Grecia aprueba una nueva subida fiscal a la desesperada para evitar la quiebra

En las calles de las grandes ciudades griegas hay cada vez más malestar. En Europa y en Washington, más y más dudas sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit de Grecia, sobre si hay que seguir prestando ayuda y, en definitiva, sobre las posibilidades de Atenas de evitar la bancarrota. En medio de una recesión profunda y de una tensión social y financiera que amenaza derribo, el Gobierno socialista de Yorgos Papandreu anunció ayer el enésimo paquete de medidas, prácticamente a la desesperada, para tratar de evitar a toda costa la quiebra. Más de lo mismo: subida de impuestos y recorte del gasto para tratar de ingresar 2.000 millones en sus maltrechas arcas públicas.

Papandreu presidió una reunión extraordinaria de la que salió con un nuevo impuesto para todos los dueños de cualquier propiedad inmobiliaria, que se aplicará este año y el próximo. La Hacienda helénica cobrará a los propietarios (a través de las facturas de la luz) una media de cuatro euros por metro cuadrado, en una amplia horquilla que va desde el medio euro en las zonas más pobres a los 10 euros por metro cuadrado en las más pudientes del país. Además, los políticos y altos funcionarios se verán obligados a renunciar a una paga mensual: esas dos medidas suman los citados 2.000 millones, que permitirán -en principio- solventar parte del agujero en las cuentas públicas. Atenas trata así de salvaguardar el nuevo tramo de las ayudas de la UE y del FMI, imprescindible para seguir pagando las facturas. "Hay que hacer un esfuerzo nacional", dijo el ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, en Salónica. Papandreu participó también de esa versión griega del churchilliano sangre, sudor y lágrimas y llamó a sus conciudadanos a "hacer lo que sea necesario para poner otra vez en pie el país".

Bruselas dice que estas medidas "son un avance para cumplir objetivos"

Las reacciones de Bruselas no tardaron. El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, dijo en un comunicado: "Las decisiones de Atenas suponen un avance para cumplir los objetivos fiscales". Alemania mantiene las espadas en alto. Berlín prepara un plan de recapitalización de sus bancos por si Grecia suspende pagos, y ayer el ministro de Economía, Philipp Roesler, echó más leña al fuego al considerar que un impago ordenado de Grecia "no debe ser tabú". El FMI ha convocado una reunión para el miércoles ante las dudas acerca de las posibilidades de que Grecia cumpla con lo prometido.

El divorcio entre Atenas y la Troika (los enviados del FMI, la Comisión Europea y el BCE) se hizo patente hace unos días, cuando el Gobierno helénico se plantó y amagó con incumplir los acuerdos suscritos en la cumbre del pasado julio, que daba más dinero a Grecia a cambio de un ajuste aún más duro. Rehn también quitó ayer hierro en esta cuestión. "Una vez que Grecia cumpla las condiciones, espero que la revisión de la Troika pueda terminar a finales de septiembre", dijo. Ante la recesión galopante, en los mercados se llegó a dar por hecha la suspensión de pagos. Pero Atenas ha dado marcha atrás.

"Grecia ha dado su brazo a torcer y ha atendido las demandas del FMI y de sus socios: más ajustes si quiere seguir recibiendo fondos. Así ha sido siempre con los programas del FMI. Sin ese dinero, Atenas estaría condenada al impago y podría provocar un accidente en la zona euro", explicó en Washington Ángel Ubide, del Peterson Institute.

"La batalla por poner en marcha el ajuste pactado en julio [con fuertes recortes y un exigente calendario de privatizaciones] es ahora lo más importante", dijo Papandreu, cuyo Gobierno podría gravar los depósitos de los griegos en Suiza, tras una huida de capitales que ha dejado muy tocados a sus bancos. Mientras, las protestas en la calle suben de tono por el ajuste. "Grecia atraviesa la peor crisis desde la II Guerra Mundial, y las condiciones impuestas por el FMI y la UE, que han profundizado aún más la recesión, alientan un estallido social sin precedentes", vaticinó el economista Costas Lapavitsas.