Habrá fórmulas "imaginativas" para pagar a los proveedores

De la limpieza a la jardinería, pasando por la recogida de basuras, las empresas que prestan sus servicios a los Ayuntamientos son el eslabón final que paga el pato de una larga cadena de retrasos por parte de los Ayuntamientos. Solo en servicios de limpieza pública, la deuda superaba la pasada primavera los 3.400 millones de euros, según la patronal Aselip, que integra a filiales especializadas de grupos como ACS, FCC, Sacyr o Ferrovial. En cuanto a la antigüedad de las facturas, los cálculos del sector cifran en 1.052 millones la deuda de los municipios que está pendiente de cobro desde hace más de un año. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) afirma que no tiene "datos reales" y se remite a los de las empresas.

Las empresas de limpieza pública dicen que se les debe 3.400 millones

"Habrá que pagar a las empresas o a los trabajadores", avisa un alcalde

"A finales de este año, habrá que elegir entre pagar a los proveedores o pagar a los trabajadores del Consistorio", augura, muy pesimista, Salvador Esteve, alcalde de Martorell (CiU) y actual presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), que, animado por las conclusiones de un dictamen encargado al bufete Roca Junyent, busca ahora la complicidad de los cerca de 1.100 municipios españoles mínimos que necesita para llevar al Constitucional el real decreto que cortó las alas al endeudamiento de los entes locales a partir de 2011, que ahora tiene visos de flexibilizarse.

Fuentes de la FEMP aseguran que en la reunión de ayer con la vicepresidenta Elena Salgado se pactó con los municipios "abrir una vía de diálogo para buscar fórmulas imaginativas, pero factibles, que faciliten el pago a las empresas proveedoras".

De hecho, la nueva Ley de la Morosidad que se aprobó el pasado verano se suponía que iba a poner sobre la mesa una ayudita. A la ley -que reduce a 30 días, en un plazo gradual que culminará en 2013, el pago a estas empresas de servicios por parte de las Administraciones públicas- se le añadió una enmienda que instaba al Gobierno de Zapatero a abrir una línea del Instituto del Crédito Oficial (ICO) para ayudar a los Consistorios a pagar a sus proveedores. Por ahora, los Ayuntamientos no han oído hablar más de dicha línea de financiación.

Para pagar con puntualidad, los municipios reclaman que, en primer lugar, las Administraciones superiores con las que tienen conciertos o de las que esperan pagos les paguen a tiempo a ellos. Preguntado al respecto, Esteve pone como ejemplo los convenios de servicios sociales con la Generalitat (de Cataluña), que llevan "en algunos casos medio año o hasta un año de retraso".

Cuando un alcalde sufre problemas de tesorería llama a la puerta de la banca y solicita pólizas para pagar a proveedores, pero estas pólizas deben estar liquidadas a finales de año. La menor recaudación en impuestos por parte del Estado respecto de las previsiones complican aún más el panorama, ya que los Ayuntamientos deben devolver parte del dinero de más que en su momento recibieron a cuenta del Estado, que se estiman en total en 1.500 millones (2008) y en más de 4.500 millones (2009).

El goteo de problemas de los proveedores es constante. Urbaser, filial del grupo ACS, anunció en agosto que el próximo enero puede abandonar la concesión de recogida de basura y limpieza en Jerez de la Frontera si el Ayuntamiento de la localidad no le paga, que ha llegado a plantear una regulación de empleo visto lo exiguo de sus arcas públicas. La misma empresa también acusa el retraso de pagos del Ayuntamiento de Arganda del Rey, aunque, según Aselip, la empresa más afectada por la morosidad es FCC. La deuda de Parla, Alcalá de Henares, Puerto de Santa María, León o Jaén supera los 50 millones de euros.

"Sufrimos mucho para pagar, pero las empresas saben que aunque sea tarde, normalmente, acaban cobrando; no puede hablarse de casos aislados como de algo generalizado", señalan en la Federación Española de Municipios.