La incertidumbre política y fiscal en Grecia golpea los mercados

Crisis política: el primer ministro griego, Yorgos Papandreu, propone ya un Gobierno de unidad nacional y se ve obligado a poner su cargo a disposición del Parlamento. Crisis social: la enésima huelga general de los últimos meses acaba con graves altercados, y con la sospecha de que las cosas empiezan a estar fuera de control. Y la eterna crisis económica y fiscal: Grecia está al borde de una reestructuración de su deuda que raya la suspensión de pagos sin que Europa sea capaz de alcanzar el más mínimo acuerdo. Toda esa incertidumbre se dejó notar ayer en los mercados. Las primas de riesgo de los países periféricos sufrieron, el euro bajó con fuerza y las Bolsas cayeron, muy en especial en el caso de los bancos: al final, el rescate a Grecia no deja de ser un rescate al sector financiero.

Merkel y Sarkozy se reúnen en Berlín para intentar pactar una postura común

El segundo plan de rescate sigue en el alero por la falta de acuerdo en la UE

El ineludible contagio no faltó: el riesgo país de España escaló hasta su máximo en 2011 (260 puntos básicos): España paga ya en intereses de su deuda el doble que Alemania, el país considerado más seguro y el que, paradójicamente, ha abierto -una vez más- la caja de los truenos.

El incendio avanza pero Europa sigue a su ritmo. Los ministros de Finanzas de la zona euro se reunirán el domingo en Luxemburgo para cerrar la entrega de 12.000 millones de euros a Grecia en julio, y quizá otros 6.000 más en agosto, conforme a lo previsto en el calendario de socorro a Atenas pactado hace un año entre Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional. Las dudas fundadas sobre la liberación de esas cantidades suscitadas anoche en Bruselas deberían quedar disipadas en la reunión de mañana en Berlín entre la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy.

Dentro del desacuerdo general de esa reunión extraordinaria de los ministros sobre las grandes líneas de actuación a medio y largo plazo ante la crisis griega, lo único que quedó claro es que hay que evitar el hundimiento heleno. Pero nadie sabe cómo: "Los 12.000 millones y los 6.000 millones no son problemáticos", comentaba ayer una fuente diplomática. Con esas cantidades (correspondientes al quinto y a un adelanto del sexto de los pagos comprometidos), Grecia puede llegar al otoño. Así se ganaría un tiempo precioso para seguir discutiendo los términos del segundo y nuevo plan de rescate imperativo tras haber quedado claro que los 110.000 millones del primero son insuficientes para sacar al país del marasmo.

Pero ese segundo plan está en el alero. La palabra caos resume la evolución de los acontecimientos, en los que los pactos alcanzados un día son cuestionados al siguiente. No obstante esta volatilidad, el Gobierno alemán y el BCE volvieron a reiterar ayer sus respectivas posiciones sobre los términos de la participación del sector privado (bancos, fondos de inversión y de pensiones) en el segundo rescate: Berlín insiste en que la intervención ha de ser obligatoria; el BCE y el resto de Europa, voluntaria. Francia se alinea con el BCE y de ahí "lo crucial de la reunión de Berlín", según una fuente europea, entre Merkel y Sarkozy para encontrar un punto de equilibrio.

Si imponer la obligatoriedad al sector privado se puede interpretar por los mercados como una quiebra disfrazada (si se les obliga es porque no quieren ir voluntariamente, y si no quieren ir voluntariamente es porque no creen en la solvencia griega) y la consiguiente reacción de pánico financiero, la opción suave de una participación voluntaria no garantiza mejores respuestas. La agencia de crédito Fitch adelantó ayer que tal salida conllevaría una nueva degradación de la deuda griega, "reflejo de un inminente hecho relevante de quiebra".

"Parece que en Bruselas estén más preocupados por lo que piensan del rescate griego Finlandia, Holanda y Alemania, y en cambio nadie les haya preguntado a los griegos. De ahí la tensión creciente en las calles: nadie en Atenas quiere un protectorado europeo", señaló José Carlos Díez, de Intermoney. Todos los eslabones débiles sufrieron ayer con el nuevo capítulo de la crisis griega: el riesgo país subió con fuerza en Atenas, pero también en Dublín, Madrid -en vísperas de una subasta importante de deuda española- y Roma. Lisboa se libró esta vez. Las Bolsas del continente cayeron entre el 1% y el 2%, y el euro se despeñó desde los 1,44 dólares por unidad a los 1,41.

La inflexibilidad de Alemania y la incapacidad de las instituciones europeas para lograr un acuerdo ponen a la Unión ante la peor de las alternativas: gana fuerza la tesis de que ni siquiera la convocatoria de un Ecofin urgente el fin de semana -mala señal: en los últimos cuatro años de crisis, cada vez que la situación se puso desesperada se convocó una cumbre en domingo- conseguirá que el rescate de Grecia se apruebe antes de julio. El execonomista jefe del FMI, Raghuram Rajan, resumió la encrucijada europea: "Una reestructuración en Grecia es ya más que probable. Si ocurre sin que los bancos y los mercados estén preparados y si se precipita por una ruptura del diálogo europeo, habrá contagio hacia otros países. Lo único bueno de un proceso tan largo como este es que al menos ha dado tiempo de sobra al sector financiero para estar listo", aseguró a Bloomberg.

Ese miedo al contagio es lo que más preocupa en España. La vicepresidenta económica Elena Salgado comparecía ayer para hablar de las ayudas para rehabilitar viviendas, pero la mayoría de preguntas fueron en otra dirección: las desavenencias entre los líderes europeos que la noche anterior habían impedido cerrar un pacto que salvar a Grecia del abismo. "El Eurogrupo de ayer era informal, no le correspondía tomar ninguna decisión. En la próxima reunión ya tendremos resultados a muy corto plazo para que Grecia disponga fondos con los que hacer frente a los pagos durante julio y agosto", aseguró, tras mostrarse partidaria de una reestructuración voluntaria en la que participe el sector privado. Más claro fue el presidente de la patronal bancaria, Manuel Martín: la factura la deben pagar "los inversores, pero no los contribuyentes, que no tienen culpa de lo que ha ocurrido", informa Íñigo de Barrón.