"Le llevé 1.000 millones de pesetas por adjudicaciones de la época de Cascos"

La investigación sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, el hombre que durante diez años montó los actos del PP bajo mandato de José María Aznar, ha dejado al descubierto algunas maniobras que han levantado múltiples sospechas sobre una supuesta financiación ilegal del PP a través de los jefes de la red empresarial encarcelados por el juez Baltasar Garzón.

Correa, en las reuniones que mantenía con sus colaboradores, citaba algún pago directo al PP a cambio de adjudicaciones de contratos. En las grabaciones de conversaciones privadas de Correa aportadas al sumario hay al menos dos referencias a la supuesta financiación ilegal del partido. Una de ellas afecta directamente al PP de la Comunidad de Madrid, cuando Correa se refiere a prácticas supuestamente ilegales del diputado popular Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes y hombre de confianza de Esperanza Aguirre al menos desde 2004. El jefe de la trama corrupta asegura que López Viejo imputa gastos de actos del PP a las consejerías del Gobierno regional. El Ejecutivo de Aguirre adjudicó trabajos a la red de Correa por casi ocho millones de euros en cuatro años.

La segunda cita sobre financiación ilegal se refiere al PP que gobierna Mariano Rajoy y cita expresamente al tesorero nacional del partido y senador, Luis Bárcenas. "Ya te he dicho que yo le he llevado a Bárcenas, a su casa y a Génova, 1.000 millones de pesetas por adjudicaciones de obras de la época de [Francisco Álvarez] Cascos", señala Correa en una de las grabaciones que investiga desde hace año y medio la Fiscalía Anticorrupción.

La "época" de Cascos, que fue secretario general del PP cuando Correa hacía sus primeros trabajos para el partido, va de 2000 a 2004, cuando desempeñó el cargo de ministro de Fomento en el Gobierno de Aznar. En aquella etapa, AENA, dependiente de Fomento, adjudicó la inmensa mayoría de montajes para ferias en España y en el extranjero a la red de empresas de Correa, a razón de entre 30.000 y 300.000 euros por encargo.

En cuatro años, la trama corrupta se llevó cerca de cinco millones de euros en decenas de contratos adjudicados a distintas empresas de la red: Special Events, TCM y otras.

Álvarez-Cascos explicó a EL PAÍS la semana pasada que no tuvo "nada que ver" con ningún contrato entre las empresas de Correa y AENA. "Si se cometió alguna irregularidad, lo que a mí desde luego no me consta, se hizo sin mi consentimiento. Pero también hay que tener en cuenta que el señor Correa tenía una reputación como proveedor en el año 2000 que ahora evidentemente no tiene. Mucha gente contrataba con él de buena fe. En cualquier caso y aunque me extrañaría que hubiera irregularidades, si las hubo yo no tuve nada que ver con esos contratos. Ni siquiera me enteré de ellos en su día porque eran temas como organizar la participación de AENA en algunas ferias internacionales".

Con el PSOE, también

La red de sociedades que dirigía Correa echó raíces sólidas en AENA y sus contratos de ferias. Hasta el punto de que logró mantener algunos de ellos tras la salida de Álvarez-Cascos del ministerio y durante los primeros tiempos del nuevo Gobierno socialista, aunque en cantidades muy inferiores.

Rajoy ha rechazado cualquier relación del PP nacional con la trama corrupta que supusiera financiación ilegal. De hecho, recalcó que la investigación de Garzón no se podía comparar con el caso Filesa de financiación ilegal que afectó al PSOE. Rajoy ha explicado que a partir de su llegada a la presidencia del partido, cortó las relaciones con la red empresarial de Correa al descubrir que iban por los pueblos del noroeste de Madrid alardeando de sus especiales relaciones con el PP para obtener contratos.

La trama corrupta desmantelada por el juez Garzón hizo algunas operaciones urbanísticas y logró algunos contratos importantes en municipios de esta zona, como Boadilla del Monte y Majadahonda, gobernados por el PP. Ex alcaldes de estas dos localidades, Arturo González Panero y Guillermo Ortega, respectivamente, figuran como imputados en la causa abierta en la Audiencia Nacional por Garzón.