El Gobierno pretende elevar a 58 años la edad mínima para prejubilarse

El acceso a la pensión se endurecerá antes aun de que el sistema entre en números rojos. El Gobierno ha optado, inesperadamente, por una reforma dura que modifica elementos esenciales del sistema de prestaciones públicas. Tras constatar que los incentivos a la prolongación de la vida laboral introducidos en 2007 no han dado gran resultado, el Ejecutivo ha convertido en obligatorio lo que entonces dejó a voluntad del trabajador: el retraso en la edad de retiro.

El texto remitido a los agentes sociales, adelantado por ELPAIS.com, desbroza en 46 páginas los planteamientos del Gobierno. La mayoría están expresados de forma bastante ambigua, y a veces farragosa. El más claro es el alargamiento de la vida laboral.

Se suprime la viudedad vitalicia para convivencias cortas sin hijos

El texto sugiere aumentar el plazo mínimo para cobrar una prestación

- Más años activos. Convencido de que el envejecimiento de la población requiere "una actuación más decidida" que las emprendidas hasta ahora, el Ejecutivo aboga por desplazar a 67 años la edad legal de jubilación. El aumento comenzará en 2013, a un ritmo de dos meses por año, de forma que los 67 completos se alcanzarán en 2025. Esos plazos no figuran en el documento, pero fueron aclarados ayer por la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado.

Existirá, al menos durante un tiempo, la posibilidad de jubilarse a los 65. Pero no saldrá gratis. Se permitirá "siempre que los costes sean asumidos por el beneficiario", es decir, con una penalización en la prestación similar a la que tienen ahora quienes se jubilan antes de tiempo.

- Freno a las prejubilaciones. Como complemento necesario a lo anterior, se intenta frenar las salidas forzosas del mercado laboral antes de los 65 años. El objetivo es que ya no se puedan hacer prejubilaciones a partir de los 52 años, como hasta ahora (la empresa sigue cotizando por el trabajador hasta que éste llega a la edad de jubilación), sino que ese nivel "debe incrementarse paulatinamente y universalizarse de inmediato". Al final, el mínimo debería situarse en 58 años, según explica un dirigente del Gobierno.

Además, se limitarán las reducciones de plantilla "en las empresas con beneficios" y se cargará a las compañías con parte del sobrecoste que genera la exclusión prematura del mercado laboral. En la misma línea, se eliminará "el uso indebido del despido como forma de acceso a la jubilación anticipada", una práctica de dudosa legalidad pero muy extendida consistente en despedir al trabajador, que agota el tiempo máximo de la prestación de paro hasta que se jubila.

- Viudedad y orfandad. La reforma, "menos ambiciosa" que en otros países, plantea eliminar la pensión vitalicia de viudedad en los casos de convivencias cortas sin hijos. Para esos supuestos, el documento propone una indemnización o una prestación temporal. Se considera "trasnochado" el concepto tradicional de "muerte del sostén de la familia" y se constata que la pensión de viudedad es compatible con todo tipo de rentas, pero, a la hora de los cambios, sólo se menciona la necesidad de mejorar "las situaciones más vulnerables".

En orfandad, el planteamiento es de mejora: asignar una prestación fija con independencia de las situaciones familiares que ahora pueden mermar la cuantía como, por ejemplo, el número de beneficiarios (la prestación actualmente está vinculada a la de viudedad y la existencia de otros huérfanos).

- Cálculo de la pensión. El periodo laboral que se toma como referencia para calcular la pensión (ahora, los 15 últimos años) debe evolucionar hacia una fórmula que evite "penalizar a los trabajadores despedidos al final de su vida laboral". Con este eufemismo, el Ejecutivo plantea aumentar ese periodo por encima de los 15 años, una medida que, en general, supone una rebaja de la pensión media, pues los últimos años de vida laboral suelen ser los de mejor salario. El texto rechaza una alternativa propuesta por los sindicatos y algunos expertos cuando se menciona esa posibilidad: una especie de cotización a la carta en la que el trabajador elija los años que computan para la pensión. Se descarta porque "cada cotizante escogerá los procedimientos más beneficiosos y el sistema soportará los costes de la planificación sin ganar en equidad real".

- Acceso al sistema. El Ejecutivo estudia también modificar el mínimo exigible para cobrar una pensión. En la práctica son 15 años cotizados, aunque para percibir el máximo se requieren 35.

- Autónomos. El Gobierno pretende desterrar la planificación de la pensión que pueden realizar fundamentalmente los autónomos al elegir la base sobre la que pagan a la Seguridad Social. De esa forma, aportan cantidades más modestas en buena parte de su vida laboral para elevarlas en los 15 últimos años y cobrar el máximo. Aunque no especifica cómo, el documento aboga por "limitar" esa práctica.

- Plan de pensiones y salario. Con el fin de incentivar la prolongación de la vida laboral, se recomienda permitir cobrar el plan de pensiones privado antes de la jubilación.