El PSM acusa a Gallardón de provocar un "catastrazo"

Las revisiones catastrales son obligatorias cada 10 años por ley, pero si un ayuntamiento no lo pide, puede ocurrir, de hecho ocurre, que no se aplique y que se llegue a duplicar el plazo, porque el Estado no actúa de oficio. El candidato socialista al Ayuntamiento, Jaime Lissavetzky, ha acusado al alcalde de hacer "una aplicación antisocial del IBI" y haber pedido "voluntariamente" la revisión catastral que provocará "un catastrazo, una gran subida del IBI [ Impuesto de Bienes Inmuebles ]" tras las elecciones.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa, después de que el alcalde pidiera ayer al Gobierno que modifique la Ley de Haciendas Locales para permitir aplicar bonificaciones de hasta el 50% en este impuesto para los colectivos con menos poder adquisitivo. Gallardón propuso que sea como el IRPF, que sí se aplica de forma progresiva. Además de modular el impuesto en función de la capacidad económica del propietario -que se verificaría mediante la declaración de la renta-, la propuesta madrileña contempla introducir también un tipo progresivo en función del valor del inmueble, según explicó el concejal de Hacienda, Juan Bravo, informa Elena G. Sevillano. Es decir, que pague más el que tenga una vivienda de mayor valor.

"El obstáculo no es la ley, sino la voluntad"

Para Lissavetzky, es "cuando menos hipócrita" o bien "una broma" que el alcalde lance un debate pidiendo cambiar la ley "para exculparse y culpar al Gobierno de lo que solo él es el culpable". "Para hacer una aplicación social del IBI, el obstáculo no es la ley, sino la voluntad de Gallardón. Se puede como está la ley, sin cambiar una coma", ha asegurado. Lissavetzky ha recordado que el regidor, en cuanto llegó al Ayuntamiento, "anuló las bonificaciones previstas en el artículo 74.2" de la ley, unas "bonificaciones potestativas que dependen exclusivamente de la voluntad del alcalde y que ya aplicó Álvarez del Manzano en 2002-3003 para ayudar a los colectivos desfavorecidos a hacer frente al impuesto".

Gallardón -ha continuado el candidato socialista- además de subir los tipos del IBI del 0,51% al 0,58%, lo que supone un 14% más, introdujo la tasa de basura, que Lissavetzky ha tildado de "un segundo IBI o un IBI más", ya que "todo el que paga el IBI tiene que pagar la tasa de basura, incluidos trasteros y garajes". Con la implantación de la tasa de basura, según Lissavetzky, el Consistorio ha pasado de recaudar 305,7 millones en concepto de IBI en 2002 a 1.208,8, según sus previsiones para 2011, con la tasa de basura incluida. A modo de ejemplo, ha explicado que un vecino que pagaba 89 euros de IBI por un piso de 50 metros en el centro hace ocho años, ha tenido que desembolsar en ahora 209 euros de IBI más 42 de tasa de basura.

Asimismo, ha acusado al alcalde de "nunca haber utilizado la compensación social potestativa vía gasto presupuestario, aprobando ayudas para situaciones de especial dificultad económica", para que colectivos como parados y pensionistas puedan hacer frente al pago. Varios ayuntamientos, entre los que ha citado a "Málaga, que es del PP, Hospitalet y Segovia, ya aplican vía gasto social una compensación para estos colectivos". También ha condenado que Gallardón haya solicitado la revisión catastral, que "es facultativa y no obligatoria" y ha advertido ante lo que será el "catastrazo, una gran subida del IBI por una revisión catastral que el alcalde ha solicitado voluntariamente, que no es automática, y que muchos municipios no la han solicitado". Lissavetzky se ha comprometido, si gana las elecciones, a establecer compensaciones automáticas al pago del IBI para colectivos desfavorecidos y a aplicar las bonificaciones previstas en la ley, además de eliminar la Tasa de Basuras.

Actualmente el IBI prevé algunas exenciones, pero que no tienen nada que ver con la renta de los propietarios. Las viviendas pertenecientes al patrimonio histórico-artístico de la ciudad no pagan. Es el caso, por ejemplo, de los inmuebles ubicados dentro del Conjunto Histórico del Recinto de la Villa de Madrid, catalogados como objeto de protección integral o singular y con antigüedad superior a 50 años. Los dos millones de viviendas, garajes, trasteros y locales de Madrid capital tienen que actualizar su valor el año que viene, lo que en prácticamente todos significará un aumento que podría oscilar entre el 20% y el 100%. El valor catastral equivale a la mitad del valor de mercado de un inmueble.