberación por el caso de los trajes regalados por la red Gürtel a Camps y otros tres cargos públicos. Una imputación por cohecho que la Sala archivó, pese a la opinión contraria del juez instructor, José Flors, y el voto particular del magistrado Juan Montero. El auto de ayer no registró objeciones de ningún miembro de la Sala y tuvo a José Francisco Ceres como ponente, el mismo que en el caso de los trajes. En él se pide a la fiscalía -conocedora del "ámbito, el objeto y las circunstancias" al estar personada en la investigación del juez Pedreira en Madrid- que, "en defensa de la legalidad competencial", promueva la remisión de las actuaciones al tribunal valenciano o al Supremo cuando afecten a personas aforadas.

Los argumentos fundamentales del auto, que da por buenas como pruebas las conversaciones telefónicas aportadas al sumario, y puestas en cuestión en reiteradas ocasiones por el PP, son los siguientes:

- La investigación. La "reiteración, contundencia y argumentos" expuestos en el informe policial permiten "apuntar y valorar la necesidad de una única perspectiva judicial investigadora de todos los hechos".

- Una trama. El tribunal comparte el criterio de calificar los supuestos hechos delictivos como fruto de "una trama". Eso hace difícil separar lo que ocurrió en Madrid y en Valencia.

- Unidad de la causa. Tanto la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, personada en la investigación del juez Pedreira, como el fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, han reiterado que convenía no romper la unidad de la causa.

- Aforados. La Sala no renuncia a investigar los hechos. Se queda a la espera de lo que haga el TSJ de Madrid, pero recuerda que la conclusión tendrá dos caminos: o volver a Valencia o ir al Supremo. Señala, además, algo que pasó inadvertido a los diputados que presentaron la querella: la administradora general del PP en las elecciones autonómicas de 2007 en la Comunidad Valenciana fue Cristina Ibáñez Vidal, que no ha sido querellada y no es aforada.