Camps y su equipo enriquecieron a la trama Gürtel con contratos irregulares por 16 millones

La trama Gürtel logró en sus cuatro años de existencia en la Comunidad Valenciana, coincidentes con el mandato del presidente Francisco Camps, más de 16 millones de euros en contratos adjudicados por el Gobierno autónomo o por el PP valenciano de manera fraudulenta, bien porque se amañó la concesión para favorecer a la red corrupta o bien porque no se declaró a Hacienda el servicio contratado con las empresas de Francisco Correa, según la investigación judicial.

Los partidarios de Camps sostienen que el presidente no se vendió a la trama corrupta por cinco americanas, cinco trajes y dos pares de zapatos, las prendas que, según el sumario, le regaló Orange Market, la empresa de la red Gürtel que dirigía en Valencia Álvaro Pérez, el Bigotes. La relación de Camps con Álvaro Pérez, contratista de la Comunidad Valenciana, le llevó, según los indicios confirmados por el Supremo, a incurrir supuestamente en un delito de cohecho impropio.

La trama regaló hasta 1.800 euros en juguetes a los hijos del presidente Betoret adjudicó a

El Bigotes Fitur, el mayor contrato de la trama en Valencia

La investigación ha destapado contratos irregulares en 17 departamentos

El montante ascendió a siete millones de euros en cuatro años

El PP valenciano ocultó a Hacienda al menos 2,5 millones

Cuatro contratistas urdieron estrategias para financiar actos del partido

A las dádivas a medida que Camps lució varios años, regalos de El Bigotes entre 2006 y 2007 -los ejercicios del mayor florecimiento del negocio de la red Gürtel en la Comunidad Valenciana, según la Agencia Tributaria- se añadieron otros agasajos, siempre por Navidad, a diferencia de los trajes, que incluían juguetes para sus hijos por valor de hasta 1.800 euros, según la investigación judicial.

El Bigotes extendió la práctica de los regalos a otros hombres fuertes del Gobierno valenciano -vicepresidentes, fundamentalmente- a los que enviaba presentes para ellos, sus esposas y sus hijos, según acreditan algunas de las conversaciones grabadas por orden judicial y la documentación incautada en la sede de Orange Market.

Álvaro Pérez sólo fue generoso cuando su empresa empezó a facturar con la Administración valenciana, nunca lo hizo antes. Entre los beneficiados por su generosidad estaba Rafael Betoret, un cargo aparentemente menor -fue jefe de gabinete de la consejera de Turismo y vicepresidente de la comisión ejecutiva de la Agencia Valenciana de Turismo- pero que ocupaba un puesto estratégico mayor para los intereses de la trama corrupta.

Betoret fue de los más favorecidos por las visitas a Milano y Forever Young, las dos tiendas de ropa donde compraba los regalos la trama corrupta. Se llevó 11 trajes, cinco americanas, un abrigo, un chaqué y un pantalón, según el sumario. El Bigotes eligió bien donde gastaba el dinero porque la Agencia Valenciana de Turismo, de la que Betoret era alto cargo, le adjudicó durante cuatro años consecutivos el mayor contrato (más de cinco millones en ese periodo por el montaje de un pabellón en la feria Fitur) del que disfrutó la trama en Valencia. El Tribunal de Cuentas destacó en varios informes las irregularidades detectadas en la adjudicación de esos contratos, aunque no hizo nada.

Betoret intentó explicarle al juez que El Bigotes no le regaló nada, que sólo le prestó el dinero para comprarse todo ese vestuario y él se lo devolvió en cómodos plazos de 500 euros cada cierto tiempo. El juez no creyó esta versión de los hechos.

Milagrosa Martínez, ahora presidenta de las Cortes Valencianas y consejera de Turismo en tiempos del despegue de Orange Market, recibió un reloj de 2.400 euros regalado por la trama. El tiempo jugó a favor de Martínez para evitar un proceso judicial como el que afecta a Camps. La Fiscalía, según el escrito que consta en el sumario, entendió que Milagrosa Martínez podía ser autora de un delito de cohecho impropio pero había prescrito.

La investigación judicial de las andanzas de la trama Gürtel por la Comunidad Valenciana ha destapado la adjudicación irregular de contratos en 17 departamentos del Gobierno por más de siete millones de euros en cuatro años.

Orange Market logró su primer contrato con el Gobierno valenciano, en noviembre de 2004, gracias a "su experiencia en trabajos similares", aunque nunca antes había hecho ese tipo de tareas pues la empresa apenas tenía un año de antigüedad y, según la Agencia Tributaria, no había contratado nunca con la comunidad autónoma. El trabajo en cuestión era un vídeo para concienciar a los valencianos del uso del contenedor amarillo, pero nunca lo hizo. Sólo terminó un guión por el que cobró la mitad de los 120.000 euros asignados en el contrato. El entonces consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, responsable de Vaersa, la empresa que encargó el vídeo, aseguró que este contrato cumplía escrupulosamente con las normas.

La investigación también ha concluido que otros siete millones de euros gastados por el canal autonómico valenciano de televisión para contratar a Teconsa, una constructora leonesa amiga de los corruptos, era anómalo. Al frente de la televisión autonómica estaba un hombre de confianza de Camps e íntimo amigo de los jefes de la trama llamado Pedro García, que dimitió hace seis meses y que aparecía en muchos tejemanejes sospechosos de corrupción de la Comunidad Valenciana.

El trabajo de jueces, fiscales y policías también descubrió que al menos 2,5 millones de euros fueron ocultados a Hacienda por el PP valenciano. Se trataba de trabajos hechos por la empresa de El Bigotes y pagados por el PP con supuestos fondos opacos.

En el trasiego de fondos para los gastos del PP valenciano intervinieron, según la investigación judicial -basada en la documentación incautada en Orange Market y en las conversaciones grabadas a los jefes de la trama corrupta- cualificados dirigentes de la formación política. La tesorera del partido, el vicesecretario general y el secretario general junto al vicepresidente autonómico, Vicente Rambla, y el propio presidente, Francisco Camps, estaban, según las conversaciones intervenidas, al tanto de los enjuagues de Orange Market. Cuatro grandes empresas, todas ellas importantes contratistas de la Administración valenciana, participaban de los amaños para la financiación de los actos del PP de Francisco Camps.

La investigación judicial ha recabado pruebas de la existencia de prácticas corruptas en la Comunidad Valenciana que afectan al presidente Camps, a su vicepresidente Vicente Rambla, a su ex vicepresidente, Víctor Campos; a su ex director de la televisión pública valenciana, Pedro García; a su presidenta de las Cortes Valencianas y ex consejera de Turismo, Milagrosa Martínez; a su ex secretario general del PP y ex portavoz parlamentario, Ricardo Costa; a su vicesecretario general del PP valenciano, David Serra; a su tesorera del partido, Yolanda García Santos, y a la mayoría de sus consejeros. De todos, sólo ha dejado sus cargos Ricardo Costa.